Dani Pérez exige a De la Torre una moratoria para los pisos turísticos

Esta figura, a su juicio, le daría margen de maniobra al Ayuntamiento en este impasse hasta que puedan incluirse las limitaciones que tendrán estos alojamientos en planeamiento urbanístico de la ciudad. Lo cierto es que los municipios pueden hacer una zonificación de las viviendas turísticas, y limitarlas si hay masificación, pero deben sustentarlo en el interés general. Un jurista muy conocido en el Ayuntamiento explicaba que el interés general no es un chicle que se estira, sino que hay que fundamentarlo muy bien, y en esta tesitura es en la que el portavoz socialista exige que se ponga en marcha con urgencia una moratoria que dé tiempo a organizar la ciudad porque el Centro «ya está totalmente copado» y ahora el problema se está trasladando a los barrios, puntualizaba. Daba cuenta este miércoles de que un piso de dos habitaciones costaba 900 euros en el barrio de la Luz, y subrayaba que son pisos antiguos, que necesitan reformas y que aún así cobraban estas cantidades que muchas familias no pueden abonar.

«Los vecinos están muy preocupados, hasta el punto de que cualquier anuncio de de algo bueno para la ciudad, de que llega otro nuevo centro, les pone nerviosos porque saben que va a generar más tensión en el alquiler; esa es la situación», afirmaba.

En el paseo marítimo de Poniente les explicaban a los socialistas los vecinos que alquilaban una vivienda por 2.000 euros, a lo que Pérez sumaba el ejemplo del piso que fue noticia en este periódico en las torres de Martiricos, cuya renta se eleva a 4.500 euros al mes.

«El Ayuntamiento de Málaga no puede tardar ahora cinco años en sacar una ordenanza, que regule este asunto. Málaga cuenta con 11.000 viviendas turísticas dadas de alta, más las que están fuera de ordenación, y hace falta una medida cautelar como una moratoria para que cuando de verdad se ponga en marcha una regulación sensata no se haya multiplicado el número», puntualizó.

Era inevitable que los funcionarios del Ayuntamiento de Málaga no hablaran de su nueva subida salarial, que puede parecer poco, pero lo cierto es que al ser un 0,5% con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero de 2023, es decir un año entero, la cosa se pone interesante.

¿Por qué este incremento? Se debe a la buena marcha de la economía durante 2023. Pero, en realidad es por la letra pequeña del acuerdo que pactaron los sindicatos con el Gobierno. En ese documento se estableció para el pasado año 2023 una subida fija del 2,5%, que podría sufrir sendos incrementos adicionales del 0,5% en función de cómo evolucionara la inflación y la actividad económica.

Como es cierto que el Producto Interior Bruto (PIB), que mide el crecimiento de la economía, subió un 2,5% en 2023, una décima más de lo que se había estimado en los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno deberá meterse la mano en el bolsillo, que a fin de cuentas es el bolsillo de todos (el dinero sí es de alguien, aunque Carmen Calvo no pensara así) y tendrá que cumplir lo prometido, firmado y rubricado con los sindicatos: que será elevar los salarios de los empleados públicos un 0,5%, que en este caso se suma al 0,5%, que se aprobó el pasado mes de octubre y que obedece a haber superado el IPC armonizado de 2022 y de 2023 un 6%.

Esta posible subida, como explica el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, ya estaba prevista en los presupuestos municipales para 2024 por áreas, por lo que no deberán presentar una modificación presupuestaria para hacerle frente.

El Ayuntamiento de Málaga cuenta con 7.300 empleados, unos 5.500 funcionarios y empleados públicos, a los que más tarde se sumaron los de la empresa ya pública de basuras Limasam. Se estima que esta medida, la subida de un 0,5%, que se consolidará en su nómina, supondrá también una 'paguilla' de unos 180 euros de media a los funcionarios de todo el país correspondientes al año anterior y el mes de enero de este año, los llamados atrasos. Finalmente, el incremento del sueldo de los empleados públicos en 2023 habrá llegado hasta el 3,5%, el mismo porcentaje que en 2022. Es decir, un total del 7% en los dos últimos años, que no palian la subida de la inflación, pero al menos la aminoran en cierta medida.