Málaga desbloquea suelos para casi medio millar de viviendas transitorias para jóvenes y mayores

En concreto, en un decreto del pasado mes de febrero, la Junta modificó la normativa del 'Plan Vive en Andalucía, de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana (2020-2030)' para permitir que los suelos de equipamiento puedan acoger pisos protegidos para jóvenes y mayores con carácter transitorio. Hasta ahora, la ley andaluza únicamente permitía la construcción de viviendas en estas parcelas si se destinaban a familias en riesgo de exclusión social, es decir, para personas con un nivel de recursos económicos muy bajo.

Esa condición hizo que quedara en papel mojado el plan del Ayuntamiento para destinar una decena de parcelas de equipamiento sin un fin concreto a la construcción de VPO en alquiler para jóvenes. Así lo constató el equipo de gobierno municipal en 2022 tras más de un año de estudios conjuntos entre el Instituto Municipal de la Vivienda y la Gerencia Municipal de Urbanismo para la localización de los suelos.

Sin embargo, los responsables municipales no han cejado en su empeño de conseguir de la Junta un cambio normativo que abra la puerta a esa posibilidad, y finalmente lo han conseguido. Así, en un decreto cursado por la Consejería de Fomento y Vivienda, y que ya ha entrado en vigor, se ha modificado la normativa existente hasta ahora y se define en concreto que «podrán tener también el carácter de equipamiento los alojamientos transitorios destinados a personas de especial protección», al margen de que también puedan servir para dar respuesta a «personas en riesgo o situación de exclusión social» como sucedía hasta ahora.

De este modo, ya pueden construirse viviendas protegidas en suelos calificados como equipamiento, siempre que sean alojamientos transitorios para personas de especial protección. ¿Eso qué significa? Por un lado, que el alquiler en estos alojamientos tiene que tener una duración limitada. Cuestionado al respecto, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ha señalado que la normativa no concreta cuál es el tiempo máximo de alquiler de estos pisos para que tengan ese carácter temporal.

No obstante, ha apuntado que la intención del Ayuntamiento era y sigue siendo ceder estos suelos a promotoras privadas, por un periodo de 75 años, para que sean estas empresas las que se encarguen de la construcción y explotación de esas viviendas en alquiler, por lo que la duración de los contratos de arrendamientos que se marcará a los promotores que quieran asumir el desarrollo de estos edificios será de diez años como máximo en el caso de las destinadas a menores de 35 años. «Ya tenemos varias empresas interesadas y estamos trabajando en los pliegos de condiciones para sacar a concurso los suelos», ha apuntado Pomares.

Esos concursos para ceder los terrenos los convocará la Gerencia Municipal de Urbanismo, siempre que alguno de los diez suelos reservados por el Consistorio suscite el interés previo de algunas empresas. Para ello, desde el IMV ya se están estableciendo contactos con promotoras que podrían ver negocio en estos proyectos, si bien las condiciones de edificabilidad de las parcelas resultan muy inferiores a las de otros suelos, al tratarse de espacios para equipamientos. Así, en total, las diez parcelas podrían dar cabida a casi medio millar de viviendas, aproximadamente, en conjunto. Posiblemente, algo más de 400, según las fuentes consultadas.

Por otro lado, la normativa andaluza concreta quiénes tienen que ser los destinatarios de esas viviendas, con alquileres bajos. En concreto, se definen como «personas de especial protección» a los menores de 35 años, los mayores de 65 años, las personas con discapacidad o dependencia, aquellos con personas dependientes a su cargo, las mujeres embarazadas sin recursos, las víctimas de la violencia de género, las personas jóvenes extuteladas por la Junta de Andalucía que carezcan de vivienda y de recursos suficientes para tenerla, las personas sin hogar o en situación de emergencia habitacional, quienes han sido desposeídos de su vivienda habitual por situaciones de impago de su hipoteca o de la renta de alquiler o por causas sobrevenidas, las víctimas del terrorismo y todos aquellos que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social, las familias monoparentales, numerosas y las unidades familiares con menores a su cargo, los emigrantes retornados y las familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza. Eso sí, para poder ser adjudicatarios de estas viviendas hay que estar inscrito en el Registro de Demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento.

Con todo, el objetivo de esta iniciativa del equipo de gobierno municipal es favorecer especialmente a menores de 35 que no tienen capacidad económica para independizarse ante la actual coyuntura de los precios de la vivienda en venta y en alquiler en la capital. De ahí que el Ayuntamiento buscará especialmente adjudicar los suelos a aquellas promotoras que ofrezcan un alquiler más bajo para los futuros inquilinos de las casas, que serán de un solo dormitorio o dos a lo sumo para remarcar su carácter transitorio.

La mayor parte de las diez localizaciones elegidas por las áreas de Urbanismo y Vivienda se concentran en el entorno de El Cónsul, Puerto de la Torre y la Granja Suárez, si bien también hay otras en Churriana y la zona de Nuevo San Andrés.

El éxito de esta medida va a depender sobre todo de que suscite el interés de las promotoras que, al margen de que puedan elegir algunos de los diez suelos seleccionados por el Ayuntamiento, tienen desde ya la opción de interesarse por otros suelos de equipamiento contemplados así en el Plan General de Ordenación Urbanística de la capital. Si no existe un destino concreto para ellos, pueden pedir desarrollar un proyecto de VPO con las características mencionadas y el Consistorio puede decidir sacarlos a concurso con ese objetivo. El marco jurídico andaluz ya lo permite gracias a la insistencia de los responsables municipales malagueños.