El Gobierno afea a la Junta que tramite el proyecto de los empresarios de Antonio Martín para seguir en el restaurante

En los últimos años, la Junta se ha resistido a ejecutar lo que Costas ya plasmó en una orden con fecha del 3 de noviembre de 2021, cuando ya indicó que, en este caso, lo que procede es «el levantamiento y la retirada del dominio público» del restaurante, después de que una sentencia ya firme confirmara en 2019 que carece de concesión. Tras esa orden, que fue avanzada por SUR, la delegación de Medio Ambiente ha elevado varias consultas a Costas para que reconsiderara esa postura.

La primera de ellas en diciembre de 2021, a las pocas semanas de la mencionada orden, en la que se señalaba textualmente que «esta delegación esperaba que el pronunciamiento de la Dirección General de la Costa y el Mar sería diferente al que finalmente se ha producido» y se pedía que al menos se permitiera dejar un restaurante de 300 metros cuadrados, que es la superficie máxima que permite el Reglamento de Costas para los negocios de restauración en las playas urbanas.

La Dirección General de la Costa y el Mar ya ha dejado claro que no tiene inconveniente en que se inicie el procedimiento para establecer una nueva concesión en el lugar que ocupa Antonio Martín, pero ha insistido en que al menos habría que demoler el 80% de los 1.524 metros cuadrados que ocupa el restaurante, para que no supere la superficie máxima permitida actualmente. Asimismo, ha recordado a la Junta que, a raíz de un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea a España, este tipo de autorizaciones de restaurantes en playas tienen que hacerse por libre concurrencia, es decir, abriendo una oferta o concurso al que podrían presentarse en igualdad de condiciones tanto los actuales empresarios que explotan Antonio Martín como cualquier otra sociedad.

Por ello, en una respuesta remitida a SUR desde el Ministerio para la Transición Ecológica, se afea a la Junta que insista en dar cabida a las pretensiones de los empresarios que actualmente explotan Antonio Martín (la sociedad Explotaciones de Cesiones de Hostelería de Málaga y Andalucía Exceho) y haya admitido a trámite su solicitud para permanecer en el edificio con una superficie de ocupación de 1.657 metros cuadrados. «Se trata de una solicitud de concesión que se opone a lo establecido en la normativa vigente en materia de costas», han remarcado desde el Gobierno central, que considera que «debió ser inadmitida» por la Consejería de Medio Ambiente.

Como informó SUR este miércoles, el pasado 26 de agosto, Costas recibió de la Junta la petición de informe preceptivo en relación a la solicitud de la empresa Exceho para disponer de una concesión para seguir explotando Antonio Martín. Para el Gobierno, la administración regional no debió admitir esa petición porque un artículo de la Ley de Costas señala expresamente que «las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa en vigor, se denegarán y archivarán en el plazo máximo de dos meses, sin más trámite que la audiencia previa al peticionario».

Sin embargo, la Junta no archivó la petición y elevó la preceptiva consulta a Costas, que remarca en su respuesta a este periódico que la Junta debe «denegar y archivar aquellas solicitudes de concesión que se opongan de forma notoria a la normativa en vigor, sin necesidad de solicitar el informe preceptivo de esta Dirección General de la Costa y el Mar, dado que, como ya se ha indicado, la superficie solicitada quintuplica la máxima permitida por la legislación de costas y no acompaña dicho órgano gestor ninguna justificación del motivo por el cual dicho precepto legal ha de ser excepcionado».

Tras esta reprimenda de Costas a la Junta, todavía no está claro cuál va a ser el modo de proceder del Gobierno andaluz en este caso. A consultas de SUR, este miércoles tampoco aclararon qué medidas va a tomar en relación al futuro del restaurante Antonio Martín con el argumento de que aún no les ha llegado una respuesta oficial de Costas en relación a este expediente. En cualquier caso, sí parece claro que la postura del Gobierno central es firme y que la pelota está de nuevo en el tejado de la Junta, que es la que tiene las competencias para gestionar la ocupación de los suelos de las playas. En su mano está que se ejecute o no el derribo del restaurante.

El Gobierno andaluz no puede hacer caso omiso a ese dictamen de Costas, ya que está establecido jurídicamente que ambas administraciones tienen que ponerse de acuerdo en la legalidad de los procedimientos que tengan que ver con el otorgamiento a privados de concesiones en los terrenos del litoral que estén en el dominio público.