
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Dos cuestiones se han cruzado en el tramo final del camino emprendido hace más de tres años por la Autoridad Portuaria para encajar en ... el plan urbanístico del recinto portuario el proyecto para construir un hotel de 27 plantas en la plataforma del dique de Levante. Por un lado, el anuncio del Ministerio de Cultura de elaborar un expediente informativo para valorar un posible «expolio» respecto a los valores patrimoniales del Centro Histórico de Málaga, para lo que una delegación de este departamento estatal visitó la ciudad el pasado martes. Y, por otro, el conflicto jurídico suscitado entre el Ayuntamiento y Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, en relación al momento en que debe pronunciarse sobre esta actuación el Consejo de Ministros, que tiene la última palabra para hacer viable o no el hotel. En concreto, debe decidir si, en este caso, levanta o no la prohibición genérica de los usos hoteleros en terrenos de dominio público portuario.
Como ya avanzó este periódico (ver SUR 22/5/2021), Puertos del Estado remitió a la Gerencia Municipal de Urbanismo un escrito en el que discrepa de la hoja de ruta que había trazado el Consistorio para la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial del Puerto destinada a hacer viable esta actuación.
En concreto, el Ayuntamiento ha planteado hasta ahora que, una vez que la citada modificación del plan portuario fuera aprobada de forma definitiva por el pleno municipal, su entrada en vigor –con la publicación en el boletín oficial correspondiente– quedaba supeditada a que, previamente, se obtuviera la autorización en firme del Consejo de Ministros.
En cambio, Puertos del Estado rechaza esta fórmula y argumenta que el dictamen del Consejo de Ministros respecto al hotel se producirá cuando esté plenamente vigente el planeamiento urbanístico que haga posible su construcción, es decir, cuando la modificación del plan especial no solo haya sido aprobada definitivamente por el pleno, sino también publicada por el Ayuntamiento para activar con ello su entrada en vigor. Así, desde este departamento de Transportes se rechaza que el Consistorio haya puesto como condición para que se haga efectiva la modificación del Plan Especial del Puerto que, previamente, el Consejo de Ministros se pronuncie a favor de autorizar el uso hotelero.
Según ha podido conocer este periódico, esta discusión jurídica ha sido objeto de una reunión entre los abogados municipales y los de Puerto del Estado, sin que por el momento haya un acuerdo al respecto. Así, no está claro qué va a pasar cuando, previsiblemente, el pleno municipal dé la aprobación definitiva al proyecto en las próximas semanas –para lo que todavía falta un informe previo de Puertos del Estado, solicitado por la Autoridad Portuaria–, y toque elevarlo al Consejo de Ministros.
El asunto está por ahora enquistado ya que, según apuntaron a este periódico fuentes de Puertos del Estado, sus abogados se mantienen en sus mismas posiciones tras el encuentro con la asesoría jurídica municipal. «Puertos del Estado mantiene la misma postura, basada en la legislación vigente», señalaron desde este organismo estatal. «De acuerdo con el artículo 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Consejo de Ministros sólo podrá levantar la prohibición para las instalaciones hoteleras en dominio público portuario si la construcción de dichas instalaciones previamente se acomoda al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o instrumento equivalente. Por tanto, dicho plan especial debe ser aprobado previamente y estar vigente al tiempo del dictado del Consejo de Ministros«, explicaron.
En cambio, los letrados del Ayuntamiento sostienen que el municipio no puede hacer que entre en vigor un cambio en el plan del puerto que supone introducir un uso que actualmente está prohibido en todo suelo portuario.
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