Nuevo paso para la transformación de la antigua zona industrial de La Princesa en Málaga, junto al inicio del soterramiento del AVE, en un nuevo sector residencial de la ciudad. Tras la construcción de tres torres de pisos, una de ellas de 72 metros de ... altura, para albergar 349 viviendas en alquiler que ya han empezado a ser explotadas por parte de la sociedad Vivenio, se está impulsando la construcción de otras 500 más en esta zona, para las que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido las primeras licencias de obra, como avanzó SUR el pasado 26 de diciembre.
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En concreto, el Ayuntamiento ha autorizado la construcción de un proyecto de 71 pisos que va a ser desarrollado por Aelca, promotora de Arqura Homes, que es el brazo inmobiliario de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). No obstante, no se quedan ahí los últimos movimientos producidos en las últimas semanas para que el desarrollo de esta operación urbanística avance en los próximos años.
Según ha podido conocer este periódico, dos parcelas de esta nueva zona residencial, conocida como San Lucas, han sido reservadas por la promotora vasca Amenabar, uno de los grupos inmobiliarios y constructores más importantes del país. Actualmente, Amenabar desarrolla cuatro promociones de viviendas en la zona de Guadaiza de Marbella con precios que rondan superan los 300.000 euros para los pisos de tres dormitorios. En uno de los proyectos, se anuncia uno con esa capacidad, en séptima planta, por 440.300 euros.
En el caso de los suelos en los que tiene previsto actuar en Málaga todavía no está totalmente definido el número de viviendas que albergarán, pero en el de mayores dimensiones se podría realizar un proyecto de planta baja más seis con sótanos para aparcamientos. La edificabilidad de esa parcela asciende a 4.363 metros cuadrados construidos, en un suelo que estaba en el mercado con un precio de venta superior a los cinco millones de euros. La otra finca ofrece la posibilidad de construir 1.660 metros cuadrados de techo. En conjunto, entre las dos pastillas, podrían desarrollarse más de 80 pisos. SUR ha intentado sin éxito conocer de responsables de Amenabar información respecto a sus planes en este sector del distrito de Carretera de Cádiz.
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Esta promoción residencial supone la punta de lanza de la incursión en la capital de Amenabar, que está considerado como uno de los diez principales grupos promotores a nivel nacional. Fue creado en los años ochenta del pasado siglo por la familia Amenabar Alday, que está considerada como una de las más ricas del país, con un patrimonio neto de 355 millones de euros. En 2022 entregaron unas 1.200 viviendas y suman activos por más de 1.150 millones, por lo que juegan en la 'liga' de grandes promotoras como Neinor, Metrovacesa, Aedas o Vía Célere.
Este proyecto viene a sumarse a un sector asesorado por el despacho de Ius Urbis para el que la promotora Habitat Inmobiliaria ya ha solicitado la licencia de obras para un proyecto de 50 viviendas y cinco locales comerciales. Ya han cerrado las primeras reservas para la compra de algunas de las viviendas, que se anuncian con precios que oscilan entre los 224.000 euros de un piso de un dormitorio con una superficie de 66,4 metros cuadrados, y los 392.000 euros de una vivienda de tres dormitorios, con una superficie de 117 metros cuadrados.
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Asimismo, en este sector de San Lucas, Vivenio, tras el acuerdo alcanzado con AQ Acentor, la promotora del fondo alemán Aquila, desarrollará otras 170 viviendas en alquiler. Las que ya explota en las tres construcciones levantadas en esta zona han empezado a ocuparse con unos precios que oscilan entre los 880 euros al mes de un piso de un dormitorio sin amueblar y los 1.325 euros por mes de un piso de dos dormitorios totalmente amueblado, incluido garaje y trastero. El piso de un dormitorio amueblado tiene un alquiler de 1.130 euros, y el de dos dormitorios sin amueblar se ofrece por 990 euros al mes.
Otras parcelas aún por edificar corresponden al Ayuntamiento, que tiene derechos para la construcción de unas 112 viviendas que podría sacar a subasta para que las ejecute una empresa privada, ya que en este ámbito no existe la obligación de reservar viviendas de protección oficial.
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