El frenazo en la bajada de contagios deja en el aire la reapertura de las provincias en Semana Santa

El riesgo de una cuarta ola de la pandemia por coronavirus amenaza la desescalada de las restricciones impuestas en Andalucía. La Junta mantiene sobre la mesa la posibilidad de abrir la movilidad entre provincias en Semana Santa, en concreto desde el 26 de marzo, Viernes de Dolores, como adelantó ayer el vicepresidente Juan Marín. Pero el equipo que preside Juanma Moreno no quiere dar pasos en falso que podrían precipitar un nuevo estallido de contagios. Por eso el consejero de Salud, Jesús Aguirre, enfrió las expectativas hinchadas por Marín pese a que la curva de la enfermedad lleva semanas en descenso: «Está estable, pero atravesamos una fase de meseta. Después, si no cumplimos las normas de distancia y uso de mascarilla, podemos entrar en una cuarta ola».

Andalucía presenta una incidencia acumulada de 126 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días, por debajo de la media española (139) pero aún lejos de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que considera que la pandemia está controlada cuando esta tasa baja de los 50 puntos. Aguirre reconoce que la tercera ola «ha bajado de una forma importante en las últimas semanas», pero advierte de que el porcentaje de población vacunada «aún es muy bajo», apenas del tres por ciento, e insiste en que la capacidad de reproducción del virus ha aumentado en los últimos días. Este incremento, que los expertos asocian a los efectos de la cepa británica, más contagiosa, provoca que la región se encuentre «en una situación crítica». El consejero recuerda que «la movilidad lleva aparejada la transmisión» de estas nuevas variantes del virus, por lo que el Gobierno andaluz actuará «con cautela» en la toma de decisiones. En ese escenario de prudencia, Aguirre insistió en que la Junta no anunciará hasta el 18 de marzo si permite la reapertura de la movilidad entre provincias.

En una sesión marcada por el polvorín político desatado por las mociones de censura presentadas en Murcia y Madrid y el anuncio de elecciones anticipadas en la capital, Aguirre compareció en el Parlamento andaluz entre los reproches de Vox, su socio de investidura, que acusa a la Junta de adoptar «medidas desproporcionadas» que condenan a los andaluces «a la ruina y la desesperanza» sin aportar estudios «que justifiquen» estas decisiones. El titular de Salud se aferró a las cifras de hospitalizados, por debajo de la media española pero inasumibles para afrontar una cuarta ola de la epidemia: «Que los datos no nos llamen a engaños. La curva ha bajado y está estable, pero tiene picos de subida y bajada, y en los últimos siete días se ha registrado una subida en la incidencia acumulada», uno de los principales indicadores utilizados por las administraciones para mantener o levantar restricciones.

La intervención de Aguirre en el Parlamento se produjo después de la reunión del Consejo Interterritorial, donde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron mantener los cierres perimetrales (la imposibilidad de entrar o salir de una región salvo causas justificadas) en el puente de San José y en Semana Santa. Sólo Madrid votó en contra de la batería de restricciones consensuadas por el resto de autonomías. Muchas de estas medidas ya fueron adoptadas por Andalucía hace semanas, por lo que el consejero valoró que la comunidad se encuentra «a la vanguardia» en la lucha contra el coronavirus.

El Consejo aprobó un plan que se aplicará entre el 17 y el 21 de marzo y entre el 26 de marzo y el 9 de abril, consistente en mantener los toques de queda, prohibir las reuniones en espacios privados y limitar los encuentros a un máximo de seis personas en terrazas y cuatro personas en el interior de los establecimientos. Las únicas regiones que se libran de los cierres perimetrales son Canarias y Baleares, aunque su entrada estará sujeta a la presentación de una prueba diagnóstica negativa.

Sanidad advirtió de que estas limitaciones, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE), son de obligado cumplimiento, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya en precampaña electoral, anunció que no acatará el acuerdo en lo que supone el primer pulso que una comunidad mantiene con la ministra Carolina Darias. Pese a estar presididas por el PP, la postura de la Comunidad de Madrid contrasta con la petición de la Junta de Andalucía, que desde hace semanas reclama «una estrategia única».