Los impagos de inquilinos de viviendas sociales en Málaga se disparan y la deuda roza ya los 30 millones

El Instituto Municipal de la Vivienda gestiona actualmente un total de 3.929 pisos protegidos en alquiler, compuesto por 2.494 de titularidad municipal y 1.435 que son propiedad de la Junta de Andalucía. Según lo reflejado en la liquidación del presupuesto del IMV del año pasado, el cobro de los alquileres de estas viviendas le debería haber reportado unos ingresos de 6.796.675 euros. Sin embargo, se quedaron sin cobrar recibos por un montante total de 3.320.573 euros, lo que supone un 48%, casi la mitad de lo previsto.

Esa deuda por los impagos de los inquilinos de las VPO en alquiler que están bajo la tutela del IMV se ha incrementado un 30% en los últimos tres años, hasta el punto de que ya supone un montante total de 29,2 millones de euros. De esa cantidad, el balance presupuestario del IMV califica 22,8 millones de euros como de dudoso cobro porque son impagos de alquileres sociales que se arrastran desde hace varios años, pero que se siguen manteniendo como deuda. En esa cifra están los del año 2014 y anteriores, que suman 7,5 millones de euros, y los de los siguientes cuatro años, que hacen un total de 8.484.512 euros.

De 2019 y 2020, se consideran como impagos de dudoso cobro el 80% de las deudas de los inquilinos, un porcentaje que supone 3.464.901 euros; de 2021, el 60% de lo que sigue pendiente de ingreso (1.519.270 euros); de 2022, el 40% de la deuda (1.226.249 euros); y de 2023 el 20% (664.114 euros).

En la liquidación presupuestaria del IMV se reseña especialmente que los 22,8 millones de euros que se califican como de dudoso cobro por su lejanía en el tiempo superan el mínimo que recomiendan las fórmulas establecidas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que en este caso arrojarían una cantidad de 19,6 millones.

Desde la crisis económica de 2008, el Ayuntamiento de la capital no ejecuta desahucios de viviendas protegidas en alquiler por impagos, lo que otorga una cierta impunidad a personas que no abonan las mensualidades pese a que rondan los 230 euros de media en el caso de las VPO construidas por el Consistorio, si bien las últimas promociones pueden llegar a los 400 euros. Esta cantidad puede reducirse hasta los 45 euros mensuales en el caso de los pisos de titularidad autonómica que corresponden a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), aunque la administración y su mantenimiento lo asuma la ciudad.

Ante esta tesitura, el equipo de gobierno municipal ha dado un paso al frente y ha puesto en marcha un plan para reducir la morosidad de los inquilinos de los pisos protegidos, «sin echar a las familias de sus casas», según ha advertido el concejal de Vivienda, Francisco Pomares. Ese plan del IMV se inició a principios de este año pero se ha reforzado desde el pasado mes de mayo, de forma que actualmente son cuatro los trabajadores municipales encargados de llevar a cabo una revisión de la situación de las viviendas con recibos por pagar para comprobar cuál es realmente su situación económica y ofrecerles varias opciones para su puesta al día.

Este 'equipo de intervención social', como lo ha denominado el IMV, tiene el objetivo de visitar a unas 80 familias morosas cada mes, de forma que en el plazo de unos dos años se haya hecho una revisión de todas las viviendas con recibos pendientes. A todas ellas se les hará un seguimiento de tres meses después de ofrecerles cuatro alternativas.

La primera es que suscriban un plan de pagos en función de su capacidad económica. Pomares ha señalado que, desde que está en marcha esta iniciativa, en los primeros cinco meses del año, se han acordado más de un centenar de planes de pago, una cantidad ya superior a los 80 ó 90 que se solían pactar en un año.

La segunda, en el caso de inquilinos que argumenten que no pueden pagar porque no tienen empleo, es ofrecerles un plan de formación para ayudarles a buscar un trabajo. La tercera es ofrecerles un cambio de vivienda en otra promoción de VPO pública en la que puedan pagar un alquiler más bajo. Y la cuarta consiste en activar un proceso monitorio de embargo ante el juzgado, que podría derivar en una confiscación de nóminas o propiedades como coches o televisores. No obstante, este último procedimiento solo se pone en marcha cuando los técnicos del IMV comprueban que los inquilinos no pagan pese a que tienen solvencia económica más que suficiente para hacerlo.

«Nuestro afán no es recaudatorio, pero tenemos que hacer ver a las familias que reciben una vivienda protegida en alquiler que tienen una responsabilidad social, lo vemos como un proceso educativo», ha remarcado el concejal de Vivienda, quien ha aclarado que, a la hora de acordar los planes de pago, se procura que las cuantías que se pacten no superen el 30% de los ingresos de las familias.

Los ingresos por el cobro de estos alquileres sociales se destinan a la promoción de las viviendas protegidas que impulsa el IMV y a los gastos de mantenimiento de las que gestiona. Esta deuda se tiene que cubrir anualmente con la tesorería del Ayuntamiento para que cuadre el presupuesto de ingresos y gastos de esta agencia pública municipal.

En cualquier caso, en los próximos meses se sabrá si surte o no efecto esta campaña del IMV para rebajar la abultada deuda de la morosidad de los alquileres sociales, una iniciativa que está empezando a aplicarse a aquellos inquilinos que acumulan una mayor cantidad de impagos. Todo sea también por bajar los números de un cuadro de deuda que anima más bien poco a aquellas empresas promotoras que se están pensando optar a algunos de los suelos que el Ayuntamiento ha sacado a concurso para construir 1.169 pisos de VPO en las nuevas urbanizaciones de Distrito Zeta y Cortijo Merino (Amoniaco), en el caso de que tuvieran pensado apostar por la tipología del alquiler.