Hacienda dice que Limasa gasta dinero en servicios por los que ya paga a la parte privada

La inspección que la Agencia Tributaria inició en 2016 en Limasa para comprobar si los más de dos millones de euros que cada año paga la empresa a los socios privados de la misma (FCC y Urbaser) en concepto de asistencia técnica son deducibles fiscalmente no sólo ha concluido en la reclamación a la compañía de 469.433 euros (322.244 por lo no abonado en 2013 y 2014 y otros 147.188 como sanción) sino que, además, ha puesto de manifiesto que la empresa mixta de limpieza (el 49% de las acciones son del Ayuntamiento) gasta dinero en la contratación de asesores jurídicos, tributarios y técnicos para la realización de unos servicios que deberían acometerse con cargo a este polémico canon. Se trata de un concepto que bajo el paraguas del apoyo jurídico, informático y legal le reporta cada año a la parte privada el 2,5% de la facturación. En 2017 ingresaron por esta vía 2,1 millones, que se suman a los 28,7 que se llevan abonados desde el inicio de la concesión en abril de 2001.

«No entra dentro de la buena gestión de una empresa pagar dos veces por lo mismo. A tenor de lo expuesto, Limasa III ha pagado a profesionales independientes por unos servicios prestados que están incluidos en la asistencia técnica que los socios privados deben prestarle, produciéndose una duplicidad en los gastos que se han contabilizado y deducido fiscalmente». Así de contundente es el informe de la Agencia Tributaria, en el que además se pone el acento en que dentro de la documentación requerida por el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda figuran unos correos electrónicos entre la empresa y la parte privada en los que «se constata que tanto el propio gerente de Limasa como los representantes de los socios privados manifiestan desconocer los servicios prestados por estos últimos en concepto de asistencia técnica».

En el expediente, que ayer fue trasladado a los miembros del consejo de administración de la empresa mixta de limpieza, se citan como ejemplos tres facturas a proveedores externos en ese periodo: una para la implantación de un programa de control de los trabajadores, otra para la automatización de la planta de envases y la última del despacho de abogados que redactó el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que la empresa puso sobre la mesa en 2013 aunque no llegó a aplicarlo. De ellos, el servicio jurídico se descontó de la asistencia técnica facturada por el socio privado, pero «no ha ocurrido lo mismo con el resto de servicios profesionales prestados a Limasa por el resto de las empresas externas antes relacionadas, que consideramos se encuadran dentro de la asistencia técnica a prestar por el socio privado». En su defensa, la empresa argumentó que no existe ningún pacto de exclusividad con la parte privada, que puede contratar los servicios de otros proveedores en el caso de que lo considere necesario o no quede satisfecha con la labor de los privados y que, a su juicio, se cumplen los requisitos para deducir estos gastos. Aunque Limasa ha recurrido, ha anticipado el pago antes de que se proceda a la liquidación de la empresa, cuyo contrato está prorrogado hasta que se ponga en marcha el nuevo modelo de gestión (la limpieza será privatizada y la recogida de residuos será asumida por el Ayuntamiento).

El polémico canon de asistencia técnica siempre ha sido uno de los principales caballos de batalla de la oposición municipal, que demandaba conocer qué trabajos se prestaban con cargo a este concepto. En la comisión de investigación que el Ayuntamiento puso en marcha en 2016 para analizar la gestión de Limasa se conoció que la empresa llevaba gastados desde 2008 hasta 2015 un total de 4,9 millones de euros extras en abogados y asesores externos. Además, funcionarios municipales reconocieron que el Consistorio no controlaba qué servicios se prestan con esos 2 millones que se facturan anualmente e incluso la propia empresa admitió que gastó 890.657 euros por unos programas informáticos «que no fueron provistos por los accionistas».

«El informe de la Agencia Tributaria corrobora lo que llevamos años denunciando, que se está pagando a los privados un dinero por servicios que no se prestan», afirmó la concejala del PSOE, Begoña Medina a la salida de la reunión del consejo de administración en el que, tal y como estaba previsto, el voto mayoritario de los socios privados y el PP permitió aprobar las cuentas anuales de 2017. Ciudadanos se abstuvo y el bloque de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) votó en contra tras constatarse que, al margen de los 73,2 millones facturados por la limpieza viaria, recogida de residuos y su posterior tratamiento, el Ayuntamiento tuvo que aportar 12,6 millones para cubrir el déficit y cumplir la también polémica cláusula por la que la sociedad mixta está obligada a cerrar cada ejercicio con un beneficio antes de impuestos del 2%.

Ante estas cuestiones, el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, reclamó que se ponga fin a la prórroga del contrato (debía expirar en abril de 2017) porque «está siendo un desastre completamente desde el punto de vista de las arcas publicas para el Ayuntamiento y para el bolsillo de los malagueños».