El dueño de la finca se declara culpable de la muerte de Julen y el juez ratifica el acuerdo

Durante la vista, Serrano ha manifestado que aceptaba y se conformaba con el acuerdo que habían alcanzado solo unas horas antes las partes. En virtud de este pacto, el fiscal, Jacobo Fernández-Llebrez, ha modificado su escrito de acusación contra Serrano, incluyendo las circunstancias atenuantes de reconocimiento tardío y de reparación del daño.

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 9 le ha declarado culpable del delito de homicidio por imprudencia grave del que venía siendo acusado, eso sí, teniendo en cuenta las citadas circunstancias atenuantes. Así, además del año de cárcel, el juez le ha impuesto el deber de indemnizar a los padres de Julen, José Roselló y Victoria García, con 89.529,67 euros a cada uno.

Para afrontar esa responsabilidad civil irán destinados los 25.000 euros que el dueño de la finca ingresó este lunes en la cuenta de consignaciones del juzgado de lo penal. Tal y como explicaron sus abogados, Antonio Flores y Juan Martínez, un empresario benefactor, que también es cliente de su bufete –el dueño de la finca está representado por el despacho LawBird Legal Services–, se ofreció a aportar la citada suma, ya que Serrano se ha declarado insolvente.

Precisamente, el ingreso de esa cantidad era uno de los puntos que había que cumplir cara a alcanzar ese acuerdo. Tras el primer pago de 25.000 euros, en el pacto se recogía el aplazamiento del resto en cuotas de 50 euros mensuales, en atención a la situación personal –y mientras no varíen sus circunstancias– del acusado, que actualmente se encuentra parado. 

La indemnización de 179.059,34 euros para los padres de Julen no es la única que se ha recogido en el acuerdo alcanzado entre las partes y ratificado por el magistrado Navas. En el pacto se acordaban otros 663.982,45 euros para la Junta de Andalucía por los gastos del rescate.

Después de dictar sentencia, el juez ha suspendido la pena privativa de libertad a Serrano. En la resolución judicial, que es firme después de que las partes hayan mostrado su intención de no recurrirla, el juez ha explicado que no le considera peligroso criminalmente hablando y que su paso por prisión no va a determinar que modifique su conducta.

Por ello, ha suspendido la pena de un año de cárcel, una medida que va ligada a que Serrano cumpla con una serie de requisitos. En este sentido, el juez le ha explicado que no podrá volver a delinquir durante dos años, que deberá comunicar cualquier cambio de domicilio y que tendrá que comparecer cada seis meses en el juzgado para informar sobre su situación económica.

Respecto a este último punto, Navas ha expuesto que estas comparecencias tienen como objetivo analizar la situación económica de Serrano. La intención es, según ha señalado, que continúe el esfuerzo reparador del dueño de la finca, ya que la cuantía para el pago fraccionado puede variar en función de su capacidad económica.