Imagen de archivo de David Serrano, en el centro, junto a sus abogados en la Ciudad de la Justicia. SUR

La defensa cree que la pena de cárcel que piden los padres de Julen para el dueño de la finca es «una venganza personal»

El abogado de David Serrano muestra su sorpresa ante el escrito de acusación de los progenitores, que piden tres años y medio de prisión, lo que supondría una condena mayor que la solicitada por la Fiscalía

Miércoles, 7 de agosto 2019, 00:11

La defensa de David Serrano, el dueño de la finca de Totalán donde murió Julen, ha mostrado su «sorpresa» ante el escrito de la acusación particular, que ejercen los padres del pequeño y en el que piden tres años y medio de cárcel para el único investigado en el caso.

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El abogado Antonio Flores, director del bufete Lawbird Legal Services, que representa a Serrano en este procedimiento, considera que la pena solicitada por la familia supone usar la Justicia para «una venganza personal, más allá de la desgracia de la muerte de un niño».

El letrado subraya que el escrito es «un calco del que hizo el fiscal» -que pidió tres años de cárcel para Serrano por homicidio imprudente- e insiste en su sorpresa, «cuando ellos mismos siempre han dicho que fue un accidente», en alusión a los padres de Julen.

El escrito de la acusación particular, formulado por la abogada Antonia Barba en representación de los progenitores y adelantado ayer por SUR, destaca que no ha habido reparación del daño por parte del dueño de la finca y que ni siquiera ha pedido perdón. La defensa alega al respecto que David Serrano les ha dicho que lo siente «mil veces».

La abogada de los padres también critica en su escrito el famoso informe de la piqueta presentado por la defensa y elaborado por el arquitecto Jesús María Flores, que es hermano del director del despacho de abogados que representa al dueño de la finca.

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En aquel documento se planteaba la posibilidad de que los golpes con una piqueta de hierro usada en el operativo de rescate pudieran haber causado la muerte del niño, lo que, para la acusación particular, incrementó el dolor de los padres, a los que Serrano habría hecho llegar el informe.

A juicio de los progenitores, las negligencias presuntamente cometidas por el propietario de la parcela son «extremadamente graves» y configurarían la imprudencia, lo que justificaría una solicitud de condena de tres años y seis meses de cárcel.

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