Daniel Quijada

Presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos

«Hacienda tiene que entender que no todo el mundo es malo»

–¿Con qué problemas lidian en un país donde se legisla tanto y la burocracia es un lastre para los ciudadanos?

–Ciertamente se legisla mucho y, en ocasiones, demasiado rápido. Esa precipitación provoca que la legislación no sea todo lo pulcra que sería de esperar a la hora de aplicarla y, además, exista la sensación de que no se cuenta con la sociedad para la que se legisla. A veces se intenta hacer con buena intención, pero después, tal y como queda reflejado en el papel, resulta muy difícil su aplicación o no consigue el efecto deseado. Por eso, si en ese proceso se contara con expertos que pudieran dar una opinión más precisa y científica de lo que se pretende, la legislación cumpliría con más éxito aquello que busca.

–¿Cómo se podría mejorar esa relación contribuyente-administración?

–En general, el contribuyente quiere participar de los gastos comunes en la medida de sus posibilidades, pero también necesita ser escuchado. La distancia entre ambos se agrandó en pandemia con el famoso cerrojazo de las administraciones y, por desgracia, la sensación que tiene el ciudadano ahora es que se mantiene. Hay muchas administraciones en las que sigue siendo difícil conseguir una cita para intentar solventar un problema que, a lo mejor no es grave, pero que con esa falta de comunicación o ausencia de empatía institucional se termina enconando. Eso no quita y, puede sonar contradictorio, que la relación que mantiene el colegio de gestores administrativos con los diferentes responsables de la administración sea extraordinaria. De hecho, durante la pandemia se pusieron a disposición de los distintos colectivos, incluido el nuestro, para resolver la multitud de problemas que surgieron, como los ERTE para que la gente pudiera seguir viviendo.

–¿Y no le parece grave que haya que seguir pidiendo cita previa y muchos funcionarios sigan teletrabajando cuatro años después de la pandemia?

–No voy en contra del derecho del funcionario a poder trabajar de forma telemática, pero para un ciudadano que acude a resolver un problema resulta incomprensible que le digan que está teletrabajando y no le den la posibilidad de poder contactar con él para encontrar una solución a su cuestión. Esa falta de humanidad y de empatía que antes existía con el ciudadano es la que ahora se echa de menos. Años atrás podíamos acompañar a los clientes a una cita con la administración para realizar con ellos la gestión, pero desde la pandemia, el personal de seguridad ya sólo deja entrar al interesado y a nosotros nos insta a que la gestión la hagamos de forma telemática. Es algo ininteligible para el administrado porque, además, nadie le explica el porqué.

–A diario tratan con pymes e intentan sortear muchas de las trabas administrativas para que puedan acceder a ayudas y a sacar proyectos adelante. ¿Se trata bien a los autónomos?

–En general, no. La solicitud y tramitación de algunas ayudas públicas o subvenciones es tan farragosa, tan larga y a veces tan complicada, con formularios difíciles y con una documentación que el autónomo no tiene tiempo de recabar, que al final no le compensa. Entonces, o desiste de la subvención en mitad de la tramitación o directamente no la pide. Es muy triste, porque hay muchas subvenciones que por desgracia se pierden por esa razón .

–¿Es España un país excesivamente confiscatorio?

–La sensación es que sí. Tanto ciudadanos como empresarios creen que pagan más de lo que reciben por esas aportaciones al fisco. Estudios recientes apuntan a que tras las últimas modificaciones legislativas esa presión fiscal está aumentando sobre el ciudadano y las empresas, y sitúan a España entre los cinco primeros países de la Unión Europea en presión fiscal. ¿Qué conlleva eso? Pues, por un lado, que tanto el empresario como el ciudadano tengan menos dinero para poder reinvertirlo, para poder vivir, para poder gastar, que es lo que hace que funcione la economía y, por otro lado, puede desincentivar la inversión extranjera, ya que si la presión fiscal aquí es superior a la que tienen otros países puede acabar llevándosela a esos destinos.

–¿La actitud hostil del ciudadano con Hacienda está justificada?

–En buena medida, sí, porque el contribuyente siente que la Administración está ejerciendo una acción persecutoria sobre él. Es decir, no admite ni quiere entender que en un momento dado puede haber descuidos, errores u olvidos. Siempre interpreta que ha sido un fallo adrede y que ha habido una intención de no declarar. Yo creo que la Agencia Tributaria no tiene capacidad suficiente para detectar esa intencionalidad, pero sí para analizar la evolución de ese ciudadano y comprobar si ha podido ser un error puntual.

No estoy diciendo que deje de recaudar aquello que le corresponde, pero sí puede hacerlo de una forma algo más humana. Siempre se ha visto a esta administración como una apisonadora que no mira a nadie y que cuando tratas de aclarar un error no atiende a razones. Hay que hacer cierta pedagogía mutua: el ciudadano tiene que tomar conciencia de que hay que contribuir y que todo lo que tenemos deriva de esas aportaciones a las arcas públicas, pero Hacienda también tiene que entender que no todo el mundo es malo.

–¿Qué novedades no puede pasar por alto ningún contribuyente este año?

–Realmente ha sido un año de continuidad y de pocas novedades, aunque yo resaltaría cuatro. En primer lugar, todos los autónomos que se hayan dado de alta en 2023 tienen la obligación de declarar, con independencia de los rendimientos que haya tenido su negocio. No hacerlo conlleva sanción. Eso que lo tenga claro todo aquel que se haya dado de alta de autónomo, porque aunque le salga a devolver o le salga cero tiene obligación de declarar.

En segundo lugar, la deducción de las obras de eficiencia energética en vivienda, siempre que pueda justificarse que con esa reforma se ha conseguido un ahorro tanto en la calefacción como en la refrigeración de la vivienda, pues tienen una serie de bonificaciones que se pueden aplicar en la renta.

En tercer lugar, también hay una bonificación por la adquisición de vehículo eléctrico enchufable y de pila. El contribuyente que haya adquirido un vehículo a partir del 30 de junio de 2023 hasta el 31 de diciembre tiene una bonificación del 15% sobre la base máxima de 20.000 euros. Es decir, que si el vehículo ha costado 40.000 euros, el 15% no se puede aplicar a esa cifra, sino sólo a los 20.000 euros. En general, todo ayuda a que intentemos hacer esa transición hacia una energía un poco más verde. Y lo mismo se aplica a los sistemas que se instalen para poder recargar ese vehículo eléctrico. Esa deducción está limitada a un máximo de 4.000 euros.

Y por último, la Agencia Tributaria ha modificado un articulado suyo donde obliga a que todas las presentaciones se hagan por medios electrónicos. No obstante, prevé atención personalizada para los contribuyentes que precisen asistencia para dicho cumplimiento normativo.

–¿Una administración electrónica es mejor administración?

Sí, siempre y cuando no se deshumanice. Una administración electrónica es más ágil, más eficaz, da mejor servicio al contribuyente, responde de una manera más rápida y localiza los errores antes para poder solventarlos más pronto, con lo cual se evitan problemas futuros. Pero que no sea sólo eso. Es decir, en esa administración tiene que haber una persona a quien poder dirigirse para solucionar un problema. Por tanto, digitalización de la administración sí, pero sin deshumanización.