El idioma de Shakespeare: la gran asignatura que Málaga quiere mejorar

Por eso, el viceportavoz de Con Málaga pedía que el área de Juventud pusiera en marcha un programa ambicioso para que los jóvenes puedan aprender idiomas, y le afeaba que del año pasado a éste las subvenciones para este fin hubieran bajado de 21.500 euros a 10.500 euros, teniendo en cuenta que como mínimo en Málaga hay 100.000 jóvenes, y muchos podrían acceder a estudiar el B1 o B2 y tener mayor competitividad y mejor calidad en el empleo. El socialista Pablo Orellana le indicaba a Sguiglia que estaba muy bien traída la moción porque la Junta, en realidad la competente, en materia de idiomas era «bastante mejorable», mientras que el portavoz de Vox, Antonio Alcázar, se desmarcaba diciendo que el problema está en que los idiomas no funcionan en los colegios públicos (podía haber añadido también a los concertados, que la mayoría no está mucho mejor) y que entendía que el problema educativo, de la Junta, no estaba en crear un servicio paralelo en el Ayuntamiento. Finalmente se quedó solo como en otras ocasiones en la comisión de Derechos Sociales, mientras que la concejala de Juventud, Mercedes Martín, hizo un guiño a la iniciativa y consiguió que saliera adelante con ciertos cambios.

Martín llegó muy guerrillera en las primeras comisiones de este mandato, seguramente porque se estrenaba en estas lides, pero ahora ha entendido que cuando se ponen sobre la mesa iniciativas constructivas de su área se puede sumar sin ningún problema, que por otra parte es lo que también hizo en otra moción, también de Con Málaga, para mejorar los espacios culturales para la juventud malagueña más allá del programa Málaga Crea.

De tal forma, Martín, muy dialogante, pasó a dar cuenta de los programas de inglés que hay ahora en el Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imfe), con 2.200 participantes, entre otros, y de las subvenciones, que indicó que habían bajado porque el año pasado no se habían agotado. Pero aún así convino en que había que aumentar los programas para que los jóvenes adquieran competencias lingüísticas, (ya que todos los jóvenes no pueden pagarse tener un profesor particular o ir a una academia) así como darle más publicidad a los mismos. Como dieron algún que otro rodeo en cómo iba a quedar el acuerdo Sguiglia y Martín, el presidente de la comisión Paco Pomares, hizo de profesor de instituto y les espetó: «Pueden ustedes llamarse también el día de antes y hablarlo, ¿no?, o esta misma mañana, lo importante es el espíritu de llegar a acuerdos».

El alcalde Paco de la Torre sigue ampliando su staff de directores generales a siete meses de haber conformado su gobierno de mayoría absoluta. Ha hecho cambios para que los nuevos directores generales no deban ser funcionarios, lo que le deja manga ancha para elegir fuera y dentro de la Casona, y el proceso en sí es de libre designación, aunque se justifique la decisión y deban tener experiencia y titulación, ya estaba operativo anteriormente para estos llamados cargos de confianza. Puestos que también existen, para ser justos, en el Gobierno y en la Junta. Y en otros muchos municipios en los que hay posibilidades de gasto.

Lo dicho. Se cubrió la plaza de coordinador general de Comunicación, para la que De la Torre premió al que hasta entonces había sido su director general, Jesús Espino, que llevaba 12 años ocupando este puesto. De lejos, el que más ha durado. La coordinación general es un escalafón superior al igual que el que ostenta el coordinador general gerente de Alcaldía, Manolo Jiménez o el coordinador general de Infraestructuras, Juan Antonio Alba.

Ahora ha quedado vacante la dirección general de Comunicación, que es otra plaza del staff, y empieza el proceso de relevo. Si a la de coordinador general se presentaron una veintena de periodistas, el mayor número hasta la fecha, quién sabe cuántos van a concurrir a la de la dirección general, máxime con la precariedad que hay en el sector de los medios de comunicación.

Aprobada la convocatoria en la junta de gobierno local, se publicó el viernes 19 en el BOP. Los interesados no tienen por qué ser funcionarios, pero sí deben ser licenciados o graduados en Periodismo. Se tendrán en cuenta aspectos como la experiencia profesional en comunicación política e institucional así como en el sector público, en medios de comunicación, y experiencia de gestión de redes sociales. La retribución prevista es de 78.000 euros brutos al año. Una vez publicado en el BOP, los interesados tienen 15 días hábiles para concurrir a la plaza.