El SAS apela a una orden del Gobierno para imponer silencio a sus sanitarios

Alberto Gómez

Martes, 7 de abril 2020 | Actualizado 08/04/2020 00:03h.

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Una carta de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que, amparándose en una orden del Ministerio de Sanidad, advierte a sus empleados de la comisión de un posible delito en caso de ofrecer información sobre el coronavirus y comunicar datos sobre pacientes volvió ayer a enfrentar al PP, al mando en la Junta de Andalucía, y al PSOE, que preside el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. En el documento, el SAS afirma que el Ejecutivo central se reserva la facultad de hacer públicos todos los datos relativos al coronavirus, conclusión que extrae de una orden promulgada por el Ministerio, que solicita a las comunidades autónomas cualquier información epidemiológica o relacionada con la capacidad asistencial y las necesidades de recursos materiales y humanos. En su interpretación de esta medida, la Junta recuerda a sus profesionales que están obligados «a guardar secreto sobre cualquier información a la que accedan en el ejercicio de su actividad». Hasta ahora, las principales fuentes para denunciar la falta de pruebas, equipos y otros recursos han sido los propios sanitarios.

En la carta, dirigida a todos sus empleados sanitarios o no, el SAS alerta de que el ordenamiento jurídico establece como ilícitos penales el descubrimiento y la revelación de secretos, fijando como agravante que la vulneración de la intimidad se produzca por trabajadores públicos. La gerencia andaluza también recuerda que la situación originada por el coronavirus ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia internacional, creando «una crisis sin precedentes en el siglo XXI y de enorme repercusión para la vida de los ciudadanos». A esto, continúa la misiva sin especificar a qué se refiere, «se unen la inmediatez con que se demanda la información y la celeridad en su transmisión por el uso de las redes sociales».

El gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, asegura que envió la carta tras una queja del Ministerio de Sanidad por la información difundida tras decretarse el estado de alarma. La orden en la que se ampara permite a la cartera que ostenta Salvador Illa controlar todos los datos sobre la enfermedad, pero no hace referencia a su uso por parte de los empleados públicos. Estos trabajadores, a menudo desbordados por la sobrecarga de trabajo y asfixiados por la escasez de medios para protegerse de posibles contagios, han criticado a través de los medios de comunicación la falta de camas en los hospitales y de recursos para garantizar su seguridad.

El senador socialista Miguel Ángel Vázquez, exportavoz del Gobierno andaluz, asegura que desde su partido no entienden la lectura que la Junta ha hecho de la orden del Ministerio: «La carta no tiene soporte argumental en ninguna medida del Consejo de Ministros. Los medios entrevistan a sanitarios cada día y estos trabajadores cuentan sus experiencias sin problemas en redes sociales». Vázquez reclama «lealtad» al PP «para luchar contra el enemigo común, que es el coronavirus», y considera que la carta del SAS «es una maniobra de distracción para volver a señalar al Gobierno».

El estado de alarma y el control por parte del Estado de competencias que hasta su decreto eran autonómicas han dificultado el acceso a determinadas informaciones, como el número de contagios por distrito, no facilitado hasta esta semana. Fuentes consultadas por este periódico confirman también que las notas oficiales han de ser revisadas por el Ministerio. La concesión de entrevistas está igualmente más limitada que antes y en muchos casos reservada a formularios escritos que no permiten repreguntas.

El Gobierno ha modificado su sistema de ruedas de prensa para permitir preguntas directas de los periodistas a los ministros y al presidente Sánchez después de que varios medios, entre ellos los diarios del grupo Vocento, al que pertenece SUR, anunciasen que dejarían de participar en ellas si seguían filtrándose las preguntas, situación rectificada el lunes.

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