¿Quién controla lo que comemos en Málaga?

Esta plantilla, que se ampliará en breve con dos nuevas incorporaciones gracias a un concurso de empleo público, asume un amplio catálogo de atribuciones vinculadas a ese control sanitario de la distribución en destino, es decir, a lo que llega a la mesa del ciudadano a través de alguna de estas 15.000 empresas alimentarias que existen en la capital.

Eso incluye, entre otros servicios, el control de los alimentos desde la elaboración, distribución, transporte y venta al consumidor; la toma de muestras de los alimentos para comprobar su inocuidad; la validación y verificación de los sistemas de autocontrol en esos establecimientos e industrias, la gestión de las alertas sanitarias o la tramitación de los expedientes administrativos, cierres cautelares, paralización de actividades e inmovilización de alimentos que no sean aptos para el consumo. Esa labor de control se realiza de manera aleatoria, es decir, con inspecciones sorpresa en los establecimientos e industrias, que tienen la obligación de cumplir, en todos los casos, con un sistema de autocontrol sanitario.

Los inspectores municipales son, por tanto, una parte fundamental en el complejo sistema de vigilancia sanitaria, cuya responsabilidad se reparten la administración local y la autonómica. En este punto, cabe recordar que el caso del Ayuntamiento de Málaga representa una excepción –junto con el de Sevilla y el de Granada– en materia de competencias, ya que en el resto de las provincias andaluzas es la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía la que asume todo el control de la seguridad alimentaria y sin embargo en esos tres ayuntamientos hay una parte muy importante de esa labor delegada a la administración local.

Y es precisamente ahí donde se ha producido el último desencuentro político entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El debate lo abría hace unos días el jefe del ejecutivo autonómico al sostener que «no tiene ningún sentido la bicefalia con los ayuntamientos en materia de salud pública» y sugiriendo, por tanto, la posibilidad de que todas las competencias en manos de los ayuntamientos vuelvan al mando único de la Junta. De la Torre, por su parte, contestaba que no tenía inconveniente «en que fuera así, si se diera el caso» pero que su teoría es «justamente la contraria en términos generales», insistiendo también en este caso en su apuesta generalizada por avanzar en una descentralización cada vez mayor. «Lo que pueda hacer un ayuntamiento, hágalo el ayuntamiento y no la región; lo que pueda hacer una comunidad autónoma, hágalo la comunidad autónoma y no el estado», justificaba el regidor tras referirse también al hecho de que el Ayuntamiento de Sevilla «firmó que aceptaba esas competencias» pero que en el caso de Málaga «no se llegó a firmar (con la Junta) un documento equivalente».

Así lo confirma también a este periódico la concejala responsable del Área de Comercio, Elisa Pérez de Siles, quien avanza que en el caso de Málaga esas atribuciones se enmarcan en un decreto ley publicado por la Junta en el año 2014 y no en un convenio específico. «El cumplimiento de nuestras funciones nunca ha sido un problema y las asumimos de buen grado; el problema está en que cumplimos con otras competencias que no nos corresponden por la dejación de funciones de la Junta», añade la edil poniendo el foco en esas «otras competencias» que se han convertido en objeto de la queja municipal e incluso de «varias cartas que el alcalde ha enviado al gobierno autonómico»: Pérez de Siles se refiere, en concreto, al hecho de que «el control previo a la distribución, esto es, el que se realiza en mataderos y salas de despiece, quedaría fuera de las competencias municipales». Y sin embargo, añade, ese trabajo «lo asumen nuestros inspectores».

En efecto, el Ayuntamiento ejerce la inspección y el control sanitario en dos de los tres mataderos que existen en el término municipal de Málaga: Uvesa (de aves) y Matadero Málaga (dedicado al bovino, caprino y ovino), que cuentan con un inspector veterinario municipal cada uno para controlar los procesos ya que hay que tener en cuenta que en el caso de Matadero Málaga se inspeccionan el cien por cien de las unidades que se sacrifican (con las aves no es necesario controlar el cien por cien, pero sí una presencia física en el proceso). La excepción la representa el tercer matadero de la capital, Famadesa, cuyo control oficial corresponde a los veterinarios adscritos a la Junta de Andalucía.

Las afirmaciones de Pérez de Siles en el capítulo de los mataderos no son compartidas, sin embargo, por la Junta: «Las inspecciones en los mataderos corresponden a los ayuntamientos que son una excepción en el marco general, es decir, a los de Málaga, Sevilla y Granada. Otra cosa es que haya una inhibición oficial de esas competencias y las asuma la Junta», sostienen fuentes de la Consejería de Salud en declaraciones a SUR.

En este contexto, esas mismas fuentes dibujan los márgenes de las atribuciones que tiene el gobierno autonómico en materia de protección sanitaria en Málaga: «Nuestra labor primordial, además de la planificación que también compartimos con otras instituciones como ayuntamientos, es la de la vigilancia, es decir, detectar dónde hay un problema». En esencia, esta labor está estrechamente vinculada al «área hospitalaria y de atención primaria», de modo que si existen determinados brotes de una enfermedad y asociación de casos en varios puntos del mapa se notifica a la autoridad competente, que en el caso de Málaga, según esas fuentes, también es el Ayuntamiento: «Ellos son los encargados de gestionar la alerta sanitaria», zanjan.

Sobre los medios humanos y técnicos con los que cuenta la Consejería de Salud en Málaga para cumplir con esa parte de las competencias autonómicas, existe un grupo de ocho farmacéuticos y nueve veterinarios que se encargan, entre otros trabajos, del registro y de la vigilancia; además de los controles habituales que asume la Junta en el caso del matadero de Famadesa.