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Todavía no ha terminado su tramitación urbanística en Málaga y, antes incluso de dar el salto oficial, en Madrid ya han comenzado los movimientos para tumbar la torre destinada a un hotel de lujo en el dique de Levante, que requiere obligatoriamente el ... visto bueno del Consejo de Ministros. Los planes del Puerto y el Ayuntamiento llegaron hasta la presidenta del PSOE nacional y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, que ha tomado partido en contra. La exministra de Medio Ambiente ha asumido los postulados de la plataforma que rechaza la iniciativa del fondo catarí Al Alfia, en cuanto a su supuesto impacto visual sobre los hitos de la Farola y del Centro Histórico, y así se lo ha trasladado ya a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, según aseguraron diversas fuentes solventes a SUR.
Una consecuencia de estos movimientos es el giro en la posición política del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, que ha pasado de apoyar inicialmente la iniciativa portuaria a cuestionarla en fechas recientes y pedir –en línea con los planteamientos de Adelante Málaga (IU-Podemos)– una consulta ciudadana, que fue rechazada.
Las presiones desde Madrid están encaminadas también a que los socialistas voten en contra en el pleno que supondrá el visto bueno definitivo al cambio del Plan Especial, por el cual la ciudad autorizará su construcción (a falta de lo que determine el Consejo de Ministros). Aunque su voto no resultará determinante para que la aprobación salga adelante, sí tendrá una fuerte carga simbólica, de cara a los próximos movimientos del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
Este periódico intentó ayer sin éxito obtener la versión de Cristina Narbona. En cambio, fuentes cercanas a la dirigente socialista rechazaron tajantemente que esté maniobrando para que el Gobierno adopte una decisión en contra de la Torre del Puerto de Málaga. Sí admitieron que Narbona está informada sobre el proyecto y sobre la polémica que ha suscitado en la ciudad y en otros ámbitos.
Las mismas voces negaron que en el Ejecutivo exista ya una opinión contraria. El Ministerio de Transportes, que lo tendrá que tramitar a través de Puertos del Estado, no se pronunciará hasta que el expediente completo llegue a Madrid y se pueda examinar en todo su alcance. La propuesta se evaluará únicamente conforme a criterios técnicos.
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