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Pocos proyectos acumulan tanto retraso en Málaga capital como la implantación de la videovigilancia en los principales polígonos industriales. Una década después de que arrancaran los trámites para dar cumplimiento a la histórica demanda de los empresarios para poner coto a los robos y los ... problemas derivados de la prostitución callejera, la puesta en marcha de las primeras cámaras de seguridad sigue sin fecha. Los nuevos plazos apuntan ahora a mediados de año, a pesar de que hace diez meses que el Ayuntamiento contrató por 280.640 euros la compra e instalación de 29 equipos para controlar las zonas más conflictivas de los polígonos Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara. Estos son los únicos que de momento están autorizados por la Comisión de Garantías del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Delegación del Gobierno central en Andalucía, que son los órganos que deben supervisar el proyecto para garantizar que la captación de imágenes no viola el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
En principio, estaba previsto que los trabajos concluyeran el pasado junio, pero con lo que no contaba la empresa adjudicataria es con los continuos problemas que se iba a encontrar sobre el terreno a la hora de meter el cableado porque el proyecto que se redactó hace años (otra empresa) no coincide con la realidad física actual. A modo de ejemplo, hay arquetas ‘pintadas’ en los planos que no existen o acometidas donde teóricamente debían conectarse los equipos en las que a día de hoy es imposible introducir un cable más o están en mal estado, e incluso suelos que teóricamente eran municipales en donde se iba a poner un poste y que resultan pertenecer al Ministerio de Fomento. Algunos dispositivos están ya montados, pero fuera de servicio ya que esta sucesión de imprevistos está obligando al Ayuntamiento a ejecutar nuevas obras, con la demora que ello conlleva.
«Nos dicen que en unos seis meses puede estar todo listo, pero con todos los obstáculos con los que nos estamos encontrando no nos fiamos de nada hasta que no veamos las cámaras funcionando», apunta el presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, quien considera «un disparate» que una década después aún no sea una realidad la videovigilancia.
2008 A petición de los empresarios, el Ayuntamiento elaboró el primer anteproyecto para implantar la videovigilancia en los polígonos industriales.
2009 El Ayuntamiento sacó a concurso la redacción del proyecto para dotar de cámaras a los parques empresariales. La licitación quedó desierta y, en una nueva convocatoria, llegó a adjudicarse en 2011.
2012 El Ayuntamiento solicitó ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía la implantación de la videovigilancia.
2013 La Comisión de Garantías del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Delegación del Gobierno autorizaron en octubre la instalación de cámaras únicamente en tres de los polígonos solicitados (Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara). El Ayuntamiento presentó un recurso de reposición para que se extendiera a los otros nueve propuestos, pero fue desestimado.
2015 El Ayuntamiento volvió a solicitar a la Delegación del Gobierno en Andalucía la instalación de videocámaras en esos nueve parques empresariales (Alameda, Villa Rosa, El Viso, Trévenez, La Estrella, La Huertecilla, San Luis, Santa Cruz y Santa Teresa).
2017 El Ayuntamiento contrató en marzo la adquisición e instalación de 29 cámaras, con un presupuesto de 280.640 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los imprevistos surgidos han retrasado estos trabajos, que podrían estar listos a mediados de 2018.
En el mejor de los casos, esta larga espera llegará a su fin en unos meses para los negocios ubicados en los parques empresariales del Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara. Donde se mantiene la incógnita es en los otros nueve polígonos (San Luis, Santa Teresa, Santa Cruz, Trévenez, La Estrella, El Viso, Alameda, Huertecilla y Villa Rosa) que también estaban incluidos en la propuesta original del Consistorio y que fue rechazada por el TSJA y la Delegación del Gobierno en Andalucía basándose en informes policiales para determinar que no estaba suficientemente justificada la colocación de cámaras. El Ayuntamiento recurrió esta exclusión, pero fue desestimada, así que volvió a iniciar el procedimiento hace tres años con una nueva solicitud. «En vista del rechazo anterior, entendemos que sería más adecuado abordar la propuesta no polígono por polígono, sino por zonas, de forma que se analizara la actividad delictiva en el entorno, como podría ser la antigua carretera de Cártama que abarcaría los parques de La Estrella, El Viso, San Luis, Alameda y Pérez-Texeira», defiende Cuberos.
La actuación que está en marcha en el Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara contempla la instalación de 29 dispositivos que se distribuirán en 17 puntos para dar cobertura a las principales calles, así como los viales interiores más problemáticos. En cualquier caso, la autorización conlleva una limitación horaria, de forma que sólo permanecerán activos entre las siete de la tarde y las siete de la mañana los días laborales, mientras que los fines de semana y festivos sí que estarán grabando las 24 horas del día.
Este horario se justifica por los informes que acreditan que la mayor parte de los robos e incidentes se registran por la noche y los fines de semana por ser los momentos en los que los polígonos quedan prácticamente desiertos. En cuanto a las características de las cámaras, serán similares a las que están operativas en el Centro histórico, con un diseño antivandálico y con un sistema de visión nocturna y capacidad de alcance para reconocer matrículas.
Las imágenes serán gestionadas desde en el Centro Integrado de Señales de Alarma y Videovigilancia situado en el Centro Municipal de Emergencias, cuya conexión está ejecutada desde 2015 con un coste de 126.000 euros.
El refuerzo de la seguridad es una de las principales reivindicaciones de los empresarios de las áreas industriales de Málaga, pero no la única. También lo es la limpieza y, desde hace más de una década, la recepción por parte del Ayuntamiento de las infraestructuras de los parques, lo que en la práctica se traduce sobre todo en que la responsabilidad civil ante cualquier incidencia corra por cuenta de la Administración local. También conlleva que el mantenimiento de las infraestructuras también sea asumido por el Consistorio, aunque en este sentido cabe reseñar que las comunidades de propietarios de cada polígono ya se encargan de la conservación de servicios y jardines.
Actualmente, los únicos que han sido recepcionados son los del Guadalhorce, Trévenez, Santa Bárbara, Alameda y La Huertecilla, quedando pendientes una decena. «La recepción no le va a suponer un mayor coste el Ayuntamiento porque de la conservación ya nos encargamos nosotros, pero sí de quitarnos la responsabilidad porque no es justo que el presidente de un polígono tenga que ir a juicio por un bache», expone el presidente de Apoma, Sergio Cuberos.
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