José del Río y Elisa Pérez de Siles, durante la defensa de la moción popular

El PP insta a la FEMP, al Gobierno y a la DGT a pronunciarse sobre su ordenanza de movilidad

El grupo municipal lleva al pleno una moción donde recuerda que la suspensión de dos artículos de la ordenanza de movilidad por parte del TSJA «ha generado inseguridad jurídica»

Viernes, 21 de mayo 2021, 18:16

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga sigue con el debate de la movilidad en la ciudad abierto en canal. El (pen)último capítulo lo escriben con una moción presentada este viernes en la que instan a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ministerio del Interior y la DGT a analizar la problemática suscitada por el cumplimiento del Reglamento General de Circulación y el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se pronuncia sobre la Ordenanza de Movilidad de Málaga y a emitir un posicionamiento al respecto.

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En la misma línea, la moción propone que el Ayuntamiento, «como no puede ser de otra manera», reconoce el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación «como parte del ordenamiento jurídico español y se compromete a su cumplimiento».

La portavoz 'popular' en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, y el concejal de Movilidad, José del Río, han contextualizado la petición recordando que el auto del TSJA al que refiere el texto del PP suspende cautelarmente los artículos 23 y 24 de la Ordenanza de Movilidad de Málaga y que el Consistorio recurrirá. Esa suspensión ha tumbado, al menos por el momento, la prohibición de que las bicicletas circulen por la acera.

A juicio del PP, ese auto «ha generado una situación de inseguridad jurídica, al mismo tiempo que ha venido acompañada de cierta desinformación al respecto». Además, los ediles han recordado que «el margen de maniobra con el que cuenta un Ayuntamiento para permitir que las bicicletas circulen por la acera no es que sea pequeño, es que es inexistente, ya que los consistorios no pueden aprobar normativas contrarias a otras de rango superior».

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