Los impuestos de Málaga, a debate

La iniciativa era aprobada por unanimidad, no sin antes realizarse un debate en el que la edil de Ciudadanos, Noelia Losada, indicaba que su partido estaba más a favor de incentivar que las viviendas salieran al alquiler que de penalizar, «más pro-incentivo, que pro-recarga», pero vio positiva la medida para gravar con una mayor fiscalidad a los grandes tenedores de viviendas de la ciudad cuando no saquen las mismas a alquiler y las mantengan desocupadas. Lo cierto es que «estudiar» el aumento del IBI era la coletilla que le añadió el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, a modo de enmienda para posibilitar que saliera adelante, y que contó con el beneplácito del grupo proponente, el PSOE. El concejal de Adelante Málaga, Nicolás Sguiglia, reclamó al Ayuntamiento usar todos los instrumentos posibles para frenar los aspectos especulativos en materia de vivienda y facilitar el acceso de los ciudadanos al alquiler.

Conde, por su parte, manifestó que Málaga era una de las ciudades españoles con la fiscalidad más baja en cuanto al IBI así como que el Ayuntamiento había promovido un total de 5.200 viviendas públicas en los últimos 20 años frente a la Junta, que sólo había construido 40, y que ante la petición socialista era necesario que el organismo autónomo de Gestión Tributaria (Gestrisam) hiciera un estudio pormenorizado para poder modificar esta fiscalidad, que en primer lugar tenía que acertar a dar con la definición de lo que era un vivienda desocupada, si es porque no tiene contrato de alquiler o no hay recibos de suministro, y definir el concepto de gran tenedor, del que entendía que había que sacar a inversores y promotores que gestionan ese patrimonio de forma temporal con el objeto de ponerlo en venta.

Antes, el equipo de gobierno, formado por el PP y Cs, llevaba para su convalidación tres expedientes de modificación de créditos, acogidos a uno de los reales decretos como motivo de la pandemia, para realizar cambios en partidas presupuestarias del Ayuntamiento ya aprobadas para el año 2020 y dedicarlas, en este caso, a ayudas a ONGs de la ciudad, compra de alimento a familias necesitadas durante el confinamiento, gastos en limpieza extra con motivo de la crisis sanitaria en centros municipales, entre otros gastos, que se han elevado a 2,7 millones de euros.

La comisión de Economía también aprobó la propuesta del grupo Adelante Málaga, que defendía el edil Nicolás Sguiglia, para poner en marcha –estudiar, según le enmendó Carlos Conde–, con la máxima celeridad posible una propuesta de modificación de los tipos diferenciados del IBI en relación a otras grandes ciudades. Como explicaba Sguiglia, esta medida va destinada a los grandes establecimientos comerciales tales como «El Corte Inglés, Carrefour y Mercadona» con el objetivo de que se mejoren los ingresos en las arcas municipales y se avance hacia un modelo de fiscalidad más progresivo.

El ex líder nacional de Ciudadanos y actual presidente ejecutivo del bufete de abogados Martínez-Echevarría, Albert Rivera, tuvo un encuentro ayer a mediodía en Alcaldía con el regidor de Málaga, Francisco de la Torre. Al parecer una visita de cortesía con tarjeta de presentación. No se hicieron fotos de la reunión, no trascendió de qué hablaron, aunque Rivera sí se vio con la portavoz naranja, Noelia Losada, para conocerla y presentarle su despacho.

Por lo que contaban por los pasillos, Rivera fue a «vender su libro» o lo que viene siendo a dar a conocer sus servicios en el despacho de abogados, que acabó fichando el pasado abril al que también fue su compañero de partido José Manuel Villegas. Así que siguen juntos, y el primero sigue siendo en la privada jefe del segundo. Curioso cuando menos.