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La posibilidad de copiar parcial o totalmente el trabajo de otro compañero, de incorporar como propia la reflexión de otros autores sin citarlos correctamente ni ... anotar la referencia bibliográfica o de engordar el proyecto con reproducciones de textos ajenos es demasiado tentadora para algunos estudiantes, incluso, a sabiendas de que la Universidad de Málaga (UMA) cuenta con un sistema antiplagio que puede sacarles los colores y ponerlos en evidencia. Es el profesor el que decide aplicar, o no, esta herramienta para cotejar el nivel de coincidencias de un trabajo de clase, de una tesis doctoral o de un trabajo fin de grado (TFG) o fin de máster (TFM) con otros documentos que se encuentran en un repositorio, biblioteca o en Internet.
Lo hace cuando el alumno lo entrega en el campus virtual y de acuerdo a los criterios de evaluación que estime oportunos, seleccionando las preferencias que le ofrece el sistema. En dos o tres horas, el docente tiene sobre la mesa un informe pormenorizado de similitudes. En función del porcentaje obtenido, valorará si hay plagio o no. «Se suele tomar de referencia el 30%», detalla Juan José Ortega, director del servicio de Enseñanza Virtual de la UMA. A partir de ahí saltan las alarmas y los profesores empiezan a sospechar. Es cuando entran a analizar cada una de las coincidencias y sopesar si el alumno se ha apropiado del esfuerzo ajeno o no, «ya que alguna de esas similitudes encontradas puede ser una cita mal referenciada, lo que rebajaría el porcentaje inicial», aclara.
Durante el pasado curso 2021-2022, el 20% de los trabajos que presentaron los alumnos de la UMA y que fueron sometidos al rastreo del sistema anticopia arrojó un nivel «considerable» de plagio, con coincidencias entre el 20 y el 40%.
Unas malas prácticas que aumentaron con respecto al curso anterior (2020-21) cuando el 14% de los proyectos presentó similitudes en ese mismo rango. Curiosamente, el año pasado hubo más documentos con un nivel sospechoso de coincidencias, pese a que el volumen de trabajos chequeados por los profesores fue la mitad que el anterior: 170.184 en el curso 2021-22 frente a los 290.290 en el año de la pandemia cuando se encargaron más trabajos para poder evaluar al alumno confinado en casa.
Sin embargo y pese al riesgo que conllevaba al creerse «impunes» en casa, no copiaron tanto como en 2021 en que se volvió a las clases presenciales.
Ocurre lo mismo si se acude al extremo, es decir, los casos en los que hay un 80% de coincidencias (prácticamente todo el trabajo copiado): si en 2020-21 fue el 7% de los trabajos entregados, el año pasado subió al 9%. ¿Explicación? Habría que buscarlas en la «laxitud» hasta ahora de las medidas disciplinarias que lleva a los alumnos a verse impunes tras cometer su fechoría. «Sale bastante barato copiar», sentencia Ortega, quien advierte de que lo más grave que puede pasarle al alumno es que le suspendan el trabajo, «cuando en otras universidades supone la expulsión directa». «Los malos estudiantes lo saben y a muchos les compensa arriesgarse. Piensan: si cuela bien y, si no, tampoco va a ser tan grave», denuncia Ortega, para quien el efecto disuasorio que persiguen las universidades con el sistema antiplagio se diluye por la falta de una penalización ejemplar.
Y es que una vez que el profesor tiene dudas razonables de que ha habido plagio, se llama al alumno para que pueda explicarse. Pero de confirmarse sus sospechas y constatar que ha copiado, será suspendido de inmediato. «En caso de las tesis doctorales y los trabajos fin de grado, además de evaluarlo el profesor, lo hace el propio centro. De comprobar que hay plagio, el alumno no podrá defender su proyecto ante el tribunal», recuerda.
Desde que la Universidad de Málaga optó por adoptar este servicio, se han probado tres softwares. Ephorus fue el primero que se implantó en 2014. Tres años después, comenzó a utilizarse Unicheck y, en la actualidad, se aplica Turnitin, que ha absorbido a casi toda la competencia que fue la única que se presentó al último concurso en septiembre de 2021. «Tiene cosas buenas y malas, no tiene competidores, pero su repositorio cada vez es más completo», asegura Ortega, quien deja constancia de que en cada cambio que se ha realizado se ha incluido en la biblioteca de cotejo los trabajos del sistema anterior para que no se perdiera la referencia de años anteriores.
Respecto a las facultades, la de Filosofía y Letras fue la que más usó la herramienta el curso pasado 2021-22 (23.628 documentos examinados), seguida de la de Ciencias de la Educación (21.421) y la de Estudios Sociales y del Trabajo (16.184). A éstas le siguen la de Derecho (13.333), la de Ciencias de la Comunicación (12.394) y la de Económicas (11.544).
Frente a ellas están las carreras técnicas, donde es más difícil rastrear el 'copia y pega'. Así lo reconoce Ortega, que admite que el sistema antiplagio no examina fórmulas, ni el texto contenido en imágenes ni las tablas.
El Senado aprobó definitivamente el pasado mes de febrero el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria (publicado en el BOE de 25 de febrero ) , una norma que deroga el decreto franquista de 1954 de Disciplina Académica, que permanecía aún vigente para los estudiantes. Esta reforma legislativa define un nuevo sistema de faltas y sanciones para profesorado, alumnos y personal de administración y servicios de las universidades públicas y deja abierta la posibilidad de sustituir las sanciones por medidas de carácter educativo.
En esta nueva ley, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster y tesis doctorales está considerado como una falta muy grave y es castigado, si se demuestra, con la expulsión de la universidad entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre. Igual consideración tienen las novatadas y el acoso sexual.
Asimismo, son faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes o acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad.
La sanción en estos casos va desde la expulsión de un máximo de un mes de la universidad, a la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante un curso o semestre.
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