Los trámites finales para permitir, al menos por la parte municipal, que la Torre del Puerto pueda llegar a ser una realidad, están enquistados por la diferencia de criterio entre el Ayuntamiento y Puertos del Estado acerca de la tramitación de la aprobación definitiva del proyecto. Mientras que el ente dependiente del Ministerio de Transportes exige que la aprobación definitiva se publique en el boletín oficial antes de elevarla al Consejo de Ministros para su visto bueno definitivo, la Gerencia de Urbanismo cree que debería ser al revés: primero ir al Consejo y después publicarlo.
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Ante esta situación de bloqueo burocrático, el alcalde, Francisco de la Torre, ha pedido a Gerencia, a la Secretaría General del Ayuntamiento y a la Asesoría Jurídica que estudien todas las soluciones legales para acabar con las discrepancias y poder darle el visto bueno definitivo cuanto antes a la modificación de elementos del Plan Especial. «Estamos teniendo reuniones con la Secretaría General y la Asesoría Jurídica para ver qué opciones hay antes de enviarlo a pleno», reconoce el concejal de Urbanismo, Raúl López.
La opción que gana más enteros es acudir a la asistencia de un órgano externo que pueda asesorar a nivel jurídico y urbanístico, y en concreto se plantea elevar una consulta al Consejo Consultivo, siempre y cuando los juristas municipales y de la Secretaría lo consideren oportuno. «Cualquier proyecto tendrá una absoluta seguridad jurídica, no podemos estar con vaivenes, se están analizando todas las opciones y hemos dado unos días porque hay que buscar una solución, el proyecto tiene que continuar», sentencia el edil.
«El proyecto tiene el máximo apoyo del Ayuntamiento, con todas las garantías jurídicas, tengo esperanza en encontrar una solución frente al planteamiento que ha hecho Puertos del Estado, para que se busque la solución legal que acomode el proyecto al planeamiento en su etapa final». Y es que, en este momento, sólo queda la aprobación definitiva y, en su caso, la publicación para que el expediente salga del Ayuntamiento y pase a Puertos del Estado, para que lo eleve al Consejo de Ministros. «La voluntad política está, pero falta un dictamen técnico-jurídico que diga si se puede hacer y como hacerlo, y qué consecuencias tiene para la tramitación, buscando la unificación de criterios. Lo que no queremos es que nadie ponga un recurso y paralice el proyecto».
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