El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga rechaza el cobro de una tasa a los turistas que se alojen en la ciudad

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga ha rechazado este jueves una propuesta de Unidas Podemos para que se cobre una tasa turística de un euro a los visitantes que se alojen en la ciudad. El concejal de Turismo, Jacobo Florido, ha puesto sobre la mesa datos sobre la riqueza económica que ya supone el turismo para la capital y la provincia para oponerse a esta moción debatida en el pleno municipal. «Unas 170.000 familias viven del turismo, en el que trabajan unas 13.000 empresas. Los impuestos que pagan estas empresas ya van a las arcas municipales», ha argumentado Florido.

La portavoz de Unidas Podemos, Francisca Macías, ha lamentado la falta de apoyo de PP y Ciudadanos a esta medida y ha recordado que lo que pedían en ella es que «se produzca un debate con los agentes del sector turístico y se hagan estudios para aplicar esta tasa de un euro o euro y medio para la ciudad». El PSOE sí ha respaldado esta propuesta. El concejal socialista Pablo Orellana ha argumentado que «otros destinos turísticos la aplican desde hace tiempo» y que «serviría para financiar inversiones en la ciudad».

Los grupos políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento sí han aprobado por unanimidad exigir al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que estudien, de común acuerdo con los ayuntamientos y el sector turístico en el caso del Gobierno andaluz, a petición del PP, el marco normativo necesario para la aplicación de esta tasa para quienes se alojen en hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.

Por otra parte, el pleno municipal de este jueves ha aprobado, con el voto a favor de PP y Ciudadanos y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos, pedir al Gobierno central ayudas para evitar los sobrecostes de la Empresa Municipal de Aguas, que según el equipo de gobierno ascenderán a 12 millones de euros a finales de este año. Asimismo, se ha refrendado por unanimidad de todos los grupos políticos una moción del PP para exigir a la administración central medidas económicas para compensar la merma de ingresos en las arcas municipales por las sentencias que han modificado el cobro del impuesto de la plusvalía.

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