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El edil popular Francisco Pomares no lleva una buena racha. Esa es la verdad. Pero también lo es que desde que el pacto de coalición ... del PP y Ciudadanos para el actual mandato municipal se pusiera sobre la mesa, su situación como miembro del equipo de gobierno se quedó en 'stand by'. Es decir, que está pero no está, o lo que es lo mismo, asiste a comisiones y consejos, así como al pleno, y vota en todos ellos, pero no asume tareas de gobernanza, ni tiene cartera, ni tiene firma, ni tiene jefes a su cargo. Ni tiene distrito, ni nada.
Y estaba así, de puntillas, calladito, esperando a que el juez decida si finalmente abre juicio oral contra él por el caso Villas del Arenal en el que presuntamente podría haber injerencias políticas en los procedimientos abiertos de sanción contra los vecinos de esta barriada hasta que saltó la liebre. La también investigada Teresa Porras salió airosa del envite cuando su causa se archivó, pero todavía queda la duda sobre Pomares. De ahí que el edil popular esté pero sin estar.
Como explicamos estaba intentando pasar desapercibido, prestándose a todo lo que le pide el alcalde Francisco de la Torre porque lo cierto es que trabajador siempre ha sido, hasta que el regidor, que a veces tiene el don de oportunidad, sacó su nombre a colación en el Consejo Sectorial de las Mujeres, donde quería colocarle como vicepresidente. Debía haber pensado el regidor que con él como presidente ya estaba el cupo masculino cubierto en un consejo que precisamente es de las mujeres, así que las concejales de la oposición y colectivos criticaron la propuesta. El primer edil dio ciertos rodeos, pero finalmente convino, como explicábamos en esta sección ayer, en que sería una mujer la vicepresidenta, pero ante la insistencia de los colectivos feministas de abordarlo en sus mesas de trabajo se quedó en el aire. Así que Pomares no será el vicepresidente, «que tiene más disponibilidad de tiempo», como decía el regidor, pero es que además su nombre empezó ayer a circular por la Casona, donde se habló largo y tendido, no ya de su futuro, sino de su presente.
El portavoz socialista Dani Pérez, de hecho, le pregunta al alcalde qué va a pasar con la «interinidad» de Pomares, que sigue a la espera de lo que resulte su causa en el juzgado. Pérez subraya que Pomares tiene un salario acorde a un concejal con cartera, es decir del equipo de gobierno, pero que no tiene competencias en ningún área ni distrito. Por eso, exige saber cuánto tiempo va a estar en esta tesitura ya que, a su juicio, «resulta una tomadura de pelo».
Lo cierto es que De la Torre estuvo a punto de poner en riesgo su futuro por defender a sus ediles acólitos, a «su Paco y a su Teresa». Es más, mantuvo incluso el pulso con Cs consiguiendo incluso quitarse de en medio a Juan Cassá, que voló a la Diputación. De la Torre tiene baraka.
Ya sólo queda saber cómo quedará el asunto de Pomares, del que parece que se sabrá algo en diciembre, época en la que el juez que instruye el caso se jubilará, y tomará una decisión al respecto, según explican fuentes bien informadas. Sólo queda ver si finalmente Pomares se come los polvorones como edil con cartera (que es lo que espera su defensa) y sigue la suerte del alcalde, o se da otra tesitura como que el juez se jubile sin cerrar el caso (y pasaría a otro magistrado), o decida seguir dando pasos de forma menos satisfactoria para el edil popular. Veremos.
El Juzgado de Instrucción nº1 de Málaga había condenado el pasado mes de junio a R. J. H. por un delito leve de defraudación del uso de equipo terminal de telecomunicaciones y al pago de una multa de 1.601 euros a Canal Málaga, empresa a la que estuvo vinculado durante 10 años como asesor autónomo y encargado del mantenimiento de los equipos y servicio técnico de los equipos informáticos de la radio televisión municipal.
El citado asesor autónomo recurrió el fallo a la Audiencia Provincial, que lo ha estimado parcialmente en lo referente a la multa, que queda fijada en 15 euros al día durante tres meses, lo que supone una reducción de la misma a 1.350 euros, aunque mantiene la pena de primera instancia al condenado, que no trabaja en Canal Málaga desde finales de 2017, pero donde realizaba un uso fraudulento de la red eléctrica para la obtención de criptomoneda y que por esta manipulación se habría embolsado una cantidad de 4.846,05 euros. Los efectos de esta defraudación en los terminales, como recoge el fallo, generaron un importante gasto en electricidad para Canal Málaga, que tuvo que desembolsar 1.601,68 euros para «mantener los equipos de informática encendidos de forma continua para gestionar la minería de las criptomonedas». Este asunto causó mucha sorpresa por la novedad del delito tecnológico. Nuevos tiempos, nuevos delitos.
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