Carlos Conde sí sabe/no contesta sobre si subirán más impuestos en Málaga

Tan enfrascados estaban los dos, uno en defender la baja fiscalidad del Ayuntamiento de Málaga comparándolo con el de Barcelona, y la segunda, en sacar pecho de la política del Gobierno de España en toda su extensión, que la comparecencia quedó en un toma y daca con apenas nada que aportar. Pero Carlos Conde sí sabía, pero no contestaba.

Empezaba la socialista diciéndole, en la comparecencia que le solicitaba al popular Conde, que la subida de impuestos de Paco de la Torre había sido «un atropello y un fraude» porque el alcalde de Málaga se comprometió a no subir los impuestos en campaña y que en menos de 100 días ya se había dejado caer con el tarifazo del agua, que era muy poco acertado y que no había pasado por el consejo de administración de Emasa, lo que era «una falta de respeto institucional y democrática» a los concejales que forman parte de este consejo (de todos los grupos políticos del Ayuntamiento). Explicaba que iba a afectar al bolsillo de los malagueños, y que el actual era un «gobierno insensible» con los ciudadanos. Se quejaba del «tarifazo del agua, una subida del 42%», la subida del SARE, la primera media hora de 30 a 50 céntimos, y el incremento en los servicios funerarios de Parcemasa, así como la tasa de basuras, que está por llegar en 2025, y preguntaba acerca de los impuestos que iban a aumentar a lo largo del mandato.

Contestaba Conde saliendo por la tangente y criticando el canon del agua de la Junta socialista, explicando que cuando gobierna el PSOE subían los impuestos de forma desorbitada. Argumentaba que Málaga tenía de una de las fiscalidades absolutas más bajas de España, 518,23 euros en Málaga frente a 908,96 en Barcelona; y que el IBI medio sólo había crecido en Málaga de 307 en 2013 a 308 en 2023, que la anterior norma SARE era incongruente porque una hora costaba un euro por lo que lo normal sería que media fuese 50 céntimos. Explicaba que iban a bajar el IBI de las familias numerosas (que debe ser algo así como el chocolate del loro porque no dio cifras) y habría bonificaciones al ICIO e IBI de viviendas de VPO, y que volverían a bajar la plusvalía mortis causa (la propuesta ahora es reducir un 12.5% a los no convivientes), y que habría un IBI diferenciado para los sectores productivos, es decir, una clara subida a éstos. Pero, de aumentos a los ciudadanos de pie no dijo nada más.

Seguía insistiendo la socialista mientras Conde le contestaba, con un tono condescendiente, que vendrían modificaciones de ordenanzas fiscales «que ustedes votarán a favor».

Toda esta perorata para decir eufemísticamente que habrá modificaciones de ordenanzas fiscales, cuya traducción básica es subida de impuestos, pero sin dar santo ni seña. Sánchez, enfadada, le espetó que la mayoría absoluta que manejaban les llevaba a ser indisciplinados, y que eso no «significa que ustedes hagan lo que quieran».

Antes, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ya le dijo a Conde que iban a parar «el tarifazo» del agua y traía a representantes de Comisiones Obreras, Trinidad Salcedo, y de la federación Solidaridad, Felipe Caras. La intervención de éste último no gustó nada a la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, quien se quejó de que trajeran a la tribuna de los ciudadanos a candidatos de Con Málaga (Podemos e IU), que no habían obtenido un acta de concejal para sentarse en el pleno. Caras se presentaba en las elecciones como candidato independiente, activista vecinal e integrante de plataformas, como explicaban desde Con Málaga. Pérez de Siles argumentaba que estuvo debatiendo con él, como político, en varios encuentros en las elecciones municipales y ahora estaba en la tribuna de los ciudadanos, y que no le parecía correcto.

La concejala de Vox, Yolanda Gómez, tras el revolcón dialéctico que sufrió en la comisión de Derechos Sociales a cuenta de una moción del mayor «sin pies ni cabeza», como le criticaba el concejal de ramo, Paco Cantos, sí ha sacado pecho estos días gracias a otra iniciativa suya en la comisión de Economía con mejores resultados: la aprobación de una bonificación del 50% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la edificación de viviendas de protección oficial (VPO) por parte de empresas privadas. Hasta ahora, esta bonificación era sólo para empresas públicas que dependieran del Ayuntamiento.