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Como un jarro de agua fría, en el peor momento. Así han caído los nuevos mapas de riesgo de inundación que tramita la Junta de Andalucía para las cuencas mediterráneas de la región y que incluyen el entorno del Guadalhorce. Como ayer avanzó este ... periódico, la huella de estos mapas es más amplia y restrictiva que los anteriores, que fueron tumbados por una sentencia judicial a finales de 2019, hasta el punto de que llegan a considerar como zonas equivalentes al dominio público hidráulico parte de los polígonos del Guadalhorce, El Viso, La Estrella y Santa Bárbara, afectados por el trazado del arroyo de las Cañas.
«Esto es una barbaridad. No se puede arruinar así a la gente, esperamos que sea un error de la Junta«. Así de contundente se mostró el presidente la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Antonio López, tras tener conocimiento de los nuevos mapas de riesgo de inundación. «Estamos muy sorprendidos de que ahora nos vengan con unos mapas que nos colocan en una situación peor que al principio, en una inseguridad jurídica enorme justo en unos tiempos en los que no estamos para eso«, abundó López.
El presidente de los empresarios de los polígonos alertó sobre las dificultades que se presentan para propietarios de terrenos y naves que ahora quedan con un riesgo de fuertes inundaciones, en un periodo de retorno de diez años que la normativa del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga hace corresponder con el dominio público hidráulico.
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Manuel Jiménez Baras, abogado del despacho Ius Urbis que ganó la sentencia que tumbó los anteriores mapas de peligrosidad, considera «una aberración» que estas parcelas queden consideradas como dominio público, lo que, según explicó, significa que podrían pasar a manos de la Junta, y que sus propietarios podrían solicitar una indemnización por las construcciones legales existentes. «Tiene que haber un error en los cálculos de la Junta, que todavía no ha desvelado cuál va a ser el régimen jurídico de la clasificación de estos suelos inundables», apuntó Jiménez. No obstante, admitió que la mera difusión de estos mapas «ya espanta a las inversiones y tiene un efecto negativo«.
Por su parte, Antonio López lamentó que la Junta haya iniciado la tramitación de estos mapas antes de que se ejecuten las obras para reducir el riesgo en el entorno del Guadalhorce que diseñó APOMA y que asumió el Gobierno andaluz por un importe de casi nueve millones de euros. «Si ya existe una solución que está en proceso de contratación, se podrían haber esperado a ejecutarla. Insisto, espero que esto sea un error y que se hagan las obras que se tengan que hacer antes de aprobar unos mapas que siembran más incertidumbre en este momento de crisis», argumentó López.
Otro sorprendido por los mapas ha sido el concejal de Ordenación del Territorio de la capital, Raúl López, quien confesó a este periódico que le habría gustado que los responsables de la Junta se los mostraran antes de publicarlos. «Me hubiera gustado verlos antes«, dijo. Unas palabras que contrastan con las afirmaciones de la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, quien ayer aseguró que la administración regional ha estado «en coordinación con el Ayuntamiento de Málaga» para la elaboración de los mapas.
Raúl López anunció que va a solicitar una reunión con los responsables autonómicos para abordar este asunto y se alineó con los empresarios de los polígonos al defender que «lo lógico» es que los mapas incluyan el efecto de las obras que la Junta ya tiene en contratación para reducir el riesgo de inundación en los suelos del entorno del Guadalhorce. «Queremos ver con la Junta cómo se han elaborado los mapas y ya tomaremos la decisión que corresponda», dijo el edil sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento presente alegaciones al documento. «La inundabilidad es un tema que se ha trabajado mucho y que nos hizo mucho daño la pasada legislatura. Confío en poder solucionarlo«, añadió el concejal, quien se mostró esperanzado en que los mapas no tengan afección sobre los nuevos suelos que se consideran inundables en la zona de la Carretera de Cádiz, como es el caso de la parcela de La Térmica y de la reservada para la implantación de una universidad privada.
Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz aseguró que la elaboración de los nuevos mapas de inundación se ha basado en «los criterios que marca la normativa europea» y remarcó que «son cálculos que hacen los técnicos». «Este asunto no puede ser fruto del capricho«, insistió Patricia Navarro, quien recordó que los mapas se encuentran en plazo para recabar alegaciones y afirmó que la Junta va a ser receptiva. »Siempre vamos a estudiar este tema con otra perspectiva y con la voluntad de corregir donde se pueda hacer«, añadió la delegada.
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