Inquilinos de viviendas municipales en alquiler deben ya al Ayuntamiento de Málaga más de 22 millones por impagos

Aunque esos 3 millones pendientes de cobro suponen un récord, lo cierto es que son sólo la punta del iceberg del agujero económico que cada año asume el Consistorio. Para hacerse una idea, los impagos registrados desde 2010 hasta el cierre de 2021 suman un montante de 22,8 millones de euros, de los que la mayor parte se dan prácticamente por perdidos.

Aun así, en términos contables el organismo municipal tiene catalogados como de dudoso cobro recibos por valor de 18 millones en este periodo, aunque esa cifra es sólo una estimación porcentual en función de los años transcurridos. Es decir, a más tiempo sin pagar, menos posibilidades de acabar cobrando. De esta forma, todo lo que no ha recaudado hasta diciembre de 2016 se entiende por imposible de recuperar a estas alturas. Este porcentaje se rebaja al 80% para los ejercicios de 2017 y 2018, al 60% en 2019, al 40% en 2020 y al 20% en 2021. En cualquier caso, ese porcentaje no deja de ser una estimación que hay que incluir en los presupuestos de cada ejercicio teniendo en cuenta «la experiencia acumulada y la situación económica de los deudores» tal y como recoge la liquidación de las cuentas de 2021 del IMV.

Ante esta realidad, el Ayuntamiento trata de negociar con las familias planes individualizados de pago con la intención de que, en la medida de lo posible y atendiendo a la situación concreta de cada hogar (ingresos, gastos, número de hijos,...), puedan ir poniéndose al día. Aunque con escasos resultados ya que actualmente sólo hay abiertos 124 acuerdos de aplazamiento.

Además, hay activos medio centenar de expedientes monitorios, con los que ponen en marcha los trámites para embargar nóminas o bienes de los inquilinos que, aunque tengan pocos ingresos, destinan parte del dinero a gastos superfluos. Lo que no se ejecuta desde la anterior crisis económica (2007), salvo casos flagrantes en los que quede acreditado que el inquilino no paga porque no quiere o situaciones de okupación, son desahucios, ya que la consigna es que ninguna familia vaya a la calle por no poder hacer frente a la cuota.

¿De cuánto dinero se trata? Ronda los 230 euros mensuales de media (las últimas promociones llegan a los 400 euros) en las VPO construidas por el Consistorio, mientras en las que son de titularidad autonómica a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) aunque la administración y su mantenimiento lo asuma la ciudad es de 45 euros.

Aun así, atendiendo a los datos que maneja el IMV correspondientes al pasado ejercicio, el porcentaje de impagos es mayor entre los inquilinos de los pisos propiedad de la Junta. De los 765.713 euros puestos al cobro correspondientes a estos últimos se abonaron 376.994 euros (49,23%), mientras que de los 6.930.273 pertenecientes al parque público municipal se cobraron 4.282.872 euros (61,8%).

«El índice de morosidad siempre ha sido alto, aunque ahora es mayor. Es un tema que nos preocupa porque con ese dinero que no se ingresa se podrían hacer otras muchas cosas en la ciudad, pero nos lo tomamos como una inversión social porque las familias se lo están gastando en cubrir otras necesidades básicas», afirma el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, quien remarca la postura municipal de «no desahuciar a nadie por impago». «Si no paga porque no puede, no perdonamos la deuda, pero tampoco iniciamos el desahucio. Se tomó esta decisión durante la anterior crisis y desde entonces lo venimos respetando», subraya el edil, quien explica que dentro de los casos difíciles de cobrar figuran personas con pensiones no contributivas o parados sin prestación y sin apenas opciones de reengancharse al mercado laboral.

Lo que también se intenta, aunque no siempre se consigue, es que al menos se haga frente al recibo de la comunidad, que suele estar en unos 40 ó 50 euros mensuales por vivienda. En cuanto a la forma de actuar ante los impagos del alquiler, el IMV tiene un equipo de intervención social que, entre otras funciones de integración y asistencia a las familias, también se encarga de visitar a quienes acumulan retrasos en las mensualidades para averiguar los motivos y ofrecerles un plan de pago.

Del mismo modo, cuando se detecta que personas que no pagan sí que emplean su dinero en otros gastos menos necesarios se activa el proceso de embargo a través del órgano municipal de gestión tributaria (Gestrisam), pero sin llegar al desahucio. «Si no pagas porque no puedes, tratamos de ofrecer un plan de pago para que en cuanto mejore tu situación económica vayas devolviendo el dinero. Y si se comprueba que pudiendo responder a las cuotas no lo haces es cuando planteamos el embargo de nóminas o de propiedades como el coche o incluso la televisión, pero no echamos a nadie porque entonces creas otro problema social mucho más grave», remarca Pomares.

En este sentido, el edil insiste en poner en valor el carácter social del IMV, asegura tener «la tranquilidad de que se comprueba que quien no paga es porque no puede» y prefiere quedarse con lo positivo, que son esas familias que sí cumplen.