El Gobierno relaja las servidumbres de los aeropuertos y salva decenas de proyectos urbanísticos en Málaga

Como avanzó SUR el pasado 31 de octubre, esta revisión de la normativa de las servidumbres aeronáuticas reduce la superficie a la que afectan y permite «liberar mucho espacio» del que inicialmente se veía afectado por el expediente que se estaba tramitando para el aeropuerto de Málaga, según indicaron fuentes gubernamentales.

Desde el Gobierno se ha señalado este martes que «se reducen las superficies afectadas por servidumbres aeronáuticas aproximadamente en un 50%», de forma que «ya no estarán afectadas las zonas más alejadas de los aeropuertos y radioayudas, en las que no hay riesgo para la seguridad aérea». Asimismo, el cambio supone concentrar «los esfuerzos de vigilancia y control en las zonas más sensibles, alrededor de los aeropuertos y de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas».

No obstante, habrá que comprobar en qué medida este cambio levanta el veto que las nuevas servidumbres suponían para numerosos proyectos, ya que se mantienen las de las instalaciones radioeléctricas, para que estos equipos puedan funcionar correctamente sin verse limitados por el efecto pantalla de las construcciones.

En cualquier caso, este real decreto supone un alivio para un buen número de actuaciones por desarrollar en Málaga capital y los municipios más cercanos al aeropuerto. En enero de 2020, SUR avanzó la intención de Aena de tramitar y aprobar un nuevo marco de servidumbres para el aeropuerto de Málaga que podría condicionar la construcción de los proyectos de torres previstos en la capital, en especial los situados en la zona oeste, por su proximidad al aeródromo. A finales de aquel año, la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transportes dio a conocer el expediente en el que se marcaban los nuevos límites para construir en el entorno del aeropuerto de la capital, y el temor de cientos de propietarios de suelos y promotores, y de varios ayuntamientos, se convirtió desazón y alarma al comprobar que suponía un notable endurecimiento de las restricciones de altura en más de un centenar de suelos de la capital y de municipios cercanos como Torremolinos, Alhaurín de la Torre y Cártama.

El Gobierno central justificó ese cambio en la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo a raíz de la puesta en funcionamiento de la segunda pista del aeropuerto, pese a que ya lleva más de una década en funcionamiento. En el caso de la capital, los nuevos límites para garantizar la seguridad de las operaciones de vuelo recabaron una lluvia de alegaciones de promotores y del propio Ayuntamiento, que comprobó que amenazaban la construcción de unas diez mil viviendas, muchas de ellas en suelos de la zona de Churriana. También la Universidad de Málaga se sumó al rechazo a las nuevas servidumbres del aeropuerto al entender que comprometían sus proyectos para la ampliación del campus de Teatinos.

Desde la administración estatal, se ha apuntado que este cambio normativo «pretende potenciar el principio de autonomía de las administraciones territoriales con competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, simplificando el régimen de control aeronáutico sobre los procesos urbanísticos en fases de planificación y ejecución». «Todo ello, gracias al posible establecimiento de exenciones a la obtención de los informes y acuerdos previos aeronáuticos, lo que, en definitiva, contribuirá a la reactivación e impuso de la economía», han añadido.