Competencia llevará a Málaga ante los tribunales si deja el contrato de bicis y patinetes a una sola empresa

De momento, el órgano regulador ha remitido al Ayuntamiento un nuevo escrito (con fecha de entrada del pasado día 12) en el que le comunica que el Consejo de la CNMC acordó en su reunión del pasado 29 de noviembre la interposición de un recurso especial para tumbar la licitación. Para ello, recuerda que la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado le da legitimidad «para la interposición de un recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición, acto o vía de hecho que se considere contraria a la libertad de establecimiento de circulación procedente de cualquier autoridad competente».

Ante esta advertencia, la mesa de contratación de la Gerencia Municipal de Urbanismo reunida el 19 de diciembre ha decidido no mover ficha hasta que el Ayuntamiento se pronuncie sobre la continuidad o no del procedimiento de licitación.

Por si fuera poco este aviso, el asunto está aún más enrevesado por la denuncia presentada por una de las ocho empresas que optan al contrato por un supuesto caso de revelación de secreto que de momento es administrativa pero que podría acabar igualmente en los tribunales. Por lo pronto, esta impugnación ha dejado en suspenso la evaluación de las distintas ofertas, ya que ni siquiera se ha procedido a la apertura de los sobres de cada propuesta pese a que el plazo de recepción de ofertas se cerró el pasado 19 de julio.

Ante este panorama de bloqueo, el Área de Movilidad se ha visto obligado a activar un nuevo proceso de autorización provisional a empresas de alquiler de patinetes y bicis eléctricas para que la ciudad no se quede sin este servicio a partir del próximo 1 de enero de 2023, fecha en la que expiran los permisos vigentes. Seis operadores de micromovilidad han presentado la solicitud en este proceso extraordinario y urgente que conlleva una serie de cambios respecto al actual. Para empezar, en lugar de tener una validez para todo 2023, en esta ocasión el plazo de duración se deja abierto hasta que se produzca la citada concesión demanial.

Además, se reducirá considerablemente el número de vehículos desplegados. Si ahora se permite a cada empresa tener en servicio un máximo de 300 patinetes (suman 1.800), en este nueva autorización se fija un tope global de 1.350 patinetes y 350 bicis.

La tercera novedad es que, ahora sí, el Ayuntamiento exigirá a las empresas el pago de una tasa por utilizar la treintena de estacionamientos habilitados para patinetes en la ciudad. Según la ordenanza fiscal que regula la tasa de vados o la reserva de vía pública para estacionamientos, por cada metro lineal o fracción de calzada que alcance la reserva de espacio para líneas de viajeros, para carga y descarga o para otros usos y destinos habría que pagar 44,6 euros al año.