El fiscal pide tres años y diez meses de prisión para el exdirector financiero de Promálaga en el caso de las mordidas

Este asunto lleva coleando siete años desde que en mayo de 2017, a raíz de la denuncia de un empresario que aseguraba que se había quedado fuera en los procesos de adjudicación de varios contratos tras negarse a abonar dichas mordidas en concepto de intermediación. Tras esta revelación, tanto el gerente de la entidad, Francis Salas, como el entonces vicepresidente de la sociedad municipal y concejal Mario Cortés pusieron el asunto en manos de la Policía Nacional.

Ahora, la Fiscalía, en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso el diario SUR, indica que el exdirector financiero Francisco Muñoz se habría reunido presuntamente con un contratista de Promálaga, concretamente una empresa de recursos humanos, que ya había mantenido relaciones comerciales con sociedad municipal con carácter previo, en un pub irlandés (en la calle Méndez Núñez), y «tras afirmar que había sido gracias a su intervención y actuación que había conseguido en el pasado contratos con Promálaga, le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido en el último contrato firmado con la mencionada sociedad municipal», que se trataría de la contratación de una empleada para el servicio de Gestión Documental. También le habría informado el exdirector financiero «de la posibilidad de seguir prestando sus servicios en el futuro en la mencionada sociedad municipal en el caso de que atendiera sus exigencias» y además «le había informado de la posibilidad de participar en un nuevo proyecto», según indica el fiscal en su escrito.

Sería para dar apariencia de legalidad cuando el acusado, siempre según el Ministerio Fiscal, se habría puesto de acuerdo con su esposa y habrían procedido a confeccionar una factura, «la cual no tenía correspondencia alguna con la realidad por un supuesto trabajo de consultoría» que ésta habría prestado al directivo de la empresa de recursos humanos «y por el cual le solicitaban el pago de 1.223,42 euros, a pesar de que el mencionado trabajo nunca se había contratado ni llevado a cabo», según el escrito. Esa factura habría llegado supuestamente al correo del empresario que denunció, enviada desde el mail electrónico de la acusada por el fiscal. La mujer de Muñoz habría sido parte en esta cadena, ya que ella, procuradora, ha sido acusada por el fiscal de enviar presuntamente la factura falsa para el cobro de la citada mordida. El empresario dijo haberse negado a pagar dicha suma, y ahí es cuando se fue a denunciarlo tanto al concejal como al gerente de Promálaga, Francis Salas, que sigue siendo el mismo en la actualidad.

Según relató el propio Salas ante el salón de plenos para informar del caso cuando el asunto salió a la luz con el despido del exdirectivo financiero, la Policía les solicitó que no realizasen ningún cambio en las funciones del empleado público para, según sus palabras, «aparentar normalidad» aún sabiendo que existía una sospecha y una investigación en firme. Así transcurrió el tiempo hasta que el 10 de julio de 2019, Salas recibía una notificación judicial para declarar por un procedimiento penal. El despido del director financiero, ahora acusado por la Fiscalía junto a su mujer, se materializó el 26 de septiembre de 2019, pero no se hizo público hasta que fue comunicado cuatro días después al consejo de administración de Promálaga.

Finalmente, este despido por motivos disciplinarios del exdirector financiero fue declarado improcedente por el juzgado número 3 de Lo Social, por lo que Promálaga fue condenada a indemnizarle con 180.000 euros en abril de 2021. Los tribunales daban la razón al exempleado en su demanda contra Promálaga, que puso fin a 15 años de relación laboral.

Durante estos siete años, lo cierto es que se ha sabido poco o nada de este caso, y cuando los concejales de la oposición presentaban escritos para conocer más en profundidad cómo proseguía la investigación recibían la respuesta de Smassa de que el caso estaba sub iudice. El Ayuntamiento de Málaga indica que tanto el Consistorio como Promálaga están a la espera de que se celebre el juicio en julio de 2025 y que «han venido defendiendo los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y han dado todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma».

Por su parte, el portavoz socialista, Dani Pérez, cuyo grupo municipal quiso presentarse como acusación popular y finalmente no pudo dado la alta cuantía que se le pedía, como ya informó este periódico, ha exigido al alcalde de la ciudad, Paco de la Torre, «que informe a la ciudadanía malagueña sobre la gestión de dinero público y todos los contratos de la empresa municipal Promálaga», ya que un ex alto cargo «puesto a dedo por De la Torre« ha sido acusado por la Fiscalía por los delitos de cohecho y falsedad documental. Ha demandado »luz y taquígrafos en la gestión del dinero de los malagueños «porque esta investigación, afirma, se suma al cese de dos gerentes (Smassa y la Orquesta Filarmónica de Málaga) en el presente mandato municipal, »que tiene más sombras que luces».

La líder de Con Málaga, Toni Morillas, pide una comisión de investigación de los contratos de Promálaga, una iniciativa que ya llegó a al pleno en octubre de 2019, y que fue rechazada con los votos del PP y Cs, en aquella época socios de gobierno. «Exigimos responsabilidades al alcalde, la sombra de la corrupción vuelve a acechar al gobierno de Francisco de la Torre. El caso mordidas, por el que la Fiscalía pide casi 4 años de cárcel al exdirector financiero de Promálaga no es un suceso aislado. No hay que hacer grandes ejercicios de memoria para rememorar otros escándalos e irregularidades, como las acontecidas en Smassa, o los escándalos en la Orquesta Filarmónico, el CAC o los continuos sobrecostes», subrayaba,