Málaga pide que los coches sigan circulando sin restricciones por el Centro un año más

Precisamente, este miércoles ha trascendido que el Ministerio de Transportes, dirigido por Teresa Ribera, ha remitido a los ayuntamientos una nota informativa a los ayuntamientos beneficiarios del programa de ayudas para la implementación estas ZBE: si no cumplen podrían arriesgarse a perder las cantidades recibidas con la aplicación inclusive de intereses de demora. A este respecto, fuentes del Ayuntamiento de Málaga aseguraron no tener constancia de la misiva y añadieron que las auditorías trimestrales que el Ministerio realiza de los proyectos europeos están todas superadas.

En estos momentos hay un gran número de ciudades (son casi 200 en toda España las obligadas) desarrollando sus planes. Y eso ha provocado un cuello de botella en los suministros tanto tecnológicos para el control de los accesos como para las obras civiles necesarias. También se suma que, según el Ayuntamiento, hay un retraso en los ficheros de la DGT con las categorías ambientales de los vehículos.

Fuentes municipales aclaran que es posible que no sea necesario agotar la prórroga pedida, ya que el contrato para la implantación de la ZBE se encuentra ya al 80%. Lamentan, además, la tardanza del Gobierno central en establecer el marco normativo (28 de diciembre de 2022), lo que contrasta con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible municipal y el Plan Alicia, los documentos que sirven de base al Ayuntamiento para implantar la zona de restricciones al tráfico en el Centro Histórico y barrios colindantes. Ambos textos fueron aprobados en 2019 y 2021 respectivamente.

¿Qué incluye el contrato para implantar la zona de bajas emisiones? Nuevos sistemas de gestión de la circulación, sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula, instalación de puntos de control y acceso, cámaras, cuadros de mando, integración de datos para las etiquetas de la DGT, sistemas de información al usuario, software para la gestión de permisos, pasarela de pagos y un largo listado de desarrollos que una medida compleja como ésta requiere.

La aplicación del nuevo modelo es algo que además requiere de cierta holgura para realizar pruebas, informar a la ciudadanía, etc. En este contexto, el pasado lunes, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, firmó esta petición de prórroga. La edil pretende sacar a información ciudadana el contenido de la norma reguladora en próximas fechas. La petición de este nuevo plazo se sustenta jurídicamente en las bases reguladoras de la Orden Ministerial: «puede autorizarse si se dan circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y de planificación mínimas que los resultados exigen».

A pesar de todo, desde el Área de Movilidad recalcan que la empresa adjudicataria está realizando una búsqueda activa de nuevos proveedores que suministren los componentes afectados por el retraso y se están realizando pruebas de la plataforma de software a modo de preproducción con el objetivo de acelerarlo todo llegado el momento.

La ZBE se eligió entre tres alternativas distintas por los técnicos municipales. El modelo final es el denominado envolvente, que abarca 4,3 kilómetros cuadrados que incluyen el Centro Histórico y barrios anejos… Se pretende ganar en salud, bajar la congestión y rebajar ruidos. Serán 53 puntos de control y 97 cámaras quienes controlen el acceso a los dos niveles de restricción. El área que se protege registra un promedio de 203.000 vehículos al día en jornadas laborables. Realizan un trayecto medio de 3 kilómetros.

La adquisición e instalación de todos los dispositivos que conforman el sistema de control fue adjudicada en octubre de 2022 a la unión temporal de empresas Tecnologías Viales Aplicadas (Teva) y Tevaseñal con un plazo de ejecución de un año y un importe de 3,1 millones de euros, financiados por los fondos europeos Next Generation.

Aunque las limitaciones se irán endureciendo a medida que se acerque al casco histórico, la superficie va más allá de la 'almendra' y se extiende a toda la zona de La Malagueta y Monte Sancha, el barrio de la Victoria, El Ejido, Capuchinos, Segalerva, la Trinidad, El Perchel y el entorno de la avenida de Andalucía.

Los puntos de control se instalarán en todo el perímetro conformado por la avenida Ingeniero José María Garnica, avenida de las Américas, avenida de Andalucía, Hilera, Martínez Maldonado, Pelayo, avenida de Barcelona, Marqués de Cádiz, Alameda de Capuchinos, Plaza de Olletas, Toquero, Amargura, Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda y la calle Rafael Pérez Estrada.

Actualmente, se emiten diariamente en esta zona que se va a perimetrar 95 toneladas de dióxido de carbono; 702 kilogramos de monóxido; 144 kilogramos de gases NOx, y 15 gramos de micropartículas (PM). El objetivo a largo plazo de la restricción del tráfico apunta a descensos de entre el 60 y el 96% en estos indicadores.

En un día laborable tipo, tan sólo 177 de los 203.000 vehículos tienen etiqueta Cero (máxima calidad ambiental); 2.650 la tienen Eco; 60.437, corresponden a categoría C; 71.179, a B, y unos 69.000 carecen de distintivo.

El Centro Histórico tendrá las mayores restricciones. Sólo se podrá acceder para ir a un aparcamiento público o privado, o a lugares con permiso especial como los hospitales. En la zona más exterior, mandarán las pegatinas de la DGT.

También tendrán autorización los vehículos de personas con discapacidad, las emergencias, taxis y cualquier otro que tenga autorización porque deba prestar algún servicio.

Según la Ley de Tráfico, el acceso indebido a una Zona de Bajas Emisiones es una infracción grave, y la multa es de 200 euros (100 por pronto pago). No acarrea pérdida de puntos en el carné.

Actualmente, sólo tienen en funcionamiento zonas de bajas emisiones, según datos del RACE, Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Valencia y Sant Joan Despí.

Málaga no es la primera ciudad que solicita una prórroga. El mismo problema se ha planteado en localidades como Granada, Segovia o Castellón. Es el Ministerio de Transición Ecológica quien tiene la última palabra. En declaraciones públicas, la ministra, Teresa Ribera.