Ni los turistas son bárbaros, ni el turismo una barbaridad

Hoy día sigue siendo fundamental, ya que el peso del sector en el PIB se eleva ya hasta el 12,8%, con una actividad económica que supera los 186.000 millones de euros. Esto no es para tomárselo a la ligera. Todos los focos se han puesto en contra de las viviendas turísticas (no hay que olvidar el dinero que recauda el Estado vía IRPF del rendimiento de estos inmuebles, que ayuda a pagar, entre otras cosas, muchas ayudas sociales), como si fueran la causa de todos los males para los ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda a un precio asequible. Craso error. ¿Alguien cree que si se prohíben estos alojamientos que están generalmente en el Centro van a salir al mercado por 600 euros al mes? ¿De verdad se lo creen? Hay que ser muy cándido para ello, sobre todo, cuando en Málaga cada vez viene a trabajar más gente con pasta atraídos por el sector tecnológico que tanto le gusta al alcalde y que sin duda está provocando el alza en el precio de los alquileres. Apostar por eliminar las viviendas turísticas, como sostiene el profesor universitario convocante de la manifestación celebrada ayer en Málaga, es una de las medidas menos sociales que existen, porque condenaría a miles de personas a no poder viajar por motivos económicos. Sólo podrían viajar los más pudientes, los que pudieran alojarse en los hoteles, que obviamente subirían los precios. Aunque algunos no se enteren, estamos en una economía de libre mercado, donde manda la oferta y la demanda. Es como si se prohibieran los vuelos en las compañías 'low cost' para evitar, por ejemplo, las emisiones de CO2. ¿A qué nadie se plantea esto? Muchos de los que se manifestaron ayer son usuarios de este tipo de viviendas. Seguramente serán fervientes seguidores de la ley del embudo. Ya saben, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás.

Es cierto que hay ciudadanos que tienen problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de propiedad como de alquiler. Pero el foco no se puede poner en el turismo, una actividad económica imprescindible que no se puede ni se debe demonizar. El problema lo tienen que solventar las administraciones. El problema es que la burocracia ralentice la iniciativa privada para levantar pisos. Hay suelo de sobra tanto en la capital como en el área metropolitana. El problema es que los ayuntamientos, la Junta y el Gobierno hayan estado mirando para otro lado durante años sin impulsar viviendas de VPO, como reconoció esta semana el presidente de la Diputación, Francis Salado. La solución está clara. No hay que cegarse con los focos que ponen los verdaderos responsables de causar y de poder acabar con el problema del acceso a la vivienda. El juego de seguir la bolita es muy antiguo... ¡Cuidado!