Hacienda reclama a la EMT otros 4,9 millones por el IVA de 2015 y 2016

La Agencia Tributaria sigue apuntando a la Empresa Malagueña de Transportes a cuenta del IVA que, según la administración dependiente del Ministerio de Hacienda, la entidad municipal debe abonar por las transferencias que cada año recibe del Ayuntamiento para cubrir el déficit de explotación. Al expediente de inspección abierto el año pasado para los ejercicios 2013 y 2014 por el que le reclama el pago de 4,7 millones de euros se ha sumado recientemente otro procedimiento paralelo correspondiente a 2015 y 2016 del que se deriva otra reclamación por 4,9 millones. A ojos del órgano estatal, las subvenciones percibidas por las sociedades municipales deben estar sujetas al 10% de IVA al entender que están ligadas al precio, en este caso al billete del autobús, por lo que le exige el abono de un total de 9,65 millones para estos cuatro ejercicios, los únicos que no estarían prescritos.

Como en la anterior acta levantada por la Agencia Tributaria, la EMT ya ha iniciado los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía con la tesis de que el dinero que aporta el Ayuntamiento se destina a paliar las pérdidas que generan las líneas más deficitarias además de para la adquisición de nuevos vehículos. Para interponer este segundo recurso, el consejo de administración de la EMT tiene previsto aprobar este viernes la constitución de un aval bancario por el importe requerido como garantía para responder a la deuda en caso de que el citado tribunal diera la razón a Hacienda.

La intervención viene motivada por el cambio de criterio que Hacienda adoptó en 2016, momento a partir del cual empezó a considerar que las aportaciones al transporte público tenían que gravarse con el impuesto sobre el valor añadido puesto que esta inyecciones económicas permiten bajar el precio del billete. El expediente incoado a la EMT no es el único, ya que la Agencia Tributaria también está reclamando dinero por este mismo motivo a otras sociedades públicas de transporte urbano como las de Sevilla o Córdoba.

Al generalizarse esta situación, la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), que engloba a todas las compañías del gremio y que está presidida por el gerente de la EMT, Miguel Ruiz, pidió a Hacienda una aclaración de la ley. La respuesta del ministerio que dirige Cristóbal Montoro fue incluir en la Ley de Contratación del Sector Público una disposición final que modifica la regulación del IVA en la que se precisa que «no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de contraprestación, las aportaciones dinerarias que las administraciones públicas realicen para financiar la gestión de los servicios públicos».

Con este nuevo texto legal, las empresas del sector consideran que no tienen sentido estas reclamaciones económicas, pero en Hacienda lo ven de otra manera. Argumentan que se trata de una modificación legal y no de una interpretación de la normativa vigente, por lo que a su juicio no debe tener efectos retroactivos. En consecuencia, no abrirá nuevos procedimientos, pero sí que seguirá adelante con los iniciados antes del 9 de noviembre de 2017, día en que la citada ley entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De este modo, podría reclamar el IVA de los cuatro ejercicios anteriores, los únicos que no estarían prescritos. Así, la primera intervención se centró en los ejercicios de 2013 y 2014 y la segunda, a 2015 y 2016.

Por otra parte, el consejo de administración también dará luz verde este viernes a la ampliación a partir del próximo 1 de junio de 750 a 850 euros los ingresos máximos que se exige a los jubilados para poder beneficiarse de la Tarjeta Oro, que permite viajar gratis en los autobuses urbanos. Además, este umbral volverá a elevarse en 2019 hasta los 850 euros (1.700 en caso de vivir en pareja), mientras que para aquellos pensionistas que perciban entre 850 y 1.200 euros se habilitará un abono de 10 euros mensuales con viajes ilimitados que se complementará con la vigente actualmente que cuesta 27 euros al mes para el resto de jubilados que no pueden acceder a los viajes gratis.