Desahucian a una mujer y sus tres hijos en Las Flores pese a la presión de los vecinos y de Con Málaga

Pasaban unos minutos de las ocho de la mañana de este miércoles y había un grupo de gente a las puertas de uno de los portales de la calle Obispo Juan de Eulate, en el barrio de Las Flores. Querían mostrar su solidaridad con Josefa, de 43 años, y sus tres hijos de 15, 9 y 4 años. Y, sobre todo, su apoyo a lo que esa familia buscaba conseguir: cinco meses más de margen para dar tiempo a que acabara el curso escolar y la salida de la vivienda, del barrio y de la ciudad fuera menos traumática para los niños, que no desaparecieran de clase de un día para otro y que no tuvieran que dar unas incómodas explicaciones en el nuevo colegio sobre el porqué de su abrupta llegada ya entrado el segundo trimestre. Como ese casi medio año parecía muy difícil de conseguir, plantearon a la propiedad poder quedarse un mes más para organizar la mudanza. Porque su próximo destino sería Loja (Granada), donde serían acogidos por la familia de la madre, que por otro lado lleva viviendo en Málaga dos décadas, más de la mitad de su vida, y sus tres hijos, además, son malagueños y tienen a todos sus amigos aquí.

No ha sido posible conseguir esa tregua. La fecha del desahucio era la de este 5 de febrero. Y, de acuerdo a lo previsto, se ha ejecutado. Antes hubo otros dos lanzamientos marcados en el calendario de esta familia, pero se suspendieron -el último el pasado mes de octubre- por el carácter vulnerable de esta familia monomarental que lleva una década viviendo en esa casa, pero que hace dos años dejó de pagar la renta por un cúmulo de circunstancias: Josefa se separó de su marido, y aunque éste le pasa la pensión correspondiente, y ella trabaja en la venta ambulante, no le llega para pagar el alquiler, que asciende a los 500 euros. Con sus ingresos, apenas le alcanza para las facturas y para comer. Hace un tiempo fue beneficiaria de una ayuda municipal para pagar el alquiler, pero se agotó, y de acuerdo con la normativa de las nuevas prestaciones, si ya se ha sido beneficiario de algún apoyo de estas características para pagar la vivienda, no se puede serlo de nuevo. Y, además, se le ha negado la percepción del Ingreso Mínimo Vital porque en esa vivienda hay otras personas empadronadas, posiblemente vecinos que ocuparon la casa previamente.

Así que en esta ocasión, el lanzamiento ha sido irrevocable porque el propietario también ha alegado esa situación: es un hombre mayor de 65 años que se encuentra «mal», en palabras de su procuradora.

A los primeros vecinos del barrio y de Málaga que se acercaron a la casa se sumaban pronto representantes de Con Málaga, como Nicolás Sguiglia, además de media docena de policías nacionales que se apostaron en la puerta de la vivienda formando una muralla entre la gente y el portal en una potente imagen que impresionaba. Hubo algún choque verbal entre los agentes y quienes se concentraron que no fue a más. Sguiglia reclamó un interlocutor con el que negociar, la policía instó a que esperara a que llegara la propiedad de la vivienda o el secretario judicial, y que los uniformados ahí estaban apenas para mantener el orden. Cuando ya estaban presentes todos los protagonistas, incluido el equipo de emergencia social, la negociación fue rápida por inexistente, hubo poco de qué hablar. «Necesitamos tres personas que nos ayuden para bajar las cosas de la familia», se escuchó. Y rápidamente se prestaron esos tres pares de manos, que fueron bajando enormes bolsas de basura en cuyo interior se adivinaba ropa, a las que se sumaron colchones, somieres, el aparataje con que se mantiene limpia una casa... Todo se iba amontonando en plena calle. Qué poco termina abultando la vida de una familia.

Normalmente, los servicios sociales envían a las familias desahuciadas a una pensión durante unos pocos días. O a alguna otra dependencia municipal. Josefa y sus hijos se irán directamente a Loja (Granada), donde los recogerán familiares: no ha querido que sus hijos vivan la experiencia de alojarse en un albergue. Quien sí estaba con Josefa era su madre, que salió a la ventana para lanzar un mensaje a quienes se habían concentrado debajo: «Hoy es mi hija, mañana pueden ser ustedes, no hay que quedarse de bs cruzados».

En muchas ocasiones, las familias no saben qué hacer con sus cosas, no tienen medios para llevárselas. A este hogar Con Málaga le ha alquilado una furgoneta para que todos sus enseres puedan llegar a Loja. «Poco más podemos hacer que denunciar esta injusticia que se va a cometer en el día de hoy: una vecina con sus tres hijos se va a ver obligada a dejar la ciudad, a vivir muy precariamente en una vivienda de muy pocas dimensiones con familiares; los niños van a dejar a sus amigos, van a dejar de su colegio; en fin: se rompe la vida de una familia», explicó Sguiglia, que añadió: «Si Josefa no tuviera a un familiar que en su precaria vivienda los pudiera alojar, nos veríamos a tres niños de 15, 9 y 4 años viviendo al raso. El Ayuntamiento y los servicios sociales tendrían que haber estado aquí desde primera hora para intentar garantizar que esto no ocurra, las administraciones están obligadas a intentar garantizar a la gente un alojamiento digno».

Junto a los vecinos (sobre todo vecinas) y a los políticos, muchos medios de comunicación. Y se corrió esta voz: «Josefa no va a bajar hasta que no haya cámaras, no quiere salir en los medios, no quiere hacer declaraciones». Mientras tanto, los hijos estaban en el colegio. Para que no fueran testigos de todos los acontecimientos que se desataron, madrugaron mucho y fueron a la escuela antes que nadie.

En esas más de tres horas que transcurrieron entre la llegada de las primeras personas a la puerta de la casa de Josefa y que comenzaron a bajarse sus cosas a la calle, muchas conversaciones entre los vecinos, muchas experiencias y reflexiones compartidas. Y también un hito: tres enormes hombres de tez negra y vestidos de idéntico color hicieron acto de presencia; una vecina, Teresa Gómez, confesó que iban a su casa, y su hijo enseñó los mensajes que le estaban enviando para tratar de desalojarlos del piso. «¡Fuera sicarios, fuera desokupa!», comenzaron a gritar los congregados, interrumpiendo las consignas sobre el motivo que les había citado: «¡Aplazamiento para Josefa!».

Eva, vecina puerta con puerta de Josefa, confió a SUR que la mujer en los días previos estaba muy nerviosa, «porque a ver dónde mete ahora a sus hijos». «Ella ha corrido mucho, ha ido a todos los sitios y nadie la ha ayudado», afirmaba otra mujer del vecindario. «Nadie piensa en lo que viene después para los niños. Esto es un trauma para ellos, psicológicamente es un golpe; lo duro empieza a partir de hoy», reflexionaba otra vecina, que temía el estigma con que van a crecer: «Nos echaron de casa porque en mi casa no había dinero». «Ya hemos visto en este caso que no sirve de nada el arraigo escolar», agregó Pilar Usón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga.

Usón agregó: «Contra el propietario no vamos, él tiene derecho a recuperar su vivienda; pero el Ayuntamiento tiene un presupuesto de más de 1.000 millones de euros y no tiene medidas para atender situaciones de urgencia como ésta y ya con la crisis del año 2008 aprendimos que hay muchas circunstancias que te pueden volver vulnerable. Todos somos potencialmente vulnerables». A ello, Toni Morillas, concejal de Con Málaga, apuntó que incluso el parque inmobiliario municipal es inaccesible para las personas que lo necesitan: «Las familias no pueden pagarlo». «Yo tenía una ayuda del Ayuntamiento, pero ahora soy okupa porque el propietario de la vivienda quiere venderla y por eso ya no me dan la prestación municipal», confesaba otra vecina, María Cortés, a lo que otra argumentaba: «Es que hace cinco años los pisos de Las Flores se vendían por 50.000 euros y ahora pagan más de 100.000». Es una conversación interminable sobre el problema que salpica a toda la sociedad, a unos con danas metafóricas que se les llevan literalmente por delante.

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