El Colegio de Arquitectos presenta un recurso judicial para frenar el proyecto del tercer hospital para Málaga

Como avanzó este periódico, el argumento del Colegio de Arquitectos para emprender esta batalla judicial contra la fórmula empleada por el Servicio Andaluz de Salud para contratar el anteproyecto del tercer hospital es que, en este tipo de servicios, la Ley de Contratos del Sector Público obliga a que los criterios de adjudicación relacionados con la calidad de la propuesta arquitectónica supongan al menos el 51% del sistema de puntuación establecido para valorar las ofertas. «En los contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas», señala la ley.

Según el Colegio de Arquitectos, esto no se cumple en este caso porque del máximo de 100 puntos previsto para evaluar las ofertas, solo 48 se destinan a valorar aspectos relacionados con la calidad del esbozo del proyecto arquitectónico, y 52 se atribuyen cuestiones que se pueden puntuar de forma automática, en base a un baremo establecido previamente. Esos 52 puntos se reparten en dos apartados: Hasta 28 podrán obtenerse en base al precio propuesto por los equipos (a menor presupuesto más puntos); y hasta 24 puntos en relación con la reducción del plazo inicial de cuatro meses para redactar el anteproyecto (a menos días para finalizarlo y entregarlo también más puntos).

Los 48 puntos relativos a la calidad del proyecto se reparten en la idoneidad funcional y la calidad del diseño (hasta 30 puntos), la accesibilidad y la integración con el entorno (8 puntos), el grado de definición (5 puntos), y la facilidad en el mantenimiento y la sostenibilidad energética del centro hospitalario planteado (5 puntos), cuestiones que serán evaluadas por la mesa de contratación con el apoyo de informes técnicos.

El Colegio de Arquitectos presentó un primer recurso administrativo contra este proceso de contratación que fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta. La administración regional ha basado ese rechazo en que considera que otorgar una mayor puntuación al equipo de arquitectos que haga el proyecto en menos tiempo supone un signo de calidad de esos profesionales, por lo que argumenta que los 24 puntos que se reservan para ese aspecto también están relacionados con la calidad que exige la ley. El tribunal dice en su respuesta que la «cualificación y experiencia» de los arquitectos que elaboren el proyecto «afecta de manera significativa a una mejor redacción del mismo, y por ende, a poder reducir en su caso los plazos de redacción sin que necesariamente se vea mermado el producto final».

Para el Colegio de Arquitectos esta respuesta no se sostiene y por ello su junta de gobierno aprobó llevar el asunto a los tribunales y solicitar al juzgado como medida cautelar que ordene la suspensión del proceso de contratación iniciado por el SAS, una opción que, de ser aceptada, supondrá un freno a la intención del Gobierno andaluz de agilizar en lo posible esta anhelada infraestructura sanitaria para Málaga.

El decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, ha asegurado que lo que se pretende es «salvaguardar intereses públicos de la ciudad de Málaga que toda institución tiene el deber de proteger: la mejor realización de la arquitectura y el urbanismo, entendidas como funciones sociales de interés público«.