Un convenio dará impulso y visibilidad a la mediación en conflictos de consumidores

Convertida ya en una herramienta imprescindible para solucionar conflictos más allá del ámbito judicial, la mediación representa en el sector del consumo uno de los recursos más eficaces. Esta fórmula de acuerdo entre las partes se aplica en las Juntas Arbitrales de Consumo, cuyas resoluciones y gestiones permiten que los asuntos no colapsen los juzgados y, además, llegar a acuerdos más satisfactorios entre el consumidor y la empresa.

En este contexto, esta mañana se ha firmado en el Ayuntamiento de Málaga un convenio a varias bandas entre el Ministerio de Consumo, la consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga para impulsar y dar visibilidad entre los ciudadanos a esta herramienta que acumula años de trayectoria (en el caso de la Junta, desde 1993; el Ayuntamiento desde 1995 y la Diputación desde 2001). El acuerdo ha reunido en el salón de los Espejos al ministro Alberto Garzón; el consejero Jesús Aguirre; la vicepresidenta Natacha Rivas y el alcalde Francisco de la Torre.

«Me siento muy satisfecho por renovar estos convenios porque el consumo no es una actividad neutra, sino que implica una relación entre diferentes y además vertebra nuestros barrios, nuestras ciudades y nuestros pueblos. Y es en este contexto, y en las prácticas irregulares, donde la administración tiene que entrar a proteger a las personas«, ha destacado en su intervención el ministro Garzón, quien ha admitido que desde su ministerio »sólo podemos tener buenas palabras para las autoridades que hay reunidas aquí en materia de consumo«. En este sentido, Garzón ha valorado »el trabajo en equipo«, una realidad que ha querido destacar »precisamente por los momentos de crispación política que vivimos«.

Además, el ministro de Consumo se ha referido a la importancia de estas Juntas de Arbitraje, cuyos laudos no pueden ser revisados por ningún órgano judicial al tener los mismos efectos que una sentencia, «para no colapsar los juzgados y para proteger a las personas vulnerables». Entre ellas, Garzón ha hecho referencia a las personas «que viven en los pueblos y que no tienen acceso a una sucursal bancaria o a las personas mayores que no entienden contratos y servicios básicos». «Sin embargo -ha destacado- todos nosotros podemos convertirnos en un determinado momento en personas vulnerables en materia de consumo».

En la misma línea, el consejero Aguirre ha recordado que en el caso de este servicio regional hay adheridas más de 5.000 empresas y que las juntas de arbitraje «son la forma más efectiva de llegar a acuerdos entre las partes». Además, ha recordado que es un servicio gratuito y «al servicio de la población».

Por su parte, la vicepresidenta cuarta de Diputación, Natacha Rivas, ha avanzado que en lo que va de año el servicio de ámbito provincial «ha registrado 100 solicitudes de mediación» y se ha ratificado en la apuesta por esta fórmula ya que «pone en el centro a los consumidores y a las personas».

El alcalde de Málaga, por último, ha recordado que la Junta de Arbitraje del Ayuntamiento tiene adscritas más de 3.500 empresas y que ha resuelto desde que comenzó a funcionar más de 9.000 asuntos y más de la mitad de ellos «con la razón para el consumidor». «Desde nuestra competencia municipal, es una satisfacción contar con este servicio», ha concluido el primer edil.

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