Nuevo paso para construir VPO de alquiler en Málaga: estas son las novedades

Tras un intento fallido el año pasado, el Gobierno central retomó a principios de éste los trámites para que se construyan viviendas protegidas en alquiler en los terrenos del sector de Buenavista, al oeste del solar de la fábrica de Amoniaco. Esta actuación está promovida por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), propietaria de unos suelos que suman una superficie de 27,24 hectáreas y que tienen capacidad para albergar 1.362 pisos de VPO en alquiler que el Ayuntamiento quería vincular al desarrollo de la fallida exposición internacional para 2027.

Tras ocho meses de trámites de contratación, SEPES ha adjudicado ya la redacción del proyecto de urbanización de este ámbito, primer paso para que estos terrenos puedan transformarse en parcelas que acogerán los edificios de viviendas de protección oficial en los próximos años. La elaboración del diseño para la transformación de estas parcelas ha sido adjudicada a la unión temporal de las empresas Consultores de Ingeniería UG21 y CAI Soluciones de Ingeniería, con un presupuesto de 159.600 euros.

Además de las parcelas para la construcción de las viviendas protegidas, estas empresas tendrán que diseñar la realización de un puente sobre la autovía del Guadalhorce para conectar estos suelos con el extremo oeste del campus de Teatinos y la zona de viviendas protegidas que ya ha empezado a construirse en ese enclave por parte de la Sociedad Municipal de Viviendas del Ayuntamiento. Este paso superior sobre la autovía tendrá que definirse a nivel de anteproyecto.

La redacción de ambos proyectos tiene un plazo de desarrollo de dos años y medio porque incluye no solo la elaboración de los diseños de la ordenación de estos terrenos, sino también el seguimiento de los trámites para su aprobación. Esta actuación de vivienda protegida en Buenavista está prevista por parte del Gobierno central desde hace unos 15 años, pero todavía no se ha materializado.

Estas viviendas forman parte de un plan estatal que busca promover suelo para pisos protegidos a precios asequibles que su gran mayoría no serían construidos por el Gobierno, ya que su intención es pactar con los ayuntamientos la cesión de estos terrenos a empresas privadas para que sean estas las que desarrollen los proyectos, con unas condiciones en cuanto a precios de los alquileres y calidades arquitectónicas.

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