Un informe municipal revela la gran dificultad económica de ejecutar el Plan Málaga Litoral

A principios del año pasado, SUR dio a conocer uno de estos trabajos, en el que se constataba la complejidad de la financiación de un plan de esta envergadura y se analizaban posibles fórmulas para dejar su construcción en manos de empresas privadas, lo que implicaba el pago de un canon anual a cargo de las arcas municipales de unos 20 millones de euros cada año, durante 30, a las sociedades que decidieran asumir la construcción y explotación de estas infraestructuras.

Un año después, el equipo de gobierno municipal tiene sobre la mesa un nuevo informe sobre alternativas de financiación del Plan Málaga Litoral que, contratado por la sociedad Promálaga con María Fernández Pérez, de la consultora Etali'a y con una amplia experiencia previa en gestión económica desde organismos gubernamentales, sigue dibujando un horizonte muy difícil.

Una de las conclusiones de ese trabajo, ya asumida por el ejecutivo local, es que el Ayuntamiento es incapaz de acometer este proyecto en solitario. El margen máximo actual de endeudamiento de las arcas municipales es de unos 228 millones de euros, por lo que el Consistorio no puede financiar con préstamos los más de 400 millones de euros del Plan Málaga Litoral.

Así, no cabe otra que recabar ayudas de otras administraciones para el proyecto (fondos europeos que gestionan el Gobierno central y la Junta), o introducir a un socio privado en su realización y explotación. Este estudio analiza diferentes opciones combinadas de ambas posibilidades y todas ellas suponen una aportación de como poco 7,8 millones de euros anuales para el Ayuntamiento, en el mejor de los casos.

El estudio parte de la premisa de que, para obtener ayuda de fondos europeos, el proyecto tiene que ser sostenible a nivel financiero, ya que es una condición que impone Bruselas a la hora de financiar una actuación de estas características. Para ello, el Ayuntamiento tendría que desembolsar un mínimo de cinco millones de euros anuales al menos hasta el año 2057, según los cálculos realizados. Esos cinco millones podrían reducirse a tres millones de euros si finalmente se realiza el aparcamiento de 450 plazas previsto en la entrada del puerto, frente a la plaza de la Marina. Sin embargo, esa opción no se ha previsto en este análisis económico porque la Autoridad Portuaria ya ha mostrado su rechazo a la ejecución de ese 'parking'.

Partiendo de esa premisa del pago de cinco millones anuales, una opción que se apunta es que el Ayuntamiento logre que la mitad del coste del Plan Litoral se cubra con fondos europeos. En ese caso, tendría que suscribir un préstamo de 213 millones de euros cuyas cuotas anuales (sumados los cinco millones de base citados) obligarían al Consistorio a desembolsar 13,7 millones de euros cada año durante tres décadas.

En el caso de que la ayuda europea llegara a cubrir el 85% del plan, la cuota se reduciría hasta los 7,8 millones de euros, cantidad que el estudio establece como coste mínimo anual del proyecto para las arcas municipales, en caso de que finalmente se acometa. Es decir, el Ayuntamiento tendría que reservar para el Plan Litoral cada año, durante treinta, una partida similar a la que ha destinado para la semipeatonalización del eje de las calles Álamos y Carretería.

Existe otra posibilidad y consiste en que el túnel del soterramiento se acometa con fondos públicos, y que se haga una concesión a privados para que asuman la construcción y explotación de las estaciones de autobuses soterradas y un aparcamiento bajo el paseo marítimo Ciudad de Melilla (650 plazas para residentes y rotación). En el caso del túnel, si el Ayuntamiento tuviera que hacerlo con préstamos y sin ayuda europea, le sale a pagar una cuota de 13,7 millones de euros al año durante treinta; y en función de que obtenga esa ayuda de Bruselas (del 50% o del 85%), esa cantidad se reduciría hasta 9,5 ó 6,5 millones de euros, respectivamente.

En este escenario, la construcción y explotación de las estaciones soterradas y el aparcamiento se dejarían en manos de privados a los que el Ayuntamiento tendría que abonar un canon para que la ciudad pueda disponer de esas infraestructuras. Ese canon rondaría los 15 millones de euros anuales para que los privados puedan obtener una tasa de rentabilidad del 7% y unos 12 millones en el caso de que esa tasa sea del 5%. No obstante, cabe recordar que, a raíz de las consultas que hizo el Consistorio con grandes empresas que podrían participar en este plan, la mayoría demandan una rentabilidad entre el 9% y el 12% para que el proyecto les resulte atractivo.

Asimismo, el estudio analiza la posibilidad de que el Plan Málaga Litoral sea asumido en su integridad por empresas privadas. Esa alternativa, en el caso de que se busque una tasa de rentabilidad del 7% para las empresas, implicaría para el Ayuntamiento el pago de un canon anual de 41,3 millones de euros durante tres décadas, si el proyecto no contara con ayudas de otras administraciones públicas, lo que se reduciría hasta los 26 millones anuales con subvenciones que cubran el 35%, y hasta los 20 millones con ayudas del 50%.

Por último, el análisis propone una fórmula de financiación híbrida en la que el Ayuntamiento aporta el 20% de los costes, se obtiene una financiación de otra administración pública para el 35%, y unos privados se hacen cargo del 45% restante. En ese caso, el Plan Litoral tendría un coste de 26 millones de euros anuales para las arcas municipales en el caso de una tasa de rentabilidad del 5% para las empresas externas, que se elevaría hasta los 29,6 millones de euros anuales en el caso de que se busque un nivel de rentabilidad del 7% para la parte privada.

En resumen, el estudio concluye que «desde el punto de vista financiero, el retorno de la inversión es negativo». No obstante, incide en que, dado que el Plan Litoral va a suponer un impacto social y económico positivo en la ciudad, «se justifica su provisión pública y la búsqueda de la alternativa de financiación más adecuada para el interés general». Eso sí, los números dejan claro que, en cualquiera de los escenarios, este proyecto requiere un gran esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento durante las próximas tres décadas.