Sube la tensión política provocada por el 'caso Cassá'. Ciudadanos aumenta la presión sobre el PP, su socio de gobierno en la Diputación de Málaga, exigiéndole que cumpla lo recogido en el pacto antitransfuguismo de 2006 y retire a Juan Cassá sus competencias como portavoz del equipo de gobierno y delegado de Relaciones Institucionales y su sueldo de 73.422 euros brutos anuales.
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Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz de Ciudadanos y vicepresidente primero de la institución, Juan Carlos Maldonado, durante la presentación de la moción urgente que la formación naranja llevará al pleno ordinario de este miércoles, donde se pide que el pleno muestre su apoyo y compromiso con lo recogido en el pacto antitransfuguismo que entiende por tránsfuga «a los representantes locales que, traicionando a sus compañeros de listo y/o grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes elecciones locales, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o mantener la mayoría gobernante en una entidad, o bien dificultan o hacen imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad».
En la moción se recuerda que el pacto, firmado por todos los partidos democráticos, obliga a quienes lo suscriben a «impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocalario» y añade que los partidos «se comprometen a no aceptar en sus equipos de gobierno municipal a miembros de la corporación que se hayan convertido en tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia».
Para Maldonado, la actitud de Cassá, que abandonó Ciudadanos a principios de mayo, encaja «perfectamente» en la definición de tránsfuga. Por ello, en la moción recogen un segundo punto donde piden al equipo de gobierno a convocar un pleno extraordinario para cambiar la estructura y las retribuciones de los mismos de la corporación que afectaría a la situación de Cassá.
La moción de Ciudadanos ha sido consensuada con la dirección nacional de Ciudadanos, según ha dicho Maldonado, quien preguntado sobre qué pasará con el pacto de PP y Cs en la Diputación si los populares no cumplen con la moción, ha avanzado que será la cúpula nacional del partido que preside Inés Arrimadas la que determinará el futuro de dicho acuerdo de gobierno.
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Respecto a la postura del PP en la Diputación, que defiende que Maldonado estaba al tanto de la operación para integrar a Cassá en el equipo de gobierno de la institución provincial, el portavoz de Ciudadanos afirmado que el presidente Francisco Salado «miente» cuando asegura que él fue partícipe del acuerdo con Cassá. Sí ha admitido que el popular le informó de sus intenciones y que le respondió que él no era la persona para autorizarlo y que debía hablarlo con la dirección nacional del partido.
Maldonado ha subrayado que Ciudadanos ha sido un socio «leal» desde el inicio del mandato y que la actual crisis política ha sido provocada por el PP «para neutralizar cualquier movimiento que Cassá pudiera provocar en el Ayuntamiento de la capital». «Que no tengan la poca catadura moral de decir que Ciudadanos es el partido que no aporta estabilidad; nuestra única prioridad es velar por el interés general de los malagueños», ha subrayado.
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Desde las filas populares le ha respondido su portavoz en la Diputación, Francisco Oblaré, quien ha subrayado que Juan Cassá «no es un tránsfuga sino un diputado no adscrito». La interpretación que hace el PP sobre el concepto de tránsfuga difiere de la defendida por Ciudadanos. En este sentido, Oblaré ha recordado que tránsfuga es Lucía Cuín, que salió elegida concejala por Vox en Torremolinos y abandonó su partido para apoyar la votación como alcalde de esta localidad del socialista José Ortiz.
«Cassá da estabilidad y no tiene intención de cambiar nada del pacto de gobierno. No sé si Ciudadanos quiere cambiarlo y tiene otras ideas», ha afirmado el portavoz popular, quien no cree que peligre el acuerdo de gobierno con Ciudadanos
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Francisco Oblaré ha pedido a su socio de gobierno que «deje de perder el tiempo en esas divagaciones» y que la prioridad es la puesta en marcha del Plan Málaga para la recuperación social y económica de la provincia. Además ha sostenido que Ciudadanos, quien a su juicio en los últimos tiempo va dando «muchos bandazos», debe resolver sus problemas internos «y no trasladarlos a las ciudadanía».
Por su parte, desde el PSOE el diputado y secretario de Organización, Javier Jerez, ha anunciado que mañana apoyarán la moción de Ciudadanos y ha afirmado que la postura manifestada hoy por la formación naranja confirma que hay «una crisis interna en el gobierno provincial de la Diputación provocada por el PP».
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«Salado en lugar de preocuparse por la pandemia está preocupado por sus intereses partidistas. Salado ha puesto la Diputación al servicio de los intereses del PP», ha afirmado.
Mientras que Teresa Sánchez, portavoz de Adelante, no ha querido avanzar cuál será el sentido del voto de su grupo hasta estudiar con más detenimiento la moción y ha recordado que su formación ya mostró su «descontento y estupor» con el nombramiento de Cassá porque «no es de recibo que con el dinero de los malagueños se premie» la actitud del político asturiano.
Además, Sánchez ha preguntado a Maldonado que si el PP no cumple con la moción de Ciudadanos «si va a ser coherente con la decisión y va a dejar el equipo de gobierno».
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