Malestar porque la edil de Málaga Ruth Sarabia iba al volante en la comisión de Economía

Sarabia, antes de que se iniciara la sesión de la comisión, que empezó con media hora de retraso, había comentado que tenía una cita ineludible en el Ayuntamiento con dos delegaciones de las ciudades de Niza (Francia) y Haifa (Israel) con el objetivo de hermanarse con Málaga por lo que en algún momento, si no acababa, tendría que dirigirse al encuentro. En ese momento, según cuenta, fue apercibida por la secretaría general de que no podía desconectarse de la cámara. Así que ni corta ni perezosa se subió a su coche, con la cámara abierta, con el móvil puesto en el dispositivo de manos libres y estuvo durante más de diez minutos conduciendo hacia el encuentro y conectada a una comisión en la que se supone debe estar atenta por ser miembro de la misma. La edil pide disculpas por el hecho, y asegura que lo hizo para atender una cita importante. «Esto no tiene nada que ver con estar en la playa, es para cumplir con mis obligaciones, y lo avisé al principio de la comisión y lo oyeron todos mis compañeros». Efectivamente, los ediles lo oirían, pero es obvio que en ese momento la cámara de Youtube del Ayuntamiento no estaba grabando y los oyentes no lo hicieron. Es más, la propia edil podía haber indicado cuándo se subía a su coche por una 'cuestión de orden' y por qué lo hacía. En las filas socialistas pondrán en conocimiento de la Guardia Civil y de la Policía Local el material gráfico en el que la edil aparece conduciendo por «si pudiera haber cometido una presunta infracción recogida en el código de circulación, poniendo en grave peligro su vida y la de otros conductores y transeúntes al asistir telemáticamente, por vídeo llamada, a una comisión plenaria mientras conducía su vehículo«, según explicaba la viceportavoz socialista Begoña Medina.

Para Medina, «esta es una lamentable imagen de un responsable público que está poniendo en peligro la seguridad de las personas que van en otros vehículos, su propia vida y la de aquellos que puedan estar cruzando la calle». Por su parte, la edil socialista Alicia Murillo, que también estaba participando en la comisión, estima que Sarabia «da un muy mal ejemplo a la ciudadanía por dos razones, primero por no asistir a la comisión de Economía como debe de hacerse, y segundo, porque conduce mientras está atenta a la misma, algo que no debe hacerse«.

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La secretaría general del Ayuntamiento de Málaga, cuya nueva titular es Alicia García Avilés, ya ha evacuado el informe que debía realizarse en cuanto a la moción de Cs, que salió aprobada con los votos del PSOE y Adelante, y que tenía por finalidad bajarle al edil no adscrito Juan Cassá los emolumentos por asistencia a comisiones y plenos. La citada moción instaba al pleno que se estableciera «como importe máximo de dicha retribución la cantidad de 50 euros por sesión, cantidad que se estima suficiente y adecuada para sufragar los gastos de transporte directamente imputables a la asistencia a las sesiones» en vez de los 250 euros por comisiones y plenos extraordinarios, y 500 euros por plenos ordinarios que actualmente cobra el exnaranja.

Pues bien, la secretaría general estima que hay una necesidad de «determinar su cuantía con criterios objetivos», y es la que tiene que ver con la compensación por la que se le retribuye, la que debe estar en consonancia con el tiempo indispensable para el cargo electivo de una corporación local» así como «la imposibilidad de fijar la cuantía a percibir» en atención a las «circunstancias personales ajenas al ejercicio del cargo electo, debiendo establecerse sin emplear criterio discriminatorio alguno y en cuantía igual para todos los miembros de la Corporación con derecho a su percepción.La secretaría general hace uso de sentencias anteriores y pone como ejemplo una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se dictamina que los ediles sin dedicación exclusiva o parcial «cobrarán cada mes su percepción de forma proporcional a número de asistencias efectivas al pleno y las comisiones de que formen parte», por lo que subraya que parece obvio «que no cabe fijar la cuantía en atención a circunstancias personales por completo ajenas a la función desarrollada en la propia Corporación como es el caso de la dedicación exclusiva por cargo público en otra institución (Cassá, en la Diputación) y que la «eliminación en todo o en parte del derecho a su percepción pero sólo respecto a determinados concejales por más que pertenezcan o no puedan pertenecer a distintos grupos municipales, la conclusión no puede ser otra que considerar vulnerados» sus derechos.