Fernando Marín: «A la ley de eutanasia le falta la inclusión de menores y del sufrimiento psicológico»

–¿Qué le parece la ley de eutanasia que acaba de aprobarse?

–Es un gran paso adelante que sitúa a España entre la decena de países que han regulado o regularán la muerte asistida. Algunos lo hicieron hace veinte años y otros se van a incorporar pronto, como Nueva Zelanda y Portugal. Son países que han decidido regular una situación que estaba produciéndose en la clandestinidad.

–Ha pasado mucho tiempo, no sé si demasiado, desde que Ramón Sampedro pusiera la eutanasia en el centro del debate social.

–Demasiado tiempo, porque el debate está bastante centrado. Ramón lo representaba muy bien cuando decía: «Yo no pido la muerte para ningún tetrapléjico ni para nadie más. Sólo hablo de mí, porque no quiero seguir viviendo así. Mi cuerpo es una cárcel y mi vida es puro sufrimiento. Sólo espero la muerte». Él, que pidió permiso para que su médico de cabecera pudiera ayudarle a morir y nunca lo consiguió por cómo funciona la justicia, dejó bien claro el marco del debate: ¿En qué perjudica a la sociedad que una persona decida adelantar su muerte en unas circunstancias especiales de sufrimiento? La sociedad tiene claro que en nada. La suerte es que, veinte años después, tenemos la certeza de que la muerte asistida se puede regular con toda seguridad por la experiencia que ya tienen Países Bajos y Bélgica. Y no ha habido ni un solo caso donde no se haya demostrado la voluntariedad de la persona de morir.

–¿Qué diferencias hay entre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia?

–Un suicidio asistido es cuando, como médico, te doy un medicamento y te lo tomas. El facultativo está presente para garantizar que sea una muerte dulce, sin complicaciones ni dolores. Y la eutanasia es cuando cojo ese mismo medicamento, lo meto en una jeringa y te lo introduzco. Es una diferencia procedimental, únicamente, aunque haya quienes hacen mucho hincapié en esto. Ya hay dispositivos electrónicos que puedes activar con los ojos para poner en marcha una vía intravenosa que te hayan colocado previamente y por donde se inyecta la medicación letal. ¿Eso es suicidio asistido o eutanasia? La diferencia está en quién empuja el émbolo de la jeringa. Pero ahí no puede radicar la diferencia entre lo que esté admitido y lo que no. Suiza se pone como ejemplo de país donde sólo está regulado el suicidio asistido, y así es, pero la diferencia a veces es confusa.

–La ley permitirá ambos procedimientos.

–En el estado de Victoria, en Australia, y en Nueva Zelanda han hecho leyes de ciento y pico páginas, muy farragosas. Ahí piden que justifiques que no puedes beberte el medicamento letal. A mí no me parece tan importante. Por supuesto, hay que certificar la voluntad de la persona. Sin ningún género de duda. Pero en España se exigirá que quien necesite la eutanasia la pida en dos ocasiones, con al menos quince días de diferencia, que intervenga un segundo médico y que haya una comisión que verifique los requisitos de voluntariedad y enfermedad. La única diferencia es que, después de todo ese proceso, tú eliges si te lo bebes o el médico te pone una inyección.

–En ese sentido, la ley española parece más avanzada que las de otros países.

–Más avanzada que las de Canadá, el estado de Victoria, Nueva Zelanda y varios estados de Estados Unidos, pero menos que las de Países Bajos y Luxemburgo. Colombia es un caso aparte por el contexto socioeconómico. Y Suiza también, porque el único requisito es que no existan motivos egoístas. Eso lo deja muy abierto.

–¿En qué falla, a su juicio, la ley planteada en España?

–Le sobra la verificación previa. La excusa es que se trata de una ley muy garantista. Pero es como si te compras un coche y el concesionario te da una garantía de cinco años y además te piden que hagas un seguro que cubra lo mismo. Si las leyes de Países Bajos y Bélgica han demostrado que puede garantizarse la seguridad, ¿por qué lo complicas? ¿Por qué pones un control previo? Es nuestra gran duda. Tenemos una hipótesis que esperamos que no se cumpla: según cómo cada comunidad autónoma oriente la comisión de garantía y evaluación, el derecho será más o menos accesible.

–Pero, en un asunto como la eutanasia, imponer un control de verificación, incluso reforzado, tampoco parece descabellado.

–Los médicos trabajan con la muerte a diario. Si ya tienes a un médico, y además se busca a otro independiente, ¿qué más quieren? ¿Para qué hace falta un jurista? Debe haber luz y taquígrafo: hay comités de bioética que garantizan que la praxis médica se haga de acuerdo a las leyes. Tanto control previo sólo demuestra la desconfianza del legislador en los profesionales. No la compartimos, primero por una cuestión de principios: sabemos que nadie va a pedir la eutanasia si no la quiere. No hay por qué desconfiar. Dicen que la ley es garantista. Bueno... Puedes llamarla garantista o demasiado burocrática. Tengamos en cuenta que el contexto es de sufrimiento insoportable. ¿Vamos a pedir una solicitud un día, otra a los quince días, un médico y luego otro? Vale. Con eso bastaría. ¿Pero hace falta que intervenga además una comisión? Ojalá que las comisiones sean realmente de verificación. Pero existe el riesgo de que el acceso al derecho colapse. Ese es nuestro temor.

–Ha mencionado antes lo que le sobra a la ley. ¿Qué le falta?

–La inclusión de menores y del sufrimiento de origen psicológico. Hablamos de un uno o dos por ciento de las eutanasias que se practican en los países donde están regulados. Y las peticiones de menores hay años que se quedan a cero. La casuística, cuantitativamente, es despreciable. Pero cualitativamente es importante. Porque los chavales con capacidad de discernimiento que ya no pueden más también tienen derecho a decidir. Se da la paradoja de que a los dieciséis puedes rechazar cualquier tipo de tratamiento, aunque tu vida dependa de ello, pero no tienes derecho a decidir morir. No tiene sentido.

–¿Desde qué edad ampliarían la horquilla para solicitar el acceso a la eutanasia?

–Eliminaríamos la horquilla. Sólo pondríamos como requisito, como Bélgica, que se tratase de menores con capacidad de discernimiento, que comprendan lo que piden y sus consecuencias. Un niño de ocho años, no. Pero a partir de once, doce, trece... Depende de cada chaval. Habría que ir caso por caso. Pero la ley debería permitir a los profesionales ayudar a todas las personas que de una forma sincera reclaman compasión. Y si los médicos no lo ven claro, no lo harán.

–¿En qué situaciones considera que debería permitirse la práctica de la eutanasia?

–Están bien los dos grupos que plantea la ley: enfermos terminales y padecimientos crónicos incapacitantes, cuando tu vida independiente resulta imposible. Algo también bueno de la ley es que las personas con demencia y testamento vital no están condenadas a vivir sin saber quiénes son, atadas a la cama porque se levantan, con pañales, necesitando ayuda para comer... El requisito único que pondríamos nosotros es que hubiera un sufrimiento intolerable e irreversible.

–También mental, imagino.

–También mental, claro, aunque estamos de acuerdo en que es enormemente conflictivo. No podemos decir que sí a todas las peticiones de eutanasia, pero tampoco podemos decir que no y discriminar, una vez más.

–¿Y, en cuanto a las patologías mentales, cuál sería entonces el criterio para aceptar unas peticiones y denegar otras?

–Un criterio profesional. Que el psiquiatra ponga como condición que los solicitantes hayan estado unos meses en una terapia de calidad, por ejemplo. Una ley de eutanasia que incluyese trastornos mentales pondría encima de la mesa cuál es la atención que reciben estos enfermos en España, que es nefasta, desastrosa. Y no se puede dar curso a una petición de eutanasia si una persona no ha contado con los recursos que se ha demostrado que pueden ayudarle.

–Podría darse la paradoja de que, en un país que durante años ha ignorado la salud mental, se ofreciese antes una muerte digna que una alternativa asistencial digna.

–Creo que pondría el tema encima de la mesa y encendería una luz de emergencia sobre la situación de abandono en que muchas veces se encuentran estas personas. Tampoco esto se puede utilizar como un chantaje, ojo. No puedes decir: «Como me voy a suicidar, me tienes que ayudar a morir». Pero tampoco se puede decir que no. Son casos que deberían abordarse, cuando se fueran dando, según criterios profesionales. Si un psiquiatra dice: «Para mí, este problema es como un tumor cerebral. El destrozo que esta persona tiene en la cabeza es tan grande que sólo podemos dejarlo como un geranio, en terapia electroconvulsiva»... En fin, esto daría para otra entrevista. Pero creemos que la ley debería atreverse con lo más difícil, como los trastornos mentales graves, no sólo con las enfermedades terminales.

–Pero por el momento la ley excluye la salud mental.

–Totalmente. Hay gente que dice que cualquiera con una depresión podría pedir la eutanasia si incluyen la salud mental, pero no es así. Hace falta fragilidad, debilidad extrema y un pronóstico de vida limitado. Alguien con una depresión o un trastorno bipolar no tiene una expectativa de vida limitada; no cumpliría los requisitos. La clave es la irreversibilidad. La diferencia entre la ley española y las de Bélgica y Holanda es que allí la irreversibilidad la asocian al sufrimiento y aquí, a la condición de enfermedad. Si no tienes una tetraplejia, una ELA o una demencia, probablemente no entres en la ley. Los trastornos mentales se quedan fuera.

–Y entiendo que les hubiera gustado que los incluyesen.

–Nos hubiera gustado que fueran más valientes y hubieran cambiado el Código Penal para derogar los puntos dos, tres y cuatro del artículo 143. Si el suicidio es impune, es absurdo que la cooperación al suicidio sea un delito. Se puede mantener el delito de inducción al suicidio, pero la cooperación no debería ser penada cuando la persona decide hacerlo y pedir ayuda en el ámbito de su libertad individual. La ley es un primer paso, y es importante, pero queda mucho trabajo por hacer. Primero, para que la ley pueda ejercerse. Porque hay muchas leyes a las que no se puede acceder como debiera.

–¿A qué achaca las críticas de la Organización Médica Colegial?

–Es sorprendente. Ya ha habido colegios médicos que, a través de encuestas, han publicado que la mayoría de los facultativos, más del 75 por ciento, están de acuerdo con la eutanasia. Que un organismo que representa a los médicos, aun sabiendo que la mayoría apoya la regulación de esta práctica, se posicione en contra es un ejercicio retorcido. Es una forma extraña de entender la democracia. No pueden pronunciarse sin preguntar a los colegiados. Ya ha habido colegios que lo han hecho, insisto, pero se ignora. Son organizaciones muy conservadoras que no representan lo que piensa la profesión, al menos en este tema en concreto.

–¿Cómo se alcanza el equilibrio entre el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y la necesidad de que la ley no acabe siendo boicoteada y se impida por tanto el acceso al derecho?

–En el aborto ya hemos tenido esa triste experiencia, y todavía lo estamos pagando. Apenas se practican interrupciones voluntarias del embarazo en el sistema público de salud, algo que resulta vergonzoso. En el caso de la eutanasia, no es un acto quirúrgico. Lo puede hacer cualquier médico de familia y tiene un bajo coste porque las medicinas son baratas. Y además será confidencial, aunque luego haya una evaluación de los casos que ha habido por comarcas para saber cuántas peticiones se aceptaron y cuántas se denegaron y por qué. Los médicos que objeten tendrán que comunicarlo, pero si los centros religiosos no están dispuestos a cumplir la ley, la Junta debería plantearse qué pasa con el concierto. Un hospital no tiene conciencia, no puede objetar.