8M: El Covid contagia los avances en conciliación

Acaban de publicar una encuesta, con entrevistas a más de 7.000 mujeres, que revela que el 22 por ciento de las madres ha renunciado a todo o parte de su trabajo para cuidar de sus hijos durante el último año, coincidiendo con la pandemia. De ese porcentaje, la mayoría ha utilizado sus días de vacaciones para atender a los niños en las cuarentenas preventivas y un 32 por ciento ha solicitado excedencias y días sin sueldo e incluso la reducción completa de jornada, renunciando a la remuneración. Al 37 por ciento de las encuestadas les han denegado la opción de teletrabajar y un 80 por ciento aseguran haberse encargado de los hijos cuando la cuarentena ha puesto la organización doméstica patas arriba.

Baena se considera parte «de una generación de mujeres que nos sentimos engañadas». No quieren cerrar puertas a su carrera, pero tampoco a su familia: «Tenemos que demostrar que la renuncia no es una solución». Pero los datos son tozudos: el 89,7 por ciento de las madres de entre 30 y 39 años afirman que ellas se ocupan principalmente de las tareas escolares, según la última encuesta social del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que también destapa que el 60,7 por ciento de los hombres asalariados a tiempo completo asegura que son sus parejas quienes siempre o habitualmente gestionan y planifican las citas médicas de los hijos pese a que la brecha salarial lleva años cosiéndose: el 42 por ciento de las mujeres de 30 a 60 años sostiene que aportan los mismos o más ingresos que sus parejas.

«Desde que comenzó el confinamiento –explican desde Malasmadres–, vimos que las madres estaban absolutamente desbordadas, sin apoyo». El club se rebela contra la renuncia como única solución a las dificultades de conciliación: «Creemos que ha llegado el momento de asumir esto como un problema de toda la sociedad, y por supuesto también de los partidos y las instituciones». Por eso reclaman un pacto de Estado, petición a la que se suman diferentes asociaciones y colectivos: «La pandemia ha puesto de manifiesto la falta estructuras de apoyo a la familia. Hay que apostar por un modelo social más sostenible, igualitario y corresponsable. Hay una crisis global de los cuidados que permanece invisibilizada a costa del salario, el desarrollo laboral y la salud mental de las madres. Tiene que haber leyes que sean palanca de cambio para que esta realidad sea distinta».

Que la pandemia ha terminado por contagiar también esos avances en el campo de la conciliación se aprecia en otras cifras igualmente contundentes. Un informe reciente de UGT Málaga, publicado con motivo del Día Internacional de la Brecha Salarial, confirma que en el caso de las mujeres con menores a su cargo, más del 66 por ciento se vieron obligadas a quedarse en el hogar para asumir los cuidados no sólo de sus hijos, sino también de personas dependientes cuya atención completa ya correspondía a ellas o que por el cierre de centros de día se vieron obligados a quedarse en casa para evitar contagios.

La situación ha sido aún más complicada en el caso de mujeres solas y sin lazos familiares a los que recurrir, aunque también en el seno de una relación de pareja han sido muchos los casos en los que se ha dado por hecho que el cuidado correría a cuenta de la mujer. Es en ese contexto de la negociación de la renuncia donde más se ha visibilizado esa desigualdad entre ellos y ellas.

«Es muy duro tener que renunciar a un trabajo que te gusta y que te mantiene; habría que buscar soluciones alternativas para no tener que dejar de lado esa cota de derechos y libertad». La reflexión la pone sobre la mesa la empresaria Paz Hurtado, presidenta ejecutiva de Hutesa Agroalimentaria S.A, quien conoce por la experiencia de su compañía, donde el 65 por ciento de la plantilla son mujeres, las dificultades a las que ellas se enfrentan para que todo encaje en el hogar y el trabajo. En este escenario complejo, la empresaria tiene claro que para que esa negociación con la pareja se haga «en igualdad de condiciones» se tiene que partir de «situaciones similares»: «Así es como se llega a los acuerdos, porque si la pareja está al mismo nivel la fuerza a la hora de pactar es otra. Conciliar implica ceder, pero ceder por las dos partes. Eso sí –añade Hurtado–, si estamos partiendo de desigualdades retributivas, la solución es que la mujer renuncie y se quede en casa. Y eso es lo que hay que evitar para no dar pasos atrás». Para avanzar en esa línea, la empresaria insiste en la necesidad de que las mujeres sean capaces de «decidir en igualdad de condiciones. Y eso se consigue con trabajo, con formación, con autoestima y, sobre todo, con determinación. Eso llevará a una mayor cualificación, a una mayor retribución y, por lo tanto, a la independencia».

Esa negociación se planteó en casa de Fina Pérez, de 41 años, justo en el momento en que la desescalada comenzó y hubo que elegir quién se haría cargo del pequeño de la familia, de cuatro años. Administrativa de formación, su empleo fijo durante más de una década en la firma de cosmética de un gran centro comercial le aportaba la independencia necesaria para «disfrutar del trabajo, desconectar de casa y despejarme con mis clientas. Me encantaba», admite Fina, cuyo turno de doce de la mañana a nueve de la noche –con una hora para comer– se convirtió de repente en un muro insalvable cuando llegó el momento del fin del ERTE de tres meses y la incorporación. Ni siquiera la reducción de jornada que le habían concedido para el cuidado de su hijo era suficiente para lograr la conciliación en casa. «Mi marido es ingeniero informático y ya desde antes de la pandemia se podía permitir el teletrabajo, pero mi sueldo es menor que el suyo y decidimos que la que se quedaba en casa era yo. Lógicamente, si hubiéramos ganado lo mismo, habríamos negociado», confirma Fina, que llegó a un acuerdo con la empresa en el marco del plan 'MeCuida' –aprobado por Real Decreto el pasado 17 de marzo– para reducir su jornada al cien por cien. «Ahora estoy de baja porque me he quedado embarazada y al principio fui de alto riesgo, pero no dejo de pensar en qué voy a hacer cuando tenga que incorporarme de nuevo», explica.

Insaf Boulaala, de 42 años, pudo hacerlo el pasado mes de septiembre después de renunciar durante seis meses a un trabajo que le «encanta» y que era, además, el único sustento que llegaba a su casa porque su marido, comerciante autónomo, se quedó sin empleo por la pandemia. Nacida en Marruecos, su labor como técnico de integración en la Asociación Marroquí se convirtió en algo «imposible de asumir» con la llegada del estado de alarma: «Tenemos tres hijos (11, 8 y 3 años) y había que atenderlos todo el día entre clases, deberes, baños... Ni siquiera dedicándonos los dos a las tareas de los niños y de la casa dábamos abasto. Además, en un piso pequeño, encontrar un espacio para teletrabajar y concentrarme era imposible», recuerda Insaf, a quien la vuelta presencial a las clases le dio el pasaporte necesario para regresar a su trabajo y recuperar el único sueldo que entra, por ahora, en casa.

Más allá de la obligación de cuidar a los hijos, la pandemia ha puesto sobre el tapete otra realidad que lastra las posibilidades reales de conciliación, ya que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el grupo más vulnerable a que se complique el pronóstico de la enfermedad. Y su cuidado sigue recayendo en las mujeres. «Muchas han sacado a sus padres de residencias por miedo a que se contagiaran», cuenta Angie Moreno, gerente de la Fundación Harena, que desde hace más de una década combate la soledad de los más de 70.000 mayores que viven sin ningún tipo de compañía en Málaga: «Muchas mujeres se han llevado a sus padres a casa. Con la pandemia se han multiplicado sus tareas, son pluriempleadas». Y es una responsabilidad que no da tregua: «Conocemos mujeres de ochenta años que, aunque estén enfermas, siguen haciendo la comida para toda la familia. Y todavía sacan tiempo para hacer la compra los sábados. Es un trabajo que no tiene edad de jubilación ni descansos». Porque la crisis ha vuelto a evidenciar «el papel increíble de las abuelas». Sin ellas, las familias a menudo entran en colapso logístico. Por eso muchas continúan al cuidado de sus nietos, poniendo en riesgo su propia salud.

Pero la complejidad de la conciliación es sólo una arista del prisma de la desigualdad entre hombres y mujeres. A esos problemas asociados de la brecha salarial, el mayor índice de paro en la población femenina –hoy, en Málaga, el 58,8 por ciento del desempleo tiene rostro de mujer– o la mayor inestabilidad en los contratos que firman ellas, se suma otra lacra que no ha dado tregua ni en los meses más duros del confinamiento: la violencia de género.

Como millones de españoles, María y Juan –nombres ficticios pero historia real– estuvieron más de un mes sin salir de su piso en un municipio de Málaga. Él teletrabajaba. Ella se preparaba unas oposiciones. Se habían conocido tres años antes y llevaban nueve meses casados. El confinamiento podría haber servido como una segunda luna de miel, pero fue el detonante para un nuevo estallido de violencia. Sucedió en abril del año pasado. Tras una discusión, Juan entró en el dormitorio donde estaba María y lanzó un cuadro. Luego rompió sus apuntes y la golpeó en la cabeza antes de marcharse. Ella llamó a su psicóloga, que le abrió los ojos con una pregunta: «¿Qué crees que va a ocurrir cuando vuelva a casa?». Todas las respuestas le produjeron terror. La siguiente llamada fue a la Guardia Civil. Lo denunció y el juzgado dictó una orden de alejamiento. No lo ha vuelto a ver.

Las atenciones a víctimas de violencia machista se han triplicado en Málaga durante la pandemia, según datos recientes aportados por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). La mayoría de estas mujeres son nuevas usuarias, dato que da la medida de esa otra pandemia silenciosa que se libra de puertas adentro y a la que pone voz Flor de Torres, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Andalucía. «Durante el confinamiento estas víctimas se han enfrentado no sólo al Covid, sino al terror en sus casas. Son consideradas macrovíctimas, porque además han tenido pocas posibilidades de asistencia externa para salvarse». La fiscal pone negro sobre blanco sobre cuál ha ido la realidad de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en este último año marcado por el coronavirus: «En lo más duro de la pandemia, y a pesar de que los juzgados funcionaban de guardia, hubo un descenso estrepitoso de denuncias; calculo que un 50 por ciento, pero con la descongelación de los plazos procesales hubo un repunte importante». Ese 'efecto rebote' ha compensado en parte la caída de denuncias durante el encierro, pero aun así, en términos globales, «las cifras hablan de un descenso del 12 por ciento con respecto al año 2019», confirma De Torres, convencida de que es más necesario que nunca el trabajo en red para que vayan aflorando los «delitos invisibles» de la violencia de género: «La mayoría de los que se denuncian están relacionados con la agresión física, pero queda otro grupo enorme: el maltrato psicológico, la normalización del lenguaje o actitudes machistas», enumera.

La lucha contra todos ellos está en la base del acto que tendrá lugar mañana lunes, a partir de las seis de la tarde, en el Parque de Málaga con la celebración de un baile feminista convocado por la Plataforma 8 de Marzo Málaga. «El acto se ha hecho con todo el cuidado y todo el respeto por las medidas de seguridad», confirma Andrea Barbotta, una de las portavoces de este colectivo en defensa de la igualdad que también se ha dado de bruces, en el último año, con esa realidad que amenaza con 'desescalar' lo avanzado en materia de conciliación y cuidados: «Al final la casa es una empresa donde hay muchos técnicos, pero la que coordina todo sigue siendo la mujer. Los hombres se desentienden y, en pandemia, la situación ha ido a peor».