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En el ajetreado pasado pleno del Ayuntamiento de Málaga, el último ordinario del curso político, salieron adelante dos iniciativas por parte del PSOE y Ciudadanos para acorralar a Juan Cassá. De las dos, la naranja para bajarle los emolumentos en la Casona se aprobó, con los votos en contra del PP y del propio interesado, pero su recorrido necesita de la aquiescencia del equipo de gobierno, que debe aprobarlo antes en la junta de gobierno local. Pero la iniciativa del PSOE, en la que se le declara tránsfuga, que es una voluntad política del pleno de la ciudad, y que la Secretaría General mandase el acuerdo a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo debía tener un cumplimiento preciso porque una vez obtenido el acuerdo en las actas, la Secretaría General debe hacer lo propio por voluntad expresa de la Corporación. Y aunque deberá hacerlo, el portavoz socialista, Dani Pérez, y su grupo municipal han sido más rápidos, ya que una vez obtenida el acta del pleno, que debe rubricar la propia Secretaría General (para dar fe), ha elevado, tal y como informaban esta mañana, el acuerdo a la comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. Un acuerdo, que salió adelante pese a los votos en contra del PP y de Juan Cassá, es decir por un exiguo 16 a 15 votos, pero los suficientes para fraguar la mayoría absoluta con la que gobierna el alcalde Francisco de la Torre, esta vez en su contra.
Los socialistas, como han informado esta mañana, trasladan el acuerdo a la comisión nacional para que evalúe la situación, «mientras que pasan los días y aún no se conoce la letra pequeña del acuerdo al que han llegado con él tanto el alcalde, Francisco de la Torre, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo», como manifestaba el portavoz socialista, Dani Pérez.
Pérez, que viene siendo muy crítico con el edil exnaranja en los últimos tiempos, aunque durante varios meses no quiso pronunciarse sobre el mismo cuando se le preguntaba, ni a favor ni en contra, entiende que el acuerdo que han fraguado De la Torre, Bendodo, Salado y Cassá, «ha creado una situación de inestabilidad en el Ayuntamiento de Málaga, que ha saltado a los medios nacionales instando a la propia líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a convocar el Pacto Antitransfuguismo para abordar esta situación». También se hacía eco de las declaraciones del portavoz naranja Edmundo Bal, que no se podía premiar a los tránsfugas, «ya que el transfuguismo es una forma de corrupción que supone defraudar a los votantes y tan corrupto es el que se deja comprar como el que compra al tránsfuga». El PSOE pone el acento en que el PP ha premiado a Cassá por encima incluso de su socio de gobierno, Ciudadanos en la Casona, y que el alcalde ha declarado en varias ocasiones que quería quitarle competencias a la portavoz naranja, Noelia Losada, así como que iba a renegociar el pacto de gobierno.
Además de declararle tránsfuga, uno de los puntos del acuerdo al que llegó la Corporación en pleno, en la iniciativa aprobada reza lo siguiente: «El pleno del Ayuntamiento de Málaga se compromete, a través de todos los grupos con representación en este Consistorio, a aislar al concejal tránsfuga, Juan Cassá Lombardía, para que su voto no sea utilizado por el gobierno o la oposición para aprobar ninguna cuestión y para que no forme parte del gobierno municipal, mostrando la voluntad de diálogo y acuerdo para no bloquear la gobernabilidad de la ciudad y priorizar la salida de la crisis sanitaria y la recuperación económica, firmando un gran «Pacto por la Regeneración Política y Democrática». Este punto salió adelante, como todos los demás, con los votos en contra del PP y del propio afectado, Juan Cassá.
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