Escombros en el río Guadalhorce: unos por otros y la casa sin barrer

Y a esto se suma la burocracia, que le aporta complejidad porque en esta zona próxima al río comprendida entre la depuradora y la playa tienen competencias distintos departamentos de hasta tres administraciones. Por parte autonómica, la Consejería de Desarrollo Sostenible tiene encomendado el mantenimiento del paraje y del dominio público hidráulico, pero después de consultar los técnicos de esta área los registros de propiedad también han confirmado que buena parte del vertedero clandestino existente a espaldas de la depuradora se encuentra en una finca propiedad de la Consejería de Fomento. En el ámbito municipal, también hay una parte que pertenece al Ayuntamiento, que además se encarga de la limpieza de las playas, mientras el reguero de toallitas corresponde evitarlo a la empresa municipal de aguas (Emasa). Por si fuera poco, en esta huella de suelo también aparece el Ministerio de Fomento por la servidumbre de la autovía. Tirando del refranero, la consecuencia de todo este entramado es que unos por otros y la casa sin barrer. Capítulo aparte merecen los tres asentamientos de personas localizados en paralelo al río, que también requerirían la intervención de los servicios sociales municipales y la Policía Local.

De momento, el Ejecutivo regional parece haber cogido el guante y ya ha activado los trámites para contratar los trabajos de retirada de las escombreras. Según aseguran fuentes autonómicas, se hará en los próximos días tanto en la parte más próxima a la desembocadura como en los alrederores de la planta de tratamiento de aguas residuales que gestiona Emasa. Pero a su vez también argumentan que se está en contacto con el Ayuntamiento porque hay parcelas de distinta titularidad. Por su parte, en el Área Municipal de Servicios Operativos y Playas, que también tiene asumida la gestión de Limasa, aseguran el entorno del Guadalhorce «siempre ha sido cuestión de la Junta, mientras el Guadalmedina lo es del Ayuntamiento».

Retirar las toneladas de escombros apiladas y, luego, evitar que estos terrenos sigan siendo usados por empresas de chapuzas y talleres como la alternativa gratuita y clandestina al vertedero de Los Ruíces, donde los negocios (pagando una tasa de entre 11 y 23 euros por tonelada) y los ciudadanos (sin pasar por caja) pueden llevar los restos de obra, muebles y demás enseres sin exponerse a una multa de hasta 1.500 euros. Aunque para cazarles haría falta una vigilancia que, a tenor del aspecto que presenta el entorno, hasta ahora brilla por su ausencia.