Tras un intento fallido el año pasado, el Gobierno central retoma los trámites para que se construyan viviendas protegidas en alquiler en unos terrenos situados ... al este de la zona de pabellones de la Expo que Málaga aspira albergar en el año 2027, en el sector de Buenavista, al oeste del solar de la fábrica de Amoniaco. Esta actuación está promovida por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), propietaria de unos terrenos que suman una superficie de 27,24 hectáreas y que tienen capacidad para albergar 1.362 pisos de VPO en alquiler que el Ayuntamiento quiere vincular al desarrollo de la exposición internacional.
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El año pasado, SEPES sacó a concurso la redacción del proyecto de urbanización de este ámbito con un presupuesto de 181.500 euros y un plazo de ejecución de dos años y medio. Sin embargo, ese concurso tuvo que declararse desierto porque solo recibió una oferta que no llegó a formalizarse.
Ahora, SEPES lo intenta de nuevo y este martes ha vuelto a poner en marcha un procedimiento de contratación para adjudicar la redacción del proyecto de urbanización de estos suelos, al que añade la construcción de un puente sobre la autovía del Guadalhorce para conectar estos suelos con el extremo oeste del campus de Teatinos y la zona de viviendas protegidas que ya ha empezado a construirse en ese enclave por parte de la Sociedad Municipal de Viviendas del Ayuntamiento. Este paso superior sobre la autovía tendrá que definirse a nivel de anteproyecto.
La redacción de ambos proyectos se ha presupuestado en 229.900 euros para un contrato con un plazo de desarrollo de dos años y medio porque incluye no solo la redacción de los diseños de la ordenación de estos terrenos, sino también el seguimiento de los trámites para su aprobación. El próximo 27 de febrero acaba el plazo de presentación de ofertas para las empresas interesadas. Habrá que ver si SEPES tiene más suerte en esta ocasión y logra contratar la redacción de este proyecto residencial previsto desde hace unos 15 años y que todavía no se ha impulsado.
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Estas viviendas forman parte de un plan estatal que busca promover suelo para pisos protegidos a precios asequibles que su gran mayoría no serían construidos por el Gobierno, ya que su intención es pactar con los ayuntamientos la cesión de estos terrenos a empresas privadas para que sean estas las que desarrollen los proyectos, con unas condiciones en cuanto a precios de los alquileres y calidades arquitectónicas.
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