Las empresas de patinetes de alquiler alzan la voz: «La situación en Málaga no es sostenible»

«La situación actual no es sostenible. Sin seguridad jurídica es imposible hacer inversiones a largo plazo, y esto disminuye la calidad del servicio. Todas las empresas estamos recortando inversiones y costes, y por lo tanto afecta a la calidad que perciben los usuarios y ciudadanos de Málaga», advierten de forma conjunta Tier, Dott, Voi y Link a través de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

En este sentido, aseguran que con tan solo 192 patinetes desplegados por compañía (antes tenían 300) resulta imposible ser rentable. «Es un fracaso para las empresas, que no tenemos apenas ingresos, pero también para los usuarios, pues tienen que disponer de varias 'apps' descargadas para garantizarse la disponibilidad; y también para el Ayuntamiento porque tiene a siete interlocutores». Desde el punto de vista del usuario también hay que tener en cuenta que en el futuro contrato se obligará a la adjudicataria a hacer descuentos de hasta el 50% a los residentes malagueños, una rebaja que a día de hoy no se aplica.

Ante esta situación de incertidumbre, estas cuatro entidades piden al Consistorio que aunque el concurso esté parado, proceda al menos a la valoración de las ofertas económicas para así poder determinar qué empresas están mejor posicionadas para hacerse con el contrato. ¿Para qué? «Para poder decidir si quedarnos o irnos de la ciudad mientras esperamos el pronunciamiento judicial, ya que la situación actual no es sostenible», explican. Otras operadoras ajenas a Aedive consultadas por este periódico abogan por la convocatoria de un nuevo concurso en el que, compartiendo la tesis de Competencia, se dé entrada a varias empresas.

Esta reacción se produce después de que, como ha informado este periódico, el Ayuntamiento haya decidido paralizar la resolución del concurso convocado a mediados de 2022 a raíz de que, tras la denuncia previa presentada en agosto por una empresa interesada, la CNMC haya dado el paso de llevar a los tribunales la licitación que dejará el servicio en manos de un solo operador por considerar que supone «un límite al acceso a la actividad económica» porque «una única empresa realizará dos actividades que hasta ahora desarrollaban varios operadores en libre competencia».

«Hasta la fecha, los operadores privados que disponían de autorización o licencia podían utilizar ciertos espacios públicos para ofrecer vehículos de movilidad personal, como bicicletas y patinetes. Sin embargo, el Ayuntamiento pretende sustituir el sistema de licencias por el de concesiones, diferenciando entre la instalación y el mantenimiento de las estaciones y el arrendamiento de los vehículos», apuntan desde Competencia.

Por su parte, desde Movilidad apelan a la «prudencia» para no dar ningún paso hasta que se despeje el camino en los tribunales, por lo que continuarán las autorizaciones en precario, que han supuesto una reducción del número de vehículos. Si antes se permitía a cada operador desplegar un máximo de 300 patinetes (1.800 entra las seis que había), ahora el tope global para las siete compañías autorizadas es de 1.350 patinetes y 700 bicicletas eléctricas.

En paralelo, se han duplicado los estacionamientos repartidos por la ciudad para llegar a los 50. Y como novedad, ahora sí se exige a las empresas el pago de una tasa por ocupar estos aparcamientos. Según la ordenanza fiscal que regula la tasa de vados o la reserva de vía pública para estacionamientos, por cada metro lineal o fracción de calzada hay que pagar 44,6 euros al año. Teniendo en cuenta que los 50 puntos suman 362 metros cuadrados, la factura total a abonar entre todas es de 16.145,2 euros anuales.