Junta y Ayuntamiento de Málaga acercan posturas para un depósito judicial de coches en San Julián

La Junta de Andalucía empieza a ver el camino despejado para habilitar un gran depósito judicial de vehículos incautados en operaciones policiales al sur del aeropuerto, un proyecto que acumula cuatro años de trámites y que se había visto frenado en los últimos meses por las dudas que planeaban sobre el Ayuntamiento de Málaga tanto por su impacto en un área comercial donde están Plaza Mayor, Ikea, Porcelanosa, Verdecora y Bricomart como por el rechazo de los vecinos de la zona de San Julián. Aunque aún quedan cuestiones por resolver, lo cierto es que ambas administraciones han acercado posturas para desbloquear esta actuación con la que la Consejería de Justicia pretende dar respuesta a esta necesidad de almacenamiento, que actualmente cubre mediante acuerdos puntuales con depósitos privados que resultan caros e insuficientes para el volumen de intervenciones que se producen al cabo de cada año.

Esta aproximación consiste fundamentalmente en que a cambio de reducir el tamaño de las instalaciones (al final no acogerá los vehículos y barcos intervenidos en el Campo de Gibraltar) y de acometer una serie de actuaciones de mejora en la barriada, el Consistorio se muestra abierto a continuar con el expediente urbanístico necesario para su ejecución. El vicepresidente y consejero de Turismo y Justicia de la Junta, Juan Marín, ha llegado este jueves a valorar «el desbloqueo del proyecto para dotar a Málaga de un nuevo depósito judicial público en los terrenos de la Hacienda Santa Isabel». Sin embargo, desde el equipo de gobierno son más cautos a la espera del devenir de las conversaciones que se están manteniendo para complementar este proyecto en una actuación más integral en la zona.

La finca, que está encajada al norte por la antigua N-340 (ahora MA-21) y al sur por las vías del Cercanías en unos terrenos de 81.284 metros situados entre la Ciudad del Automóvil y el entorno de Ikea y Plaza Mayor, es propiedad de la Junta de Andalucía, aunque para poder acometer el proyecto necesita que el Ayuntamiento apruebe una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para quitarle a este suelo no urbanizable la calificación de 'especial protección' para convertirlo en 'sistema general en suelo no urbanizable'.

Ante las discrepancias surgidas, el Consistorio llegó a ofrecer un emplazamiento alternativo en Los Asperones, pero en el Ejecutivo autonómico insistieron en la parcela prevista para no demorar más su creación. Para ello, alegaron que ya en la etapa socialista se dio el visto bueno, lo que propició por parte de Justicia la redacción de todo el expediente urbanístico, que consta de siete informes (el de evaluación ambiental, el de inicio de la modificación, el topográfico, el paisajístico, uno sobre la valoración del impacto en la salud, otro sobre inundabilidad y uno sobre ordenación pormenorizada) y que supuso un desembolso de 37.933 euros. El último trámite se completó el pasado 26 de julio, cuando se entregó la documentación a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sin embargo, hasta la fecha no se habían producido avances. Ahora parece que sí los habrá.