Los constructores advierten de la «inseguridad» que genera la anulación del metro al Civil

Los constructores malagueños advirtieron ayer de la «inseguridad jurídica» y la «inestabilidad» que genera a las empresas del sector la decisión del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía de frenar la licitación de las obras del metro en superficie desde El Corte Inglés hasta el Hospital Civil. No están en contra de que se apueste por llevar el suburbano hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), pero sí de que sea a costa de paralizar otro tramo. «Siempre defendemos que los acuerdos o proyectos comprometidos y acordados se lleven adelante», apuntó la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón, quien consideró que «una marcha atrás de una infraestructura nunca es una buena noticia».

«Con eso no queremos decir que no nos parezca positivo el anuncio que se ha hecho sobre el impulso al PTA, que es algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, pero entendemos que no debe ser una obra por otra, ya que ambas son extremadamente importantes», afirmó la representante de la patronal de los constructores en la provincia.

En este sentido, también remarcó que la prolongación de la línea de Teatinos hasta el PTA es «una prioridad», pero «sin que se olviden todos los compromisos del metro». Por ello, subrayó que la paralización de una obra ya licitada «genera inestabilidad» en las empresas que han concurrido al concurso público, lo que conlleva de forma paralela «no sólo un desgaste de personal», sino también una inversión para poder presentar una oferta y aspirar al contrato. «Una obra anulada supone gastos perdidos», destacó Aragón. Abundando en esta cuestión, la representante de los constructores insistió en la idea de que en el ámbito de las infraestructuras debe aplicarse una estrategia «a largo plazo». «No se pueden tomar decisiones de un día para otro ni para hacer obras ni para dejar de hacerlas», avisó.

Del mismo modo, la presidenta del Grupo de Contratistas de la ACP, María García, también apeló a la «necesaria seguridad jurídica». «No se puede decir que se hace una obra y mañana que no», advirtió García, quien instó al Gobierno andaluz a «negociar» con la concesionaria del metro porque «hay un compromiso económico con la empresa».