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El bloqueo político que pesaba sobre el futuro de los terrenos de Repsol se salvó el pasado diciembre con el acuerdo que alcanzaron PP y Ciudadanos, pero lo que aún no está despejado es el horizonte para que el gran parque y los cuatro rascacielos previstos sean una realidad. Al margen de la viabilidad económica de la actuación, una de las principales incertidumbres que planean sobre el proyecto tiene que ver con la considerable presencia de restos de hidrocarburos en los terrenos de los antiguos depósitos, que obligan a realizar una nueva depuración del subsuelo antes de darle cualquier tipo de uso. El exhaustivo estudio que el año pasado realizó la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), como propietaria de un tercio de los derechos de edificabilidad de la finca (el resto pertenece al Ayuntamiento), determinó que el grado de contaminación es “alto”. Los detalles de estos análisis fueron entregados al Ayuntamiento el pasado noviembre, pero se han mantenido a buen recaudo y no ha sido hasta ahora cuando algunos de ellos han salido a la luz. Y ha sido de la mano de Málaga Ahora, que ha tenido acceso al mismo junto al catedrático de Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Quesada. Según el informe elaborado por este experto, no sólo se detectan altos índices de hidrocarburos en algunos puntos del subsuelo, sino también en el acuífero subterráneo. Tal y como refleja el documento, en 16 de las 40 catas se superan los 50 miligramos (mg) de hidrocarburos por kilo de tierra, encontrándose los valores más altos entre los 3 y los 5 metros de profundidad con seis muestras que superan los 1.000 mg, de las que 3 rebasan los 5.000 y el máximo encontrado alcanza los 12.000. En cuanto al agua, en cinco de los nuevo piezómetros colocados los niveles superan el valor de referencia de 1 mg por litro, registrándose cifras que oscilan entre los 1,3 y los 130.
Con estos datos en la mano, Quesada no sólo advierte de la necesidad de elaborar un análisis cuantitativo de riesgos en función de los usos previstos sobre la parcela, sino que también pone el acento en que la actuación en suelo profundo para los cimientos de las torres de viviendas y oficinas “podría hacer que contaminantes que estén más o menos inmovilizados en el suelo entren en contacto con el freático contribuyendo a un nuevo episodio de contaminación”.
A tenor de estas conclusiones, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, considera que la opción más viable sería destinar toda la parcela a un gran bosque urbano y depurar el suelo mediante la fitorremediación, es decir, mediante el uso de plantas. “Este informe demuestra que teníamos razón cuando, al realizar nuestros propios análisis, advertíamos de que los suelos están altamente contaminados y preveíamos de posibles filtraciones en los acuíferos”, ha destacado Torralbo, quien respecto a los futuros usos ha remarcado que “cuando se habla de descontaminación, la normativa no establece los mismos requisitos para un parque que para un rascacielos”. En este sentido, la edil ha recordado que antes de aprobarse el proyecto de urbanización de la finca es necesario incorporar al expediente el proyecto de descontaminación, por lo que, a su juicio, “hay pocas posibilidades de que estos suelos puedan desarrollarse en los próximos años”.
En este sentido, cabe reseñar que el propio Ayuntamiento ha ampliado el estudio sobre el nivel de contaminación de los terrenos que realizó la Sareb para poder determinar el tipo de actuación que habría que realizar en función del uso y valorar su coste, como paso previo para avanzar hacia el proyecto de urbanización. Aunque en 2002 ya se hizo una descontaminación tras el desmantelamiento de los tanques que fue verificada por la Junta de Andalucía certificando que los suelos eran aptos para uso residencial, equipamiento y espacios libres, la normativa actual es más exigente.
La recuperación ambiental es un paso que forma parte del proyecto de urbanización de la finca. A partir de ahí, el expediente tendrá que ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, someterlo a información pública y al visto bueno de las consejerías de Medio Ambiente y de Cultura, antes de pasar por el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo y sacar a concurso su ejecución. Pese a las complicaciones surgidas, en el equipo de gobierno mantienen su intención de que los trabajos puedan licitarse antes de que expire este mandato, a mediados de 2019.
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