No a la futura ley de vivienda en el Ayuntamiento de Málaga

Primero, en una comisión y más tarde en la otra, el 'no' del equipo de gobierno del PP y Cs fue rotundo argumentando que un país como España no puede aplicar una ley de vivienda tan intervencionista, tal y como subrayaban el concejal de Economía, Carlos Conde, el edil de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y la portavoz naranja, Noelia Losada, que chocaban con las posiciones del PSOE y Adelante Málaga (coalición de Podemos e IU), ambos partidos que sustentan el Gobierno de la nación.

Explicaba Murillo que los precios de los alquileres han subido en cinco años 15 puntos en Málaga de tal forma que supone que las familias, en muchos casos, dediquen el 30% de sus ingresos a pagar el alquiler de las viviendas, y defendía la futura ley de vivienda como una normativa que quiere «blindar la función social» de la misma limitando los citados precios. Daba cuenta de la acción que podría llevar a cabo el Ayuntamiento realizando un recargo de un 150% del IBI a los propietarios de pisos en Málaga que los tengan desocupados. El concejal de Adelante, Nicolás Sguiglia, defendían la normativa, que aún debe aprobarse, diciendo que por fin en este país se iba a cumplir el artículo 47 de acceso a la vivienda con una ley «contraria al rentismo y favorable a la intervención del Estado» explicando que los liberales sólo consideraban importante salvar a la banca y dar ayudas a la industria de la automoción, a lo que su compañera Ramos añadía que la rey aportaría ayudas directas de un 40% para el alquiler a las familias vulnerables muy necesarios en Málaga, donde el precio medio del alquiler estaba en 855 euros.

La portavoz naranja, Noelia Losada, era taxativa diciendo que la norma que está por llegar estaba en las «antípodas» de lo que piensa Ciudadanos, que está totalmente en contra del intervencionismo del Estado. Les recriminaba a los socialistas que fuesen capaces de poner en marcha una regulación así, «quizás forzados por su socio de gobierno» (Unidas Podemos) al tiempo que hablaba de despropósito, y avanzaba que el Ayuntamiento no va a subir impuestos ni a intervenir el mercado inmobiliario. «Nosotros proponemos un modelo liberal. La nueva ley es tan intervencionista que puede atentar contra la Constitución al poner en peligro la libertad individual», añadía.

El concejal de Economía, Carlos Conde, subrayaba que no iba a aceptar ninguna lección de la oposición cuando Málaga había sido una ciudad que el Observatorio del Ministerio de Vivienda ve como «ejemplar» por su inversión en viviendas y ayudas al alquiler. Explicaba que el Ayuntamiento de Málaga no iba a poner en marcha una ley que generaría tantísima litigiosidad por parte de los grandes tenedores y rentistas. «De entrada decimos no a esta ley que no nos gusta nada y no nos gusta que se intervenga el mercado». A cambio, subrayó que el Ayuntamiento apuesta por políticas activas de ayuda social y de acceso a la vivienda. «Ya que hablan de intervenir –dijo a la oposición– les rogaría que lo hicieran con las eléctricas, que no le han puesto solución».

Finalmente, el equipo de gobierno, PP y Cs, con los votos del concejal no adscrito, Juan Cassá, que mantiene un pacto de estabilidad con el PP, votaron en contra de las iniciativas socialista y de Adelante, y por tanto de aplicar la futura ley de vivienda en el Ayuntamiento y en la Junta. En éste último caso, el propio Gobierno andaluz ya se manifestó en contra esgrimiendo argumentos en contra del intervencionismo y a favor de la propiedad privada.

En cuanto al nuevo reglamento de ayudas al IBI, y tras una comparecencia que pedía el edil de Adelante, Nicolás Sguiglia, a raíz de una información publicada en este periódico, tal y como explicó, el concejal de Economía dio cuenta del nuevo proceso de captación de los que podían solicitarla. Conde explicó que Gestrisam había enviado cartas certificadas a los posibles beneficiarios, con acuse de recibo, a un total de 6.372, que eran los que disponían actualmente de estas reducciones en el impuesto, que deben cambiarse por ayudas por una notificación de la Intervención del Estado. De tal forma que 900 personas no habían contestado a esta correspondencia, lo que Conde estimaba que podía ser porque no cumplieran los requisitos, tales como no estar desempleados o que por recibir 200 euros de ayuda suban en el tramo del IRPF, «ya que no es un descuento en el impuesto, sino una ayuda que tributa», y por tanto hubieran podido desechar la idea de pedirla. Ante la demanda de Sguiglia, el viceportavoz popular dijo que ya estaban estudiando a qué se debía que estas 900 personas no hubiesen solicitado la subvención y que informarían cuando lo supieran.

En la comisión de Economía también se aprobó de urgencia una modificación presupuesta para la empresa municipal Promálaga, concretamente 43.900 euros para el 'Equipamiento de la red municipal de incubadoras', 91.000 euros para la rehabilitación de la sede social de Promálaga, y 223.7000 para la adecuación de espacios en la red de incubadoras Centro, como explicó el gerente de la sociedad municipal, Francisco Salas.