El Gobierno central se resiste a realizar la obra que acabaría totalmente con el riesgo de inundación en el Guadalhorce

Se trata de la sustitución del puente de la Azucarera por uno nuevo más elevado y de mayores dimensiones, de forma que se adapte al encauzamiento de esta parte del río que se realizó décadas atrás y en el que la actual pasarela de la MA-21 ejerce como un tapón o barrera en momentos de fuertes precipitaciones. El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) elaborado por la Junta sigue atribuyendo al Gobierno central la ejecución de ese nuevo puente por un importe de unos 60 millones de euros. Sin embargo, el Estado ha puesto sobre la mesa de la Junta una intervención alternativa que resulta unos veinte millones de euros más barata pero que no termina de erradicar el problema de la inundabilidad en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce.

Esa alternativa consiste en completar las obras que ya realiza la Junta para reducir el riesgo en la zona, a raíz de unos proyectos elaborados por la Asociación de Polígonos de Málaga, con una segunda fase promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica que, básicamente, supone aumentar la capacidad del puente actual por su margen derecha mediante la realización de cuatro nuevos vanos de 30 metros, eliminar las estructuras de la antigua vía del ferrocarril, y prolongar los muros del encauzamiento aguas abajo del puente, entre otras actuaciones. El Gobierno ha elaborado un estudio para avalar que esta opción resulta más 'rentable' para la administración poniendo en relación el coste que supone (38,4 millones de euros) con el resultado que se obtiene.

La Junta admite en sus informes que con ese planteamiento, añadiéndole una tercera fase de obras a ejecutar por el Ayuntamiento para mejorar las canalizaciones pluviales de los polígonos, el caudal de una hipotética avenida para un periodo de 500 años quedaría contenido «en su mayor parte dentro del encauzamiento y se eliminan los desbordamientos sobre la zona de los polígonos». No obstante, admite a renglón seguido que el riesgo se mantendría aguas abajo del puente, afectando a la urbanización de Guadalmar y a los polígonos de Villa Rosa y la Azucarera. En cambio, la sustitución del puente por uno nuevo (con dos vanos centrales de 92 metros de luz frente a los 18 metros actuales) eliminaría por completo el peligro de inundación en todo el entorno del Guadalhorce, como se aprecia en las simulaciones realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Pero el ministerio no quiere acometer esa obra e insiste en la alternativa de ampliar los vanos del actual puente, para lo que propone la firma de un convenio a tres bandas con el Ayuntamiento y la Junta. «La coordinación entre las administraciones involucradas en esta obra se prevé compleja», llega a señalar un estudio del Gobierno para justificar su 'plan B'.

Por otra parte, el PGRI también contempla como obra correspondiente a la Junta el encauzamiento del río Campanillas en el tramo urbano, para lo que ya existe un proyecto redactado por valor de 18 millones de euros que la administración regional no ha ejecutado aún. Los últimos episodios de trombas registrados en la capital pusieron en evidencia la fragilidad del ámbito de Campanillas frente a las avenidas del río que lo atraviesa, lo que también condiciona futuros desarrollos urbanísticos previstos en el entorno.

Asimismo, para reducir el riesgo de inundación en el este de la capital, atribuye al Ayuntamiento el estudio para realizar un canal que recoja los caudales de los arroyos Toquero, Mayorazgo, Jaboneros y Gálica, desde el embalse del Limonar hasta el Peñón del Cuervo.