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Nuevo revés para la defensa de David Serrano, propietario de la finca de Totalán en la que murió el Julen tras precipitarse por un pozo y único investigado, por un supuesto delito de homicidio por imprudencia, en la causa abierta por el fallecimiento del ... menor. En concreto, la jueza que instruye el caso ha vuelto a tumbar los argumentos esgrimidos por la defensa de Serrano para solicitar nuevas pruebas, como era el careo entre su representado y el padre del pequeño, José Roselló.
Es la respuesta de la magistrada al recurso presentado por el despacho de abogados Lawbird Legal Services, que representa a Serrano, contra su primera resolución en la que ya denegó que se practicara el careo. La jueza explica que este tiene un carácter excepcional y se remite al escrito anterior, en el que aseguró, entre otros aspectos, que las nuevas pruebas solicitadas por los letrados no eran pertinentes ni necesarias.
Desde el despacho de abogados Lawbird Legal Services consideraron que el careo era necesario para aclarar las diferencias que dicen que se aprecian en los testimonios presentados por ambos tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial. El director del bufete, Antonio Flores, expuso entre otros aspectos que no quedaba claro si Serrano informó de que tuvieran cuidado con los pozos que había en la finca al llegar o pasada media hora, manifestando incluso que el padre de Julen corroboró que su cliente había tapado la prospección con bloques de hormigón.
En el primer auto, la jueza insistió en que el careo entre estas dos personas no es necesario. Al respecto, se explicó que las contradicciones a las que alude la defensa de Serrano son meras diferencias que pueden darse en todo procedimiento entre las versiones que ofrece un investigado y un perjudicado. «En toda investigación es frecuente y habitual que surjan distintas versiones y que estas sean opuestas y contradictorias. Sin embargo, ello no supone que se deba practicar un careo», añadió.
Por otro lado, desde el despacho también solicitaron a la jueza que se requiera al pocero para que presente el plan de seguridad y salud de las obras. Al respecto, Flores insistió en que es una cuestión «muy importante» en cuanto a los trabajos desarrollados en el pozo y a la posible responsabilidad del pocero, sobre el que vienen manteniendo que debería recaer la responsabilidad penal de este caso si existiese. Los abogados aseguraban que el profesional dijo que lo tenía y se ofreció a presentarlo en sede judicial, algo que defienden que aún no ha hecho.
Al respecto, la jueza indica que las irregularidades que se hubieran podido cometer en las tareas de ejecución de los pozos ya han sido puestas en conocimiento de la administración competente desde el inicio de las actuaciones. Además, añade que el citado plan no aportaría ningún elemento de utilidad razonable a la valoración de la conducta del investigado.
De esta manera, la magistrada vuelve a denegar las pruebas solicitadas por la defensa de Serrano. Ahora será la Audiencia Provincial de Málaga la que tendrá que decidir sobre la necesidad de practicar estas cuestiones, si la parte recurre la decisión de la jueza.
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